Conflicto en Flota Congeladora: Negociación Salarial en Punto Muerto – SOMU y Cámaras Empresariales sin Acue rdo
El conflicto salarial en la flota congeladora tangonera argentina, un tema que impacta directamente en la economía de las regiones patagónicas y en la vida de miles de trabajadores marítimos, continúa sin resolverse. La reciente audiencia del 14 de julio, mediada por el Ministerio de Capital Humano, evidenció la profunda brecha entre las posturas del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) y las cámaras empresariales CAPIP, CAPeCA y CEPA. Este artículo analiza en detalle los argumentos de cada parte, las propuestas planteadas y el panorama actual de una negociación que amenaza con prolongar la inactividad de la flota y generar consecuencias económicas y sociales significativas.
Antecedentes y Contexto del Conflicto
La disputa salarial se enmarca en un contexto de fluctuaciones en el mercado del langostino congelado, principal producto de la flota tangonera. Las cámaras empresariales argumentan que la caída de los precios internacionales y el aumento de los costos operativos han afectado la rentabilidad de la actividad, haciendo insostenibles las condiciones salariales actuales. Desde el sector empresarial se ha insistido en la necesidad de ajustar los valores de referencia de la producción para garantizar la viabilidad de las empresas y, por ende, la continuidad de los puestos de trabajo. Esta postura se ha mantenido firme desde el inicio de las negociaciones, buscando una readecuación que permita absorber parte de la presión económica.
Por otro lado, el SOMU y el SIMAPE rechazan categóricamente cualquier reducción salarial, argumentando que los trabajadores no pueden ser los únicos responsables de afrontar las dificultades económicas del sector. El sindicato enfatiza que no existe evidencia objetiva de una crisis real y que las empresas han obtenido beneficios significativos en años anteriores. Además, señalan que los trabajadores ya están percibiendo el salario básico mientras se encuentran “a la orden”, es decir, disponibles para embarcar en caso de que se reactive la flota. La defensa del salario y las condiciones laborales se presenta como una línea roja infranqueable para las organizaciones gremiales.
Desarrollo de la Audiencia del 14 de Julio: Puntos Clave
La audiencia del 14 de julio, que se extendió por más de seis horas, se caracterizó por la reiteración de las posiciones ya conocidas. Las cámaras empresariales presentaron propuestas que incluían la reducción de los valores de referencia para la producción en un 22%, dejando sin efecto otros reclamos como la absorción de rubros fijos. Esta propuesta, según argumentaron, buscaba encontrar un punto intermedio que permitiera a las empresas mantener la operatividad y a los trabajadores conservar sus ingresos. Sin embargo, el SOMU rechazó de plano cualquier reducción salarial, insistiendo en que el salario de los trabajadores no es negociable.
El SOMU, representado por su Secretario General Raúl Durdos y otros referentes gremiales, argumentó que no existe documentación que respalde la situación de crisis alegada por el sector empresarial. Además, rechazaron la pretensión de las cámaras de establecer acuerdos individuales con los tripulantes, calificándola como una violación de las normas de tutela del salario y como un intento de “lockout patronal” encubierto. Esta acusación, de ser cierta, podría acarrear sanciones administrativas para las empresas por parte del Ministerio de Capital Humano. La firmeza de la postura sindical se basa en la defensa de la negociación colectiva y en la protección de los derechos laborales.
La Postura Empresarial: Rentabilidad y Sostenibilidad
Las cámaras empresariales CAPIP, CAPeCA y CEPA insisten en que la reducción de los valores de referencia es fundamental para recomponer la ecuación económica de la actividad langostinera. Argumentan que la caída de los precios del langostino congelado en los mercados internacionales ha erosionado los márgenes de ganancia de las empresas, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la actividad. La situación se agrava con el aumento de los costos operativos, como el combustible, la mano de obra y el mantenimiento de las embarcaciones. En este contexto, las empresas consideran que es necesario ajustar las condiciones laborales y salariales para evitar el cierre de unidades productivas y la pérdida de empleos.
La solicitud de libertad de acción para negociar acuerdos individuales con los tripulantes se justifica, según las cámaras, como una forma de flexibilizar las condiciones laborales y permitir a las empresas adaptarse a las circunstancias del mercado. Argumentan que algunos tripulantes podrían estar dispuestos a aceptar condiciones menos favorables a cambio de garantizar la continuidad de su empleo y el sustento de sus familias. Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazada de plano por el SOMU, que la considera una violación de los derechos laborales y un intento de debilitar la fuerza de negociación del sindicato.
La Defensa Sindical: Salario y Condiciones Laborales
El SOMU y el SIMAPE se mantienen firmes en la defensa del salario y las condiciones laborales de los trabajadores marítimos. Argumentan que los trabajadores no pueden ser los únicos responsables de afrontar las dificultades económicas del sector y que las empresas deben buscar otras alternativas para mejorar su rentabilidad. El sindicato rechaza cualquier reducción salarial, argumentando que el salario de los trabajadores es un derecho inalienable y que no puede ser utilizado como moneda de cambio en las negociaciones. Además, advierten que cualquier intento de violar las normas laborales será enfrentado con todas las herramientas legales a su alcance.
La acusación de “lockout patronal” encubierto, dirigida a las cámaras empresariales, es una estrategia para presionar a las empresas a ceder en sus demandas. El sindicato considera que la negativa de las empresas a operar la flota mientras no se llegue a un acuerdo salarial es una forma de presión indebida sobre los trabajadores y que constituye una violación de las normas laborales. Esta acusación, de ser probada, podría acarrear sanciones administrativas para las empresas y fortalecer la posición del sindicato en las negociaciones.
El Rol del Ministerio de Capital Humano y el Futuro de la Negociación
El Ministerio de Capital Humano, como mediador en el conflicto, ha intentado facilitar el diálogo entre las partes, pero hasta el momento no ha logrado resultados concretos. La firma del acta al finalizar la audiencia del 14 de julio, sin definiciones claras, evidencia la dificultad de encontrar un punto de equilibrio entre las posiciones encontradas. El ministerio ha invitado a las partes a continuar el diálogo de manera privada, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita desbloquear el complejo escenario presente. Sin embargo, las perspectivas de éxito son inciertas, dado el nivel de confrontación entre las partes.
La inactividad de la flota tangonera tiene consecuencias económicas y sociales significativas para las regiones patagónicas, donde la actividad pesquera es una fuente importante de empleo y divisas. La prolongación del conflicto podría generar despidos, pérdida de ingresos para las familias de los trabajadores y un impacto negativo en las economías regionales. Por lo tanto, es fundamental que las partes involucradas demuestren voluntad política y flexibilidad para encontrar una solución que garantice la sostenibilidad de la actividad y la protección de los derechos laborales.
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