Congreso restringe acreditaciones a periodistas: nuevos requisitos y sanciones por conducta indebida.
El Congreso de los Diputados ha endurecido significativamente las condiciones para la acreditación de periodistas, generando un debate intenso sobre la libertad de prensa y el acceso a la información parlamentaria. La nueva instrucción, aprobada por la Mesa del Congreso, establece criterios restrictivos que van desde el tamaño mínimo de la plantilla de los medios hasta la prohibición de acreditar a aquellos que colaboren con equipos de comunicación de partidos políticos. Esta medida, justificada por los socialistas y sus socios como una forma de frenar la actividad de los “pseudoperiodistas” y garantizar el buen funcionamiento de la Cámara, ha levantado críticas por parte de asociaciones de periodistas y medios de comunicación, quienes la consideran una vulneración del derecho a informar y un intento de controlar la narrativa mediática.
Nuevos Criterios de Acreditación: Un Filtro para el Acceso al Congreso
La instrucción de la Mesa del Congreso introduce una serie de requisitos que deben cumplir los medios de comunicación para obtener la acreditación de sus periodistas. Uno de los más controvertidos es la exigencia de contar con una plantilla mínima de diez trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Este criterio excluye de facto a numerosos medios digitales, blogs, canales de YouTube y pequeñas emisoras de radio o televisión que, a pesar de realizar una labor informativa relevante, no cumplen con este umbral. Además, se exige que el medio esté al corriente del pago de las cuotas a la Seguridad Social, lo que añade una capa adicional de complejidad al proceso de acreditación.
La decisión de excluir a los departamentos de comunicación de “lobbies” también ha generado controversia. Si bien es cierto que estos departamentos a menudo buscan influir en la agenda política y mediática, su exclusión total del acceso al Congreso podría limitar la capacidad de los periodistas para obtener información de primera mano sobre los intereses y las actividades de estos grupos de presión. La instrucción también prohíbe la acreditación a medios que colaboren con equipos de comunicación de partidos políticos, lo que podría dificultar el trabajo de los periodistas que buscan analizar la estrategia y el discurso de los diferentes grupos parlamentarios.
La Dirección de Comunicación del Congreso será la encargada de evaluar las solicitudes de acreditación y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. La instrucción detalla las dependencias parlamentarias a las que pueden acceder los periodistas acreditados y aquellas que requieren autorización previa. También se especifica que los periodistas literarios no podrán grabar imágenes ni vídeos en la Cámara, una actividad reservada exclusivamente a los informadores gráficos. Estas restricciones buscan, según la Mesa del Congreso, garantizar la seguridad y el orden en el recinto parlamentario.
El Régimen Sancionador: De la Denuncia a la Retirada de la Acreditación
La reforma del Reglamento del Congreso, aprobada en julio, introdujo un régimen sancionador para los informadores que incurran en conductas consideradas inapropiadas. La nueva instrucción detalla estas conductas y establece los procedimientos para su investigación y sanción. Entre las conductas sancionables se incluyen la obstrucción de la labor parlamentaria, la difusión de información falsa o engañosa, la falta de respeto a los miembros de la Cámara y la violación de las normas de seguridad. Las sanciones pueden ir desde una advertencia hasta la retirada definitiva de la acreditación.
Cuando se detecte una actuación sancionable, se podrá denunciar al periodista acreditado ante el departamento de Comunicación. La Mesa del Congreso remitirá el caso a un nuevo Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP), un órgano compuesto por miembros de la Mesa, periodistas propuestos por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y representantes de los diferentes grupos parlamentarios. Los representantes de los partidos, con un sistema de votación ponderada según su peso en el hemiciclo, decidirán si la denuncia debe dar lugar a una propuesta de sanción. La resolución final corresponderá a la Mesa del Congreso, ante la que cabe recurso.
Este nuevo régimen sancionador ha sido criticado por su potencial para limitar la libertad de prensa y la capacidad de los periodistas para investigar y denunciar irregularidades en el Congreso. Algunos expertos advierten que el sistema de votación ponderada en el CCCP podría dar a los partidos mayoritarios un control excesivo sobre las sanciones impuestas a los periodistas, lo que podría generar un clima de autocensura y limitar la diversidad de opiniones en la cobertura mediática del Congreso.
Justificación de la Medida: Frenar a los “Pseudoperiodistas” y Garantizar el Orden
Los socialistas y sus socios de investidura justifican la nueva instrucción como una medida necesaria para frenar la actividad de los “pseudoperiodistas” que, según ellos, obstaculizan la labor parlamentaria y de la prensa. Argumentan que estos individuos, que a menudo carecen de formación periodística y de ética profesional, se dedican a difundir información falsa o sesgada, a interrumpir las ruedas de prensa y a crear conflictos en el Congreso. Sostienen que la nueva instrucción permitirá distinguir a los periodistas profesionales de aquellos que se hacen pasar por tales para fines espurios.
La mayoría progresista de la Mesa del Congreso insiste en que la resolución aprobada este martes plasma por escrito normas de funcionamiento que ya se venían aplicando en la Cámara desde hace años. Afirman que la instrucción no busca restringir la actividad de los informadores, sino simplemente clarificar los criterios de acreditación y establecer un marco legal para sancionar las conductas inapropiadas. Subrayan que el acceso al Congreso sigue siendo libre para todos los ciudadanos, pero que los periodistas acreditados tienen la responsabilidad de cumplir con las normas establecidas.
Sin embargo, esta justificación no ha convencido a las asociaciones de periodistas y a los medios de comunicación críticos con la medida. Argumentan que la definición de “pseudoperiodista” es vaga y subjetiva, y que la instrucción podría utilizarse para excluir a periodistas que realizan una labor crítica con el gobierno o con los partidos mayoritarios. Temen que la nueva regulación genere un efecto disuasorio sobre la libertad de prensa y limite el acceso a la información parlamentaria.
Reacciones y Críticas: Un Debate sobre la Libertad de Prensa
La aprobación de la nueva instrucción ha generado una ola de críticas por parte de asociaciones de periodistas, medios de comunicación y partidos de la oposición. La Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) ha expresado su preocupación por el impacto de la medida en la libertad de prensa y ha anunciado que estudiará la posibilidad de recurrir la instrucción ante los tribunales. La APP considera que la exigencia de una plantilla mínima de diez trabajadores es una medida desproporcionada que excluye a numerosos medios digitales y a periodistas autónomos.
Diversos medios de comunicación han denunciado la instrucción como un intento de controlar la narrativa mediática y limitar el acceso a la información parlamentaria. Argumentan que la medida podría favorecer a los medios afines al gobierno y perjudicar a aquellos que realizan una labor crítica. Algunos expertos advierten que la instrucción podría sentar un precedente peligroso y abrir la puerta a restricciones similares en otras instituciones públicas.
Los partidos de la oposición han criticado duramente la instrucción, acusando al gobierno de socavar la libertad de prensa y de intentar silenciar a los periodistas críticos. Han anunciado que presentarán mociones en el Congreso para exigir la derogación de la medida y han prometido defender el derecho a la información y la libertad de expresión. El debate sobre la instrucción ha reavivado el debate sobre la relación entre el poder político y los medios de comunicación, y sobre la importancia de garantizar la independencia y la pluralidad de la información.
Artículos relacionados