Chubut Elimina los Fueros: Justicia, Igualdad y Fin de la Impunidad Política

La reciente decisión de la Legislatura de Chubut de avanzar en la eliminación de los fueros para sus autoridades, contrastada con la resistencia en Santa Cruz a despojar de privilegios a uno de sus diputados, ha reabierto un debate crucial sobre la igualdad ante la ley, la eficiencia de la justicia y la percepción de impunidad en Argentina. Esta reforma, que busca someter a funcionarios públicos a las mismas reglas penales que el resto de la ciudadanía, representa un cambio paradigmático en la relación entre el poder y la justicia. El presente artículo analizará en profundidad el funcionamiento actual del sistema de fueros, los cambios propuestos por la enmienda constitucional chubutense, las objeciones planteadas y las posibles implicaciones de esta medida para el futuro de las instituciones argentinas.

El Sistema de Fueros en la Actualidad: Un Escudo Político

Tradicionalmente, el sistema de fueros en Argentina ha otorgado a ciertas autoridades –gobernadores, legisladores, jueces, intendentes, y dirigentes sindicales, entre otros– una protección especial frente a la acción de la justicia penal. Esta protección se manifiesta en dos niveles: la inmunidad de proceso y la inmunidad de ejecución. La inmunidad de proceso implica que, para iniciar una causa penal contra un funcionario con fuero, es necesario obtener el desafuero, es decir, la autorización de la Legislatura correspondiente, el Tribunal de Enjuiciamiento o el Concejo Deliberante. Este proceso, a menudo lento y politizado, actúa como un primer filtro, dificultando la investigación de posibles delitos cometidos por funcionarios públicos. La inmunidad de ejecución, por su parte, incluso después de una condena firme, requiere una nueva votación política para que la pena privativa de libertad pueda ser aplicada. Este "candado de cierre" ha sido históricamente criticado por perpetuar la impunidad y socavar la confianza en el sistema judicial.

Los artículos 247 a 251 de la Constitución de Chubut, que son el objeto de la reforma, detallan este esquema de protección. Establecen la prohibición de detención salvo en caso de flagrancia y la suspensión de todo proceso penal hasta que el cuerpo político correspondiente autorice la continuación de la causa. En la práctica, este mecanismo ha generado demoras significativas en los expedientes judiciales, permitiendo que muchos delitos prescriban y alimentando la percepción de que los funcionarios públicos gozan de un trato preferencial ante la ley. La complejidad y la politización del proceso de desafuero han convertido la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios públicos en una tarea ardua y, en muchos casos, infructuosa.

La Reforma Constitucional en Chubut: Desmantelando los Privilegios

La Legislatura de Chubut, a través de la ley V Nº 201, ha propuesto una enmienda constitucional que busca eliminar tanto la inmunidad de proceso como la inmunidad de ejecución para todas las autoridades políticas, judiciales y sindicales. Esta reforma, que deberá ser ratificada por plebiscito popular en las próximas elecciones generales, representa un cambio radical en el sistema de fueros provincial. La propuesta establece que, una vez aprobada, los jueces podrán iniciar investigaciones penales contra funcionarios públicos sin necesidad de solicitar previamente el desafuero. Asimismo, una vez dictada una sentencia condenatoria, la pena privativa de libertad podrá ser ejecutada una vez que la Cámara de Apelaciones confirme la sentencia, sin importar si existen recursos extraordinarios pendientes.

La reforma mantiene intacta la inmunidad de opinión, garantizando que los legisladores y jueces no puedan ser perseguidos penalmente por sus votos o fallos. Esta salvaguarda es fundamental para preservar la independencia del Poder Legislativo y el Poder Judicial, permitiendo que sus miembros puedan ejercer sus funciones sin temor a represalias. La reforma se limita a eliminar la "protección" penal personal, es decir, el privilegio de no ser investigados ni condenados como cualquier otro ciudadano. La legalidad del procedimiento se basa en el artículo 271 de la Constitución provincial, que permite enmendar hasta dos artículos con el voto afirmativo de dos tercios de los legisladores y exige la ratificación popular a través de un referéndum.

Beneficios Concretos de la Reforma: Igualdad, Rapidez y Confianza

La eliminación de los fueros en Chubut promete una serie de beneficios concretos para el sistema de justicia y la sociedad en general. En primer lugar, se nivela la cancha entre ciudadanos y funcionarios públicos, cumpliendo con la cláusula de igualdad ante la ley establecida en el artículo 16 de la Constitución Nacional. Al someter a todos los ciudadanos al mismo régimen penal, se elimina la percepción de que los funcionarios públicos gozan de un trato preferencial y se fortalece la confianza en el sistema judicial. En segundo lugar, la reforma agilizará los procesos penales, al eliminar los trámites políticos necesarios para obtener el desafuero y ejecutar las condenas. Esto permitirá que las investigaciones avancen sin suspensiones y evitará la prescripción de delitos, garantizando que los culpables sean llevados ante la justicia de manera oportuna.

Además, la eliminación de los fueros puede contribuir a reducir la percepción de impunidad, un problema endémico en Argentina. Estudios de Transparencia Internacional han demostrado que la percepción de impunidad disminuye cuando los funcionarios públicos son sometidos a las mismas leyes que el resto de la ciudadanía. Esto, a su vez, puede fortalecer las instituciones y promover una cultura de legalidad y responsabilidad. La reforma convierte la inmunidad en responsabilidad, incentivando a los funcionarios públicos a actuar con mayor transparencia y honestidad, sabiendo que sus acciones pueden ser investigadas y sancionadas si infringen la ley.

Objeciones y Respuestas: Abordando las Preocupaciones

La propuesta de reforma en Chubut ha generado algunas objeciones por parte de sectores preocupados por la posible vulneración de la independencia de los legisladores y jueces, la habilitación de la persecución política y el ataque al derecho sindical. Sin embargo, los defensores de la reforma han respondido a estas preocupaciones argumentando que la inmunidad de opinión se mantiene intacta, garantizando que nadie pueda ser perseguido por sus votos o fallos. Los funcionarios públicos solo responderán por delitos comunes, como cualquier otro ciudadano. En cuanto a la posible persecución política, se argumenta que toda prisión exige una sentencia confirmada en Cámara y que las garantías del debido proceso penal siguen vigentes, protegiendo los derechos de los acusados.

Respecto al derecho sindical, se aclara que la protección laboral de los dirigentes sindicales no se modifica, solo pierden el escudo penal personal. La reforma no afecta la libertad de asociación ni la tutela sindical, solo elimina el privilegio de no ser investigados ni condenados por delitos comunes. La premisa fundamental de la reforma es que ningún cargo debe ser sinónimo de impunidad. La experiencia de otros países y provincias que han eliminado o reducido los fueros demuestra que es posible garantizar la independencia de los poderes del Estado y proteger los derechos de los ciudadanos sin necesidad de mantener un sistema de privilegios que socava la confianza en la justicia.

El Contraste con Santa Cruz: Un Bloqueo al Desafuero

El contraste entre la iniciativa de Chubut y la situación en Santa Cruz es elocuente. Mientras que Chubut propone desmantelar los fueros, la Legislatura santacruceña lleva casi cinco meses bloqueando –por tercera vez– el pedido de desafuero del diputado Fernando Españón. A pesar de las reiteradas solicitudes de la Justicia Penal, el bloque oficialista –POR SANTA CRUZ– impide siquiera que la Comisión de Asuntos Constitucionales trate el tema. Este bloqueo prolongado evidencia la resistencia de algunos sectores políticos a renunciar a los privilegios que otorga el sistema de fueros y la voluntad de proteger a sus miembros de la acción de la justicia. La situación en Santa Cruz pone de manifiesto la necesidad de una reforma integral del sistema de fueros en Argentina, que garantice la igualdad ante la ley y la eficiencia de la justicia.

La demora en el tratamiento del desafuero de Españón en Santa Cruz no solo obstaculiza la investigación de posibles delitos, sino que también alimenta la percepción de impunidad y socava la confianza en las instituciones. Este caso ejemplifica los problemas que genera el sistema de fueros en la práctica y la urgencia de implementar reformas que permitan garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. La decisión de Chubut de avanzar en la eliminación de los fueros puede servir de ejemplo para otras provincias y para el Congreso Nacional, impulsando un debate más amplio sobre la necesidad de modernizar el sistema de justicia y fortalecer el Estado de Derecho.

Fuente: https://winfo.ar/actualidad/2025/06/chubut-desmantela-los-fueros-santa-cruz-blinda-los-privilegios