Cierre de Vialidad Nacional: Alerta por Rutas Peligrosas y Reestructuración del Transporte.

El reciente decreto 461/2025, firmado por el gobierno de Javier Milei, ha desatado una tormenta de controversia y preocupación en el ámbito del transporte y la seguridad vial argentina. La disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, junto con la reestructuración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), representa un cambio radical en la gestión de las carreteras y el control del transporte público. Más allá de los argumentos oficiales sobre eficiencia administrativa, expertos y sectores afectados advierten sobre un posible deterioro de la seguridad vial y el mantenimiento de la infraestructura, augurando lo que algunos han denominado “rutas de la muerte”. Este artículo analiza en profundidad las implicaciones de esta medida, explorando los argumentos a favor y en contra, los posibles escenarios futuros y las preocupaciones expresadas por los diferentes actores involucrados.

El Desmantelamiento de la Infraestructura Estatal: ¿Eficiencia o Riesgo?

La justificación oficial del gobierno para la disolución de la DNV se centra en la búsqueda de una mayor eficiencia administrativa y la redistribución de funciones para reducir la siniestralidad vial. Se argumenta que las tareas esenciales de la DNV se integrarán en otras áreas de la Administración Pública Nacional, optimizando recursos y evitando duplicaciones. Sin embargo, esta explicación no convence a muchos, quienes señalan que la DNV era la encargada de la planificación, construcción, mantenimiento y conservación de la red vial nacional, un rol crucial para garantizar la transitabilidad y seguridad de las carreteras. La experiencia sugiere que la fragmentación de responsabilidades y la falta de una entidad centralizada dedicada exclusivamente a la gestión de la infraestructura vial pueden conducir a la descoordinación, la burocracia y el retraso en la ejecución de obras esenciales.

La ANSV, por su parte, era responsable de la implementación de políticas de seguridad vial, la coordinación de campañas de concientización y el control del cumplimiento de las normas de tránsito. Su desaparición genera interrogantes sobre quién asumirá estas funciones y cómo se garantizará la continuidad de los programas de prevención de accidentes. La Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial complementaba estas acciones, trabajando en la regulación y el control del transporte de pasajeros y cargas. La eliminación de estas tres entidades, en un contexto de ajuste fiscal y reducción del gasto público, alimenta el temor de que la seguridad vial se convierta en una prioridad secundaria.

La CNRT Transformada: ¿Mayor Control o Limitación de la Competencia?

La reestructuración de la CNRT, que ahora se denominará Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, es otro aspecto clave del decreto. La nueva agencia estará a cargo del control del cumplimiento de los contratos de concesión y permisos de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas. También conducirá investigaciones técnicas de los accidentes ferroviarios. Si bien el gobierno argumenta que esta medida fortalecerá el control sobre las empresas concesionarias y garantizará la calidad de los servicios, algunos expertos advierten sobre el riesgo de que la concentración de poder en una única agencia pueda limitar la competencia y favorecer a determinados grupos económicos.

La CNRT, en su función original, tenía un rol regulador más amplio, que incluía la fijación de tarifas, la promoción de la competencia y la protección de los derechos de los usuarios. La transformación en una agencia de control, centrada principalmente en el cumplimiento de los contratos, podría reducir su capacidad para influir en las políticas de transporte y garantizar un acceso equitativo a los servicios. La falta de una regulación clara y transparente podría generar incertidumbre en el sector y afectar la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios.

“Rutas de la Muerte”: El Temor a un Deterioro de la Seguridad Vial

La advertencia sobre la posibilidad de “rutas de la muerte” no es una exageración, sino una expresión de la profunda preocupación que existe entre los trabajadores del sector, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil. La falta de mantenimiento adecuado de las carreteras, la ausencia de señalización clara y la falta de controles efectivos pueden aumentar significativamente el riesgo de accidentes. La DNV era responsable de la reparación de baches, la limpieza de banquinas, el mantenimiento de puentes y viaductos, y la instalación de señales de tránsito. La interrupción de estas tareas, incluso temporalmente, puede tener consecuencias graves para la seguridad de los usuarios.

El estado de muchas carreteras argentinas ya es precario, con tramos en mal estado, falta de iluminación y señalización deficiente. La reducción de recursos destinados al mantenimiento y la falta de una planificación a largo plazo podrían agravar esta situación, convirtiendo algunas rutas en trampas mortales. La seguridad vial no es solo una cuestión de infraestructura, sino también de control y prevención. La ANSV desempeñaba un papel fundamental en la fiscalización del cumplimiento de las normas de tránsito, la realización de controles de alcoholemia y la implementación de campañas de concientización. Su desaparición podría debilitar la capacidad del Estado para prevenir accidentes y sancionar a los infractores.

El Impacto en el Transporte de Cargas y la Logística

La disolución de la DNV y la reestructuración de la CNRT también tendrán un impacto significativo en el transporte de cargas y la logística. Las empresas transportistas dependen de una infraestructura vial en buen estado para poder cumplir con sus compromisos y garantizar la entrega oportuna de los productos. El deterioro de las carreteras aumentará los costos de transporte, reducirá la eficiencia y afectará la competitividad de las empresas. La falta de coordinación entre las diferentes áreas de la Administración Pública Nacional podría generar demoras y complicaciones en la tramitación de permisos y autorizaciones.

El transporte de cargas es un sector estratégico para la economía argentina, ya que es responsable de la distribución de bienes y servicios en todo el país. Cualquier interrupción o dificultad en este sector puede tener consecuencias negativas para la producción, el comercio y el empleo. La falta de una política clara y coherente en materia de transporte y logística podría desalentar la inversión y obstaculizar el crecimiento económico.

Las Alternativas Propuestas y el Debate en Curso

Ante la preocupación generada por el decreto, diferentes sectores han propuesto alternativas para garantizar la continuidad de las funciones esenciales de la DNV, la ANSV y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Algunos sugieren la creación de una nueva entidad, con un presupuesto adecuado y una estructura eficiente, que asuma las responsabilidades de las entidades disueltas. Otros proponen la integración de estas funciones en el Ministerio de Infraestructura, garantizando la coordinación y la continuidad de las políticas de transporte y seguridad vial.

El debate en curso se centra en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la búsqueda de eficiencia administrativa y la protección de la seguridad vial. La reducción del gasto público es un objetivo legítimo, pero no debe poner en riesgo la vida de las personas ni afectar la calidad de los servicios. Es fundamental que el gobierno escuche las voces de los expertos, los trabajadores del sector y las organizaciones de la sociedad civil, y que considere sus propuestas antes de tomar decisiones definitivas. La transparencia y la participación ciudadana son esenciales para garantizar una gestión eficiente y responsable de la infraestructura vial y el transporte público.

El Futuro de la Seguridad Vial en Argentina: Un Escenario Incierto

El futuro de la seguridad vial en Argentina es incierto. La disolución de la DNV, la ANSV y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial representa un cambio radical en la gestión de las carreteras y el control del transporte público. Si el gobierno no logra garantizar la continuidad de las funciones esenciales de estas entidades y no invierte en el mantenimiento de la infraestructura vial, el riesgo de accidentes podría aumentar significativamente. La falta de una regulación clara y transparente podría generar incertidumbre en el sector y afectar la calidad de los servicios.

La seguridad vial es una responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas y los ciudadanos. El Estado debe garantizar una infraestructura vial en buen estado, establecer normas claras y efectivas, y controlar su cumplimiento. Las empresas deben invertir en la seguridad de sus vehículos y capacitar a sus empleados. Los ciudadanos deben respetar las normas de tránsito y conducir de manera responsable. Solo a través de un esfuerzo conjunto se podrá reducir la siniestralidad vial y proteger la vida de las personas.

Fuente: https://www.perfil.com/noticias/politica/anuncio-de-manuel-adorni-desde-casa-rosada.phtml