Chiche Santi denuncia el fin de la Ley Ovina y su impacto en la ganadería patagónica.
La reciente eliminación de la Ley Ovina (Ley N° 25.422) por decreto del Gobierno Nacional ha desatado una fuerte controversia en el sector ganadero, especialmente en la Patagonia argentina. Esta ley, que durante más de dos décadas impulsó el desarrollo de la producción ovina, el arraigo rural y la generación de empleo en zonas rurales, ha sido considerada por muchos como una herramienta fundamental para la economía regional. El diputado Carlos ‘Chiche’ Santi, de Unión por la Patria, ha sido uno de los principales críticos de esta medida, denunciando que el decreto representa el “certificado de defunción” de al menos nueve regímenes de fomento ganadero, incluyendo la Ley Ovina. Este artículo explorará en profundidad las implicaciones de esta decisión, analizando el contexto histórico de la ley, su impacto en la provincia de Santa Cruz y las consecuencias potenciales para los pequeños productores patagónicos.
Antecedentes y Objetivos de la Ley Ovina
Sancionada el 4 de abril de 2001 y reglamentada para su aplicación en todo el territorio nacional, la Ley Ovina surgió como respuesta a la crisis que atravesaba la ganadería ovina argentina a fines del siglo XX. La producción, históricamente importante para la economía de la Patagonia, había experimentado un declive significativo debido a diversos factores, incluyendo la competencia de las importaciones, la falta de inversión en tecnología y la escasez de financiamiento. La ley buscaba revertir esta situación a través de la adecuación y modernización de los sistemas productivos, con el objetivo primordial de mantener las fuentes de trabajo y fomentar la radicación rural. Su enfoque principal era proporcionar herramientas financieras y técnicas a los productores, permitiéndoles mejorar sus instalaciones, implementar prácticas de manejo más eficientes y acceder a nuevas tecnologías.
La Ley Ovina se basaba en la premisa de que la recuperación de la ganadería ovina no solo era crucial para la economía regional, sino también para el desarrollo social y ambiental de la Patagonia. Al promover el arraigo rural, la ley buscaba evitar el despoblamiento de las zonas rurales y fortalecer las comunidades locales. Además, al fomentar prácticas de manejo sostenible, la ley contribuía a la conservación de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente. La ley contemplaba diversos mecanismos de financiamiento, incluyendo créditos blandos, aportes no reintegrables y garantías para facilitar el acceso al crédito.
Impacto de la Ley Ovina en Santa Cruz
La provincia de Santa Cruz, con una superficie de 24 millones de hectáreas, ha sido una de las principales beneficiarias de la Ley Ovina. Según datos proporcionados por el diputado Santi, actualmente existen aproximadamente 600 productores en la provincia dedicados a la producción ovina, ocupando un total de 13 millones de hectáreas. El stock total de cabezas de ganado ovino en Santa Cruz ronda los 2.1 millones. La ley ha permitido a estos productores acceder a financiamiento para realizar mejoras en sus establecimientos, como la construcción de potreros, galpones y sistemas de captación de agua, así como para implementar programas de mejoramiento genético.
El impacto de la Ley Ovina en Santa Cruz se ha traducido en un aumento de la producción de lana y carne ovina, así como en la generación de empleo en las zonas rurales. La ley ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los productores y sus familias, permitiéndoles acceder a mejores servicios y oportunidades. Además, la ley ha fomentado la inversión en tecnología y la adopción de prácticas de manejo más eficientes, lo que ha contribuido a aumentar la productividad y la competitividad del sector.
La Ley Ovina también ha tenido un impacto positivo en la economía provincial en general, generando ingresos fiscales y dinamizando el comercio local. La producción ovina es una actividad económica clave para Santa Cruz, y la ley ha contribuido a fortalecer este sector y a diversificar la economía provincial. La eliminación de la ley representa, por lo tanto, un duro golpe para la economía de Santa Cruz y para los productores ovinos de la provincia.
El Decreto 408/2025 y la Disolución de los Regímenes de Fomento
El pasado decreto 408/2025 oficializó la disolución de varios regímenes de promoción, entre ellos el de la ganadería ovina establecido por la Ley 25.422. Esta medida ha sido justificada por el Gobierno Nacional como parte de una estrategia de simplificación y racionalización de las políticas públicas. Sin embargo, los críticos argumentan que la eliminación de estos regímenes de fomento tendrá consecuencias negativas para el sector ganadero y para la economía regional. El diputado Santi ha denunciado que el decreto representa un retroceso en las políticas de apoyo a la producción agropecuaria y que perjudica a los pequeños productores.
La disolución de los regímenes de fomento implica la pérdida de acceso a financiamiento para los productores, lo que dificultará la realización de inversiones y la implementación de mejoras en los establecimientos. Esto podría llevar a una disminución de la producción, a la pérdida de empleo y al despoblamiento de las zonas rurales. Además, la eliminación de estos regímenes de fomento podría afectar la competitividad del sector ganadero argentino en el mercado internacional. La medida ha generado preocupación entre los productores, quienes temen que la eliminación de la Ley Ovina ponga en riesgo la viabilidad de sus explotaciones.
El decreto 408/2025 no solo afecta a la ganadería ovina, sino también a otros sectores ganaderos que se beneficiaban de los regímenes de fomento disueltos. Según el diputado Santi, la medida representa el “certificado de defunción” de al menos nueve regímenes de fomento, lo que demuestra la magnitud del impacto de esta decisión. La eliminación de estos regímenes de fomento podría tener consecuencias negativas para la economía nacional en general, afectando la producción de alimentos, la generación de empleo y el desarrollo rural.
Reacciones y Críticas al Decreto
La eliminación de la Ley Ovina ha generado una ola de críticas por parte de productores, organizaciones gremiales y políticos de la oposición. El diputado Santi ha calificado la medida como “una traición a los productores patagónicos” y ha anunciado que impulsará acciones legislativas para intentar revertir el decreto. Otras organizaciones gremiales han convocado a protestas y manifestaciones para expresar su rechazo a la medida. Los productores han manifestado su preocupación por el futuro de sus explotaciones y han solicitado al Gobierno Nacional que reconsidere su decisión.
Las críticas al decreto se centran en la falta de consulta a los productores y a las organizaciones gremiales antes de tomar la decisión. Los críticos argumentan que el Gobierno Nacional no ha tenido en cuenta el impacto negativo que la eliminación de la Ley Ovina tendrá en el sector ganadero y en la economía regional. Además, se cuestiona la justificación del Gobierno Nacional de que la medida forma parte de una estrategia de simplificación y racionalización de las políticas públicas. Los críticos argumentan que la eliminación de los regímenes de fomento no simplificará las políticas públicas, sino que las hará menos efectivas y menos equitativas.
La eliminación de la Ley Ovina también ha generado debate sobre el futuro de la política agropecuaria en Argentina. Algunos analistas consideran que la medida forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno Nacional de desmantelar las políticas de apoyo a la producción agropecuaria. Otros analistas argumentan que la medida es una consecuencia de la crisis económica y fiscal que atraviesa el país y que el Gobierno Nacional se ve obligado a recortar gastos en todos los sectores. El debate sobre el futuro de la política agropecuaria en Argentina continuará en los próximos meses, a medida que se evalúen las consecuencias de la eliminación de la Ley Ovina.
El Futuro de la Ganadería Ovina en la Patagonia
La eliminación de la Ley Ovina plantea serias interrogantes sobre el futuro de la ganadería ovina en la Patagonia. Sin el apoyo financiero y técnico que proporcionaba la ley, los pequeños productores patagónicos enfrentarán dificultades para mantener y mejorar sus explotaciones. Esto podría llevar a una disminución de la producción, a la pérdida de empleo y al despoblamiento de las zonas rurales. El futuro de la ganadería ovina en la Patagonia dependerá de la capacidad de los productores para adaptarse a la nueva situación y de la implementación de nuevas políticas de apoyo al sector.
Es fundamental que el Gobierno Nacional reconsidere su decisión y busque alternativas para apoyar a los productores ovinos patagónicos. Esto podría incluir la creación de nuevos programas de financiamiento, la promoción de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, y la implementación de políticas de comercialización que permitan a los productores acceder a nuevos mercados. Además, es importante que el Gobierno Nacional trabaje en conjunto con los productores y las organizaciones gremiales para diseñar políticas que sean efectivas y que respondan a las necesidades del sector.
La ganadería ovina tiene un gran potencial en la Patagonia, y es fundamental que se tomen medidas para proteger y fortalecer este sector. La producción de lana y carne ovina puede contribuir al desarrollo económico y social de la región, generando empleo, ingresos fiscales y dinamizando el comercio local. La eliminación de la Ley Ovina representa un retroceso en este sentido, y es fundamental que se revierta esta situación para garantizar el futuro de la ganadería ovina en la Patagonia.
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