Conflicto en Chubut: ¿Bloqueo a la Pesca Artesanal en Camarones por Intereses de la Flota Amarilla?
La disputa por los recursos marinos en la costa chubutense se intensifica. Un proyecto de ley que busca dinamizar la actividad pesquera en Camarones se enfrenta a la oposición de un poderoso empresario del sector, Gustavo González, líder de la flota amarilla de Rawson. Este artículo explora las tensiones entre los pescadores artesanales que buscan nuevas oportunidades en Camarones y los intereses de aquellos que ya dominan la pesca industrial disfrazada de artesanal, analizando el contexto legal, económico y político que subyace a este conflicto.
El Conflicto en Camarones: Una Lucha por el Acceso a los Recursos
Camarones, una localidad con un potencial pesquero significativo, se encuentra en el centro de una controversia que pone de manifiesto las desigualdades en el acceso a los recursos marinos. Los pescadores artesanales locales ven en la flexibilización de la normativa pesquera una oportunidad para reactivar la economía local y generar empleo. Sin embargo, esta iniciativa se topa con la resistencia de Gustavo González, propietario de una flota de nueve barcos con características industriales, a pesar de estar registrados como “artesanales”. Estos buques, con capacidad para superar los 550 cajones de langostino, representan una fuerza dominante en la pesca de la región, y González, como principal dirigente de la cámara de la flota amarilla, ejerce una influencia considerable en las decisiones políticas y económicas.
La situación se complica aún más por la conexión familiar de González: su hermano es diputado provincial y también permisionario de un “artesanal industrial”. Esta relación plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y la transparencia en la toma de decisiones. Los pescadores artesanales denuncian que González busca mantener su posición privilegiada, impidiendo que otros actores puedan acceder a los recursos y competir en igualdad de condiciones. La disputa no se limita a la pesca de langostino, sino que se extiende a la merluza, un recurso clave para la economía de la región.
La Ley XVII N° 153 y la Flexibilización de la Pesca Artesanal
El proyecto de ley que impulsa la flexibilización de la pesca artesanal se basa en la Ley XVII N° 153, aprobada en diciembre de 2022. Esta ley autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a modificar los permisos de pesca artesanal, permitiendo a embarcaciones que actualmente operan con artes de espera, cambiar a artes de arrastre de fondo y red de arrastre de fondo convencional. El objetivo es ampliar las posibilidades de pesca para los barcos autorizados a operar en la Zona 4 (Comodoro Rivadavia), permitiéndoles pescar merluza en la Zona 3 (Camarones). Se establece un límite de 350 cajones y un by catch de langostino para estas embarcaciones.
La Zona 4, ubicada entre Cabo Aristizabal y el Paralelo 46°, y la Zona 3, entre Punta Atlas y Cabo Aristizabal, representan áreas pesqueras estratégicas para la provincia de Chubut. La actualización normativa propuesta busca equilibrar el acceso a estos recursos, permitiendo que más actores puedan participar en la actividad pesquera. Sin embargo, la oposición de González y su flota amenaza con frustrar este objetivo. Los defensores del proyecto argumentan que la flexibilización de la normativa es fundamental para el desarrollo económico de Camarones, generando empleo y dinamizando la economía local.
El Rol de la Flota Amarilla y el Poder de los Permisionarios
La “flota amarilla” de Rawson, liderada por Gustavo González, ha ganado notoriedad en los últimos años por su influencia en la política pesquera de Chubut. Esta flota, compuesta por barcos que a menudo operan al límite de la legalidad, ha sido acusada de prácticas depredadoras y de ejercer presión sobre los recursos marinos. La clave de su poder reside en los permisos de pesca que poseen, los cuales les permiten acceder a cuotas significativas de langostino y merluza. Estos permisos, otorgados por el gobierno provincial, se han convertido en un activo valioso, y su control concentra una gran parte del poder económico en manos de unos pocos empresarios.
La figura del “permisionario” es central en este esquema. Los permisionarios son los titulares de los permisos de pesca, y tienen la capacidad de subarrendar o vender sus cuotas a otros armadores. Esto ha generado un mercado especulativo en torno a los permisos, donde los precios se disparan y el acceso a los recursos se vuelve cada vez más difícil para los pequeños pescadores. La flota amarilla ha sido acusada de manipular este mercado, controlando la oferta y demandando precios elevados por sus cuotas. La falta de transparencia en la asignación de permisos y la ausencia de controles efectivos han contribuido a la consolidación de este poder.
El conflicto en Camarones tiene importantes implicaciones económicas y sociales. Por un lado, la oposición de González y su flota amenaza con frenar el desarrollo de la actividad pesquera en la localidad, impidiendo la generación de empleo y la reactivación de la economía local. Camarones, como muchas otras comunidades costeras, depende en gran medida de la pesca para su subsistencia, y la falta de oportunidades en este sector puede tener consecuencias devastadoras. La flexibilización de la normativa pesquera podría permitir la creación de nuevas empresas y la diversificación de la economía local, reduciendo la dependencia del langostino y la merluza.
Por otro lado, la consolidación del poder de la flota amarilla y la concentración de los permisos de pesca en manos de unos pocos empresarios perpetúan las desigualdades sociales y económicas. Los pequeños pescadores, que carecen de los recursos y las conexiones necesarias para competir con los grandes armadores, se ven marginados del mercado y obligados a abandonar la actividad. Esto genera un círculo vicioso de pobreza y exclusión social. La democratización del acceso a los recursos marinos es fundamental para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo de las comunidades costeras.
El Debate Político y el Futuro de la Ley XVII N° 153
El futuro de la Ley XVII N° 153 es incierto. Aunque el Gobierno de Chubut ha manifestado su apoyo a la actualización normativa, todavía no está claro si el proyecto de ley será tratado en la última sesión de la Legislatura Provincial. La influencia de Gustavo González y su hermano, el diputado provincial, podría ser determinante para el resultado de la votación. Los defensores del proyecto están presionando a los legisladores para que voten a favor de la flexibilización de la pesca artesanal, argumentando que es una medida necesaria para el desarrollo económico de Camarones.
El debate político en torno a la Ley XVII N° 153 refleja una tensión más amplia entre los intereses de los grandes empresarios del sector pesquero y las necesidades de las comunidades costeras. La falta de una regulación clara y transparente, la ausencia de controles efectivos y la corrupción han contribuido a la consolidación de un sistema que beneficia a unos pocos en detrimento de muchos. La resolución de este conflicto requiere un compromiso político firme para garantizar un acceso equitativo a los recursos marinos y un desarrollo sostenible de la actividad pesquera.
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