Chubut: Alpesca en el ojo de la tormenta – Interpelación fallida y secretos pesqueros revelados.
La gestión de los bienes de la ex Alpesca en Chubut se ha convertido en un laberinto de decisiones contradictorias, acuerdos opacos y acusaciones de irregularidades. La reciente sesión legislativa, marcada por la ausencia del oficialismo para evitar la interpelación del Secretario de Pesca, Andrés Arbeletche, expone una crisis de transparencia y un conflicto de intereses que amenaza los recursos pesqueros de la provincia. Este artículo desentraña la compleja trama que rodea la rescisión del contrato con Red Chamber, el fallido acuerdo con Profand, y el posterior retorno de Red Chamber, analizando las preguntas clave planteadas por la oposición y las posibles implicaciones legales y económicas de estas maniobras.
- Rescisión del Contrato con Red Chamber: Incumplimientos y Acciones Penales
- El Fallido Acuerdo con Profand: Motivos Ocultos y Falta de Celebración
- El Regreso de Red Chamber: ¿Una Reversión Inexplicable?
- La Inscripción de Buques Pesqueros: Obstáculos y Contradicciones
- Rescisión Unilateral y Daños a la Provincia: Fundamentos Legales y Riesgos Económicos
- Permisos de Pesca Transferidos: Legalidad y Transparencia
- Decreto de Necesidad y Urgencia: ¿Una Intención de Eludir el Control Legislativo?
Rescisión del Contrato con Red Chamber: Incumplimientos y Acciones Penales
La rescisión del contrato de arrendamiento de los bienes de la ex Alpesca con Red Chamber Argentina SA, firmado en 2014, fue justificada por el gobierno provincial alegando incumplimientos contractuales. Sin embargo, la oposición exige un detalle exhaustivo de estos incumplimientos, incluyendo la información sobre las acciones penales que, según se afirma, se habrían iniciado. La falta de transparencia en este punto genera suspicacias sobre las verdaderas motivaciones detrás de la rescisión, sugiriendo la posibilidad de intereses ocultos o presiones externas. La claridad sobre los hechos es crucial para determinar si la rescisión fue legalmente justificada y si se actuó en defensa del patrimonio provincial.
La magnitud de los supuestos incumplimientos contractuales es un punto central en la controversia. Se necesita una descripción precisa y documentada de cada uno de ellos, respaldada por pruebas fehacientes. La oposición busca establecer si estos incumplimientos fueron lo suficientemente graves como para justificar la rescisión unilateral del contrato, o si se trató de una excusa para favorecer a otros actores. La existencia de acciones penales en curso añade una capa de complejidad al asunto, ya que podría implicar la comisión de delitos relacionados con la gestión de los bienes de la ex Alpesca.
El Fallido Acuerdo con Profand: Motivos Ocultos y Falta de Celebración
Tras la rescisión del contrato con Red Chamber, se anunció un acuerdo con el grupo Profand para la explotación de los bienes de la ex Alpesca. Sin embargo, este acuerdo nunca se concretó, y el gobierno provincial no ha ofrecido una explicación clara de los motivos por los cuales no se llegó a celebrar el nuevo contrato de arrendamiento. Esta falta de información alimenta las especulaciones sobre posibles obstáculos legales, diferencias irreconciliables entre las partes, o la existencia de intereses contrapuestos. La oposición exige una rendición de cuentas detallada sobre este proceso, incluyendo la documentación que respalde la decisión de abandonar las negociaciones con Profand.
La ausencia de un acuerdo con Profand plantea interrogantes sobre la estrategia del gobierno provincial para la gestión de los bienes de la ex Alpesca. ¿Se evaluaron adecuadamente los riesgos y beneficios de un acuerdo con este grupo? ¿Se consideraron alternativas viables? ¿Se consultó a los actores relevantes del sector pesquero antes de tomar la decisión de abandonar las negociaciones? La falta de respuestas a estas preguntas genera incertidumbre y desconfianza en la gestión de los recursos pesqueros de la provincia.
El Regreso de Red Chamber: ¿Una Reversión Inexplicable?
Sorprendentemente, después de la rescisión del contrato y el fallido acuerdo con Profand, Red Chamber Argentina SA volvió a hacerse cargo de los bienes de la ex Alpesca. Esta reversión inesperada ha generado una ola de críticas y acusaciones de favoritismo. La oposición exige una explicación detallada de los procedimientos administrativos que permitieron este retorno, así como una justificación de los motivos por los cuales se decidió dar una nueva oportunidad a una empresa que, según las declaraciones del Secretario de Pesca, había sido calificada de “incumplidora serial”.
El regreso de Red Chamber plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de la gestión de los bienes de la ex Alpesca. ¿Se respetaron los principios de igualdad de oportunidades y concurrencia pública en el proceso de selección de la empresa? ¿Se realizaron las evaluaciones necesarias para determinar si Red Chamber cumplía con los requisitos legales y técnicos para operar en la provincia? ¿Se informaron a la legislatura los compromisos asumidos con Red Chamber, especialmente aquellos que involucran bienes sujetos a expropiación y derechos pesqueros sobre recursos públicos? La falta de respuestas a estas preguntas socava la credibilidad del gobierno provincial y alimenta la sospecha de corrupción.
La Inscripción de Buques Pesqueros: Obstáculos y Contradicciones
El Secretario de Pesca ha manifestado públicamente que es imposible registrar los buques pesqueros a nombre de Profand en el Registro Nacional de Buques dependiente de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Sin embargo, previamente se había inscrito a Red Chamber con una situación jurídica idéntica (bienes arrendados no transferidos). Esta contradicción genera interrogantes sobre los criterios que se están aplicando para la inscripción de buques pesqueros y sobre la posible existencia de discriminación o favoritismo. La oposición exige una explicación clara de los motivos por los cuales PNA habría rechazado la inscripción a Profand, y una justificación jurídica formal de esta decisión.
La imposibilidad de registrar los buques pesqueros a nombre de Profand podría tener graves consecuencias para la actividad pesquera en la provincia. Si Profand no puede operar legalmente, se podría generar una escasez de productos pesqueros, un aumento de los precios, y una pérdida de empleos. Además, esta situación podría afectar la competitividad de la industria pesquera chubutense en el mercado nacional e internacional. La oposición exige al gobierno provincial que tome medidas urgentes para resolver este problema y garantizar la continuidad de la actividad pesquera.
Rescisión Unilateral y Daños a la Provincia: Fundamentos Legales y Riesgos Económicos
El gobierno provincial ha justificado la rescisión unilateral del contrato con Profand alegando la “imposibilidad de cumplimiento”, argumentando que el impedimento surge de un órgano nacional (PNA) y no de la conducta de Profand. La oposición cuestiona la validez de este argumento, señalando que no existe una norma administrativa o legal que fundamente el criterio de “imposibilidad de cumplimiento” como causal de rescisión unilateral sin responsabilidad para la Provincia. Además, se advierte que esta situación jurídica podría ocasionar daños a la Provincia, ya que podría generar demandas judiciales y comprometer la inversión en el sector pesquero.
La oposición exige al Secretario de Pesca que presente una tasación o informe técnico-económico que respalde la afirmación de que la rescisión unilateral del contrato con Profand no ocasionará daños a la Provincia. Este informe debe evaluar los costos de la rescisión, incluyendo los gastos legales, las indemnizaciones que se puedan deber a Profand, y la pérdida de ingresos que se generará por la interrupción de la actividad pesquera. La falta de un análisis riguroso de los riesgos económicos podría poner en peligro la sostenibilidad financiera de la Provincia.
Permisos de Pesca Transferidos: Legalidad y Transparencia
La oposición cuestiona la legalidad de la transferencia de permisos de pesca desde Red Chamber Argentina SA a otras empresas, en el marco de los permisos habilitadores por las leyes IX N° 133, IX N° 136 y IX N° 157. Se exige aclarar si la resolución administrativa de la Secretaría de Pesca permite reemplazar permisos cuya fuente jurídica fue una ley formal de la Legislatura. La falta de transparencia en este proceso genera dudas sobre si se respetaron los derechos de los pescadores artesanales y si se garantizó la equidad en la distribución de los recursos pesqueros.
La oposición exige una rendición de cuentas detallada sobre la situación de los permisos de pesca transferidos, incluyendo la identificación de las empresas beneficiarias, los criterios utilizados para la asignación de los permisos, y el impacto de la transferencia en la actividad pesquera. Se solicita información sobre las licitaciones de pesca cedidas anteriormente que el Gobierno de la Provincia de Chubut ha decidido mantener vigentes, y sobre las circunstancias que motivaron la intervención del Superior Tribunal de Justicia en el marco de la relación contractual entre el Estado Provincial y la empresa Profand.
Decreto de Necesidad y Urgencia: ¿Una Intención de Eludir el Control Legislativo?
La oposición sospecha que el Poder Ejecutivo podría enviar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para convalidar o instrumentar el acuerdo o la cesión/reparto de permisos de pesca, eludiendo así el control legislativo. Se exige aclarar si existe esta intención y, en caso afirmativo, cuáles son los fundamentos que justifican la necesidad de un DNU. La utilización de un DNU para regular una cuestión tan sensible como la gestión de los recursos pesqueros podría ser considerada una violación de la Constitución Provincial y un atentado contra la democracia.
La oposición advierte que no tolerará ningún intento de eludir el control legislativo en la gestión de los bienes de la ex Alpesca. Se exige al gobierno provincial que actúe con transparencia y responsabilidad, y que someta cualquier acuerdo o decisión relevante a la aprobación de la Legislatura. La defensa de los recursos pesqueros de la Provincia es una prioridad para la oposición, y se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que se gestionen de manera sostenible y equitativa.
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