Comercialización fraudulenta de mariscos congelados: 13 investigados por delito contra la salud pública
Las autoridades investigan un escándalo alimentario que involucra el intento de comercializar 270 toneladas de productos del mar congelados que habían sido retirados del mercado debido a preocupaciones sobre su seguridad. A trece individuos se les acusa de desacato, falsificación de documentos y delitos contra la salud pública.
Investigación exhaustiva
La investigación fue iniciada por la Guardia Civil tras una denuncia sobre la reintroducción en el mercado de productos del mar congelados que habían sido retirados debido a un accidente de tráfico que comprometió su cadena de frío. La investigación se centró en localizar la mercancía robada y se contó con la colaboración de inspectores de riesgos ambientales y servicios de salud pública.
Productos manipulados e Irregulares
Las investigaciones revelaron que muchos de los lotes intervenidos habían sido manipulados para modificar su trazabilidad y poder reintroducirlos en la cadena de consumo. En las instalaciones de la empresa logística involucrada se encontró mercancía sin trazabilidad, gran parte de ella con fechas de consumo preferente caducadas.
Alertas sanitarias y medidas de seguridad
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha emitido tres alertas sanitarias relacionadas con la detección de Listeria monocytogenes y Salmonella en estos productos y su comercialización después de romper la cadena de frío. Las autoridades están tomando medidas para garantizar la seguridad alimentaria y proteger a los consumidores.
Acción coordinada y colaboración
Además de la Guardia Civil, las inspecciones coordinadas con los servicios de salud pública de Galicia y Valencia dieron como resultado la inmovilización de 128 toneladas adicionales de productos congelados con irregularidades graves, como la falta de trazabilidad y las fechas de consumo vencidas.
Investigación en curso y acciones en marcha
Actualmente, la investigación sigue en curso y se están llevando a cabo acciones para garantizar la seguridad alimentaria y evitar la comercialización de estos productos en establecimientos de España, Alemania y los Países Bajos. Las corporaciones involucradas están bajo escrutinio, y se espera que haya medidas para renunciar a las prácticas poco éticas y proteger al público.
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