Chubut: Legislatura repudia recorte de fondos para víctimas de violencia de género y derechos LGBTQI+
La reciente decisión del Gobierno Nacional de eliminar trece programas de apoyo a la igualdad de género, derechos LGBTQI+ y atención a víctimas de violencia extrema ha desatado una ola de críticas y repudio a lo largo del país. La Legislatura de Chubut, en un gesto unánime de rechazo, ha aprobado una declaración contundente, denunciando el impacto devastador que esta medida tendrá en los sectores más vulnerables de la sociedad. Este artículo profundiza en los detalles de la resolución, las razones esgrimidas por el gobierno nacional, las críticas de los legisladores provinciales y las implicaciones que esta política podría tener en la lucha contra la violencia de género y la protección de los derechos humanos en Argentina.
- El Dicho y el Hecho: Desmantelamiento de Programas Clave
- El Argumento del Ahorro Presupuestario: Una Crítica Contundente
- El Rol del Presidente Milei: ¿Comentarista o Responsable de Políticas Públicas?
- El Repudio Unánime de la Legislatura de Chubut: Un Llamado a la Acción
- Implicaciones a Largo Plazo: Un Retroceso en la Protección de los Derechos
El Dicho y el Hecho: Desmantelamiento de Programas Clave
Las resoluciones 291/25 y 282/25, publicadas en el Boletín Oficial, oficializan la eliminación de trece programas que anteriormente dependían del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, organismo que ha sido reducido a una Subsecretaría bajo la conducción del Ministro de Justicia, Martín Cúneo Libarona. Esta decisión implica la supresión de recursos destinados a iniciativas cruciales para la prevención y atención de la violencia de género, la promoción de la igualdad y la inclusión, y el fortalecimiento de los derechos de las comunidades LGBTQI+. La diputada Vanesa Abril, impulsora del proyecto de repudio en la Legislatura de Chubut, ha señalado que estos programas no eran un gasto superfluo, sino una inversión esencial en la protección de los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Entre los programas eliminados se encontraban aquellos destinados a brindar asistencia legal y psicológica a víctimas de violencia de género, a promover la capacitación de profesionales en temas de género, a financiar proyectos de investigación sobre violencia y discriminación, y a apoyar a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTQI+. La disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y su reducción a una Subsecretaría, ha sido interpretada por muchos como un retroceso en las políticas públicas de género y una señal de desinterés por parte del gobierno nacional en la protección de los derechos de los sectores más vulnerables.
El Argumento del Ahorro Presupuestario: Una Crítica Contundente
El Gobierno Nacional ha justificado la eliminación de estos programas argumentando la necesidad de un ajuste presupuestario y la búsqueda de una mayor eficiencia en el gasto público. Sin embargo, esta justificación ha sido duramente criticada por los legisladores provinciales, quienes la consideran una excusa para desmantelar políticas públicas esenciales y abandonar a los sectores más vulnerables a su suerte. La diputada Abril ha calificado esta medida como un acto de crueldad, señalando que el ahorro presupuestario no puede justificarse a costa de la vida y la integridad de las mujeres y las personas LGBTQI+.
Las cifras de femicidios en Argentina respaldan la preocupación de los legisladores. Entre el 1° de enero y el 30 de abril de 2025, se registraron 96 femicidios, en comparación con los 78 ocurridos en el mismo período del 2024. Este aumento alarmante de la violencia de género demuestra que la situación es cada vez más grave y que es necesario fortalecer las políticas públicas de prevención y atención, no desmantelarlas. La eliminación de los programas de apoyo a víctimas de violencia de género podría tener consecuencias devastadoras, dejando a muchas mujeres sin acceso a la asistencia que necesitan para protegerse y reconstruir sus vidas.
El Rol del Presidente Milei: ¿Comentarista o Responsable de Políticas Públicas?
La diputada Abril también ha cuestionado la actitud del presidente Javier Milei, señalando que parece olvidar su rol como jefe de Estado y actuar más como un comentarista de la realidad que como un responsable de implementar políticas públicas efectivas. La legisladora ha criticado la falta de compromiso del presidente con la protección de los derechos humanos y la igualdad de género, y ha denunciado su abandono del Estado frente a las poblaciones vulnerables. Esta actitud, según Abril, contradice los compromisos internacionales asumidos por Argentina, como la Agenda 2030 respaldada por UNICEF, que apunta precisamente a fortalecer estos sectores mediante políticas públicas consistentes y federales.
La crítica a la postura del presidente se centra en su discurso, que a menudo minimiza la importancia de las políticas de género y cuestiona la validez de los derechos de las comunidades LGBTQI+. Esta retórica, según los legisladores, contribuye a crear un clima de hostilidad y discriminación que puede exacerbar la violencia y la exclusión. La falta de liderazgo del presidente en la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género ha sido interpretada como una señal de retroceso en la lucha por una sociedad más justa e inclusiva.
El Repudio Unánime de la Legislatura de Chubut: Un Llamado a la Acción
La aprobación unánime de la declaración de repudio por parte de la Legislatura de Chubut demuestra la preocupación generalizada que existe en la provincia por la decisión del Gobierno Nacional. Los legisladores de todos los bloques políticos han coincidido en denunciar el impacto negativo que esta medida tendrá en los sectores más vulnerables de la sociedad y en exigir al gobierno nacional que reconsidere su decisión. La Legislatura de Chubut se ha comprometido a continuar denunciando y rechazando toda medida que implique el desmantelamiento de políticas públicas que afecten directamente los derechos humanos fundamentales de la población más vulnerable.
El repudio de la Legislatura de Chubut se suma a las críticas y protestas que se han registrado en otras provincias y organizaciones de la sociedad civil. La decisión del Gobierno Nacional ha generado un amplio rechazo entre los defensores de los derechos humanos, las organizaciones feministas y las comunidades LGBTQI+, quienes han convocado a movilizaciones y campañas de concientización para exigir la restitución de los programas eliminados. La presión social y política podría obligar al gobierno nacional a reconsiderar su decisión y a retomar el camino de la protección de los derechos humanos y la igualdad de género.
Implicaciones a Largo Plazo: Un Retroceso en la Protección de los Derechos
La eliminación de estos programas no solo afecta la atención inmediata a las víctimas de violencia de género y la promoción de la igualdad, sino que también tiene implicaciones a largo plazo en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. La falta de inversión en políticas públicas de género y derechos humanos puede perpetuar la discriminación, la violencia y la exclusión, y dificultar el avance hacia una sociedad donde todas las personas puedan vivir con dignidad y respeto. La reducción del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a una Subsecretaría también debilita la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas públicas efectivas en esta materia.
La eliminación de los programas de capacitación para profesionales en temas de género puede tener un impacto negativo en la calidad de la atención que reciben las víctimas de violencia de género y en la sensibilización de la sociedad sobre la importancia de la igualdad y la no discriminación. La falta de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y las comunidades LGBTQI+ puede debilitar su capacidad para brindar asistencia y promover el cambio social. En definitiva, la decisión del Gobierno Nacional representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y un obstáculo para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
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