Conflicto en la Flota Tangonera: Negociación Salarial Estancada y Denuncias en Puerto Madryn

La tensa situación en el sector pesquero argentino, particularmente en la flota congeladora tangonera, ha escalado a un punto crítico. La reciente audiencia, convocada por el Ministerio de Capital Humano, evidenció una profunda brecha entre los sindicatos marítimos y las cámaras empresariales, dejando al descubierto una disputa por los valores de referencia del langostino y las condiciones laborales de los trabajadores. Este artículo analiza en detalle los puntos de conflicto, las denuncias de presiones y amenazas, y el impacto social y económico de la crisis en las comunidades costeras, destacando la urgencia de una solución que proteja los derechos de los trabajadores y garantice la sostenibilidad del sector.

El Estancamiento en la Negociación Colectiva: El Valor del Langostino como Punto de Conflicto

La piedra angular del conflicto reside en el desacuerdo sobre el valor de referencia por tonelada de langostino. Las cámaras empresariales, CAPeCA, CAPIP y CEPA, argumentan que el monto actual está “desfasado” en relación con los precios internacionales, lo que impacta negativamente en su rentabilidad. Sostienen que la competitividad de la flota se ve comprometida por un valor que no refleja las condiciones del mercado externo. Esta postura implica, en la práctica, la necesidad de reducir los costos de producción, y los sindicatos temen que esto se traduzca en una disminución de los salarios y el deterioro de las condiciones laborales.

Por su parte, los sindicatos, representados por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), rechazan categóricamente esta propuesta. Argumentan que las cámaras empresariales han mantenido una posición inflexible, insistiendo en la reducción de los convenios colectivos de trabajo (CCT) en los valores de la producción. Los sindicatos han respondido legalmente a esta pretensión, calificándola de inconstitucional y atentatoria contra los derechos adquiridos por los trabajadores. La defensa de los CCT se erige como una línea roja para los gremios, quienes consideran que cualquier intento de modificarlos representa un ataque directo a la dignidad y el bienestar de sus afiliados.

Denuncias de Presiones y Amenazas: Un Clima de Intimidación en el Puerto de Puerto Madryn

La situación se ha agravado con denuncias de presiones y amenazas dirigidas a los trabajadores. El SOMU ha hecho pública una denuncia sobre lo ocurrido en el puerto de Puerto Madryn, donde la empresa Conarpesa habría convocado a la tripulación del buque Antonio Álvarez para salir a pescar, acompañada por una escribana que presentó un supuesto acuerdo de partes. Este acuerdo, según el sindicato, implicaría una rebaja en los valores por tonelada, lo que se traduciría en una reducción salarial para los marineros. Esta práctica, calificada por el SOMU como ilegal y abusiva, busca socavar la fuerza de la negociación colectiva y obligar a los trabajadores a aceptar condiciones desfavorables.

Además, durante la audiencia, el ministro Cordero informó sobre amenazas recibidas vía WhatsApp, donde se difundió una imagen de un arma de fuego. Si bien el SOMU aclaró que la foto corresponde a un arma legal, vinculada a una persona externa a la actividad y al gremio, la situación generó preocupación y evidenció un clima de tensión e intimidación. El sindicato responsabilizó a las empresas por generar estos conflictos y presionar a los trabajadores para que acepten unilateralmente rebajas salariales. La denuncia de amenazas subraya la gravedad de la situación y la necesidad de garantizar la seguridad y la integridad de los trabajadores.

La Firmeza Sindical: Rechazo a Acuerdos Individuales y Defensa de los Convenios Colectivos

El SOMU y el SIMAPE han manifestado un rechazo absoluto a cualquier intento de reducir los valores del CCT relacionados con la producción, calificándolo de inconstitucional y atentatorio contra la dignidad de los trabajadores. Han reiterado que no permitirán acuerdos individuales entre empresas y tripulaciones, por carecer de validez jurídica, y han exigido que toda negociación se realice con participación gremial directa. Esta postura refleja la determinación de los sindicatos de defender los derechos de sus afiliados y de garantizar que cualquier acuerdo alcanzado sea justo y equitativo.

La firmeza sindical se basa en la convicción de que los CCT son instrumentos fundamentales para proteger los derechos laborales y garantizar condiciones de trabajo dignas. Los sindicatos argumentan que cualquier modificación unilateral de estos convenios representa un retroceso en la protección social y un ataque a la estabilidad laboral de los trabajadores. La defensa de los CCT se erige como un principio fundamental para los gremios, quienes consideran que son esenciales para garantizar la justicia social y la equidad en el sector pesquero.

El Decreto 633/18 y las Limitaciones a la Implementación de Acuerdos de Crisis

El Ministerio de Capital Humano recordó que el Decreto 633/18, que habilita la aplicación de un acuerdo de crisis para liquidar el 70% del salario bruto como no remunerativo, solo podrá implementarse si es firmado conjuntamente por una entidad gremial y la empresa interesada en salir a pescar. Esta disposición establece una limitación importante a la capacidad de las empresas para implementar medidas de ajuste salarial sin el consentimiento de los sindicatos. El decreto busca proteger los derechos de los trabajadores y garantizar que cualquier acuerdo de crisis sea negociado de manera transparente y equitativa.

Sin embargo, la implementación del Decreto 633/18 ha sido objeto de controversia. Los sindicatos han expresado su preocupación por el potencial uso abusivo de esta herramienta, argumentando que podría ser utilizada para justificar rebajas salariales ilegales. Han insistido en que cualquier acuerdo de crisis debe ser negociado con la participación activa de los gremios y debe garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores. La aplicación del decreto requiere un escrutinio cuidadoso para evitar que se convierta en un instrumento de precarización laboral.

El Impacto Social y Económico de la Crisis: Una Amenaza para las Comunidades Costeras

El conflicto en el sector pesquero tiene un impacto social y económico significativo en las comunidades costeras que dependen de la actividad. La temporada de langostino entra en su fase definitiva, con apenas unas pocas mareas posibles para la flota tangonera congeladora y una pérdida estimada del 80% de la zafra en aguas nacionales. Esta situación agrava la crisis y amenaza el sustento de miles de familias que dependen del sector pesquero. La disminución de la producción de langostino tiene un efecto dominó en toda la cadena de valor, afectando a las empresas procesadoras, los transportistas, los comerciantes y otros actores económicos relacionados.

La pérdida de empleos y la reducción de los ingresos en las comunidades costeras pueden generar graves problemas sociales, como el aumento de la pobreza, la inseguridad y la migración. La crisis en el sector pesquero pone de manifiesto la vulnerabilidad de estas comunidades y la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan la diversificación económica y la creación de nuevas oportunidades de empleo. La sostenibilidad del sector pesquero es fundamental para garantizar el bienestar de las comunidades costeras y el desarrollo económico del país.

La Postura del Ministerio de Capital Humano: Una Necesidad de Mayor Firmeza y Proactividad

La postura del Ministerio de Capital Humano, encabezado por el Secretario de Trabajo Julio Cordero, ha sido criticada por su falta de firmeza y proactividad. Se considera que el ministerio tiene la potestad y la fuerza de ley para inducir a una solución ante los atributos que le confiere su investidura, cargo y función. Sin embargo, hasta el momento, no ha logrado avanzar en la negociación entre las partes y ha permitido que el conflicto se agrave. La falta de una intervención más enérgica por parte del ministerio ha generado frustración y desconfianza entre los sindicatos y ha fortalecido la posición de las cámaras empresariales.

Se espera que el Ministerio de Capital Humano asuma un rol más activo en la resolución del conflicto, promoviendo el diálogo entre las partes y buscando un acuerdo que proteja los derechos de los trabajadores y garantice la sostenibilidad del sector pesquero. Es fundamental que el ministerio ejerza su autoridad y utilice todos los mecanismos legales a su disposición para evitar que la situación se deteriore aún más. La resolución del conflicto requiere un compromiso firme por parte del gobierno y una voluntad de encontrar una solución justa y equitativa para todos los actores involucrados.

Fuente: https://pescare.com.ar/negociacion-estancada-gremios-y-empresas-sin-acuerdo/