Cooperativa Recuperadores del Sur: Denuncia de Malversación y Conflictos de Interés en la Gestión de Residuos

La economía popular, y en particular el sector de la gestión de residuos, ha emergido en Argentina como un espacio de organización y trabajo para miles de personas. Sin embargo, recientes investigaciones y decisiones administrativas revelan una trama de posibles irregularidades, conflictos de interés y desvío de fondos en torno a la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Ltda., vinculada a figuras clave de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores UTEP (FACCYR). Este artículo explora en detalle las acusaciones, las conexiones políticas y las implicaciones de este caso, que pone en tela de juicio la transparencia y la correcta administración de recursos destinados a un sector vulnerable y esencial para la sostenibilidad ambiental.

Suspensión y Sumario: El Inicio de la Investigación

El Ministerio de Capital Humano, a través del INAES, tomó la decisión de suspender la operatoria de la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Ltda. y abrió un sumario administrativo. Esta medida preventiva se basa en indicios de que la cooperativa, que se dedica a la gestión integral de residuos sólidos urbanos (RSU) y de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), podría haber sido utilizada para beneficio personal de su presidente, Héctor Eduardo Morillo, y de su familia. La cooperativa, que cuenta con las habilitaciones necesarias para operar en la Provincia de Buenos Aires, se presenta como un actor clave en el cumplimiento de las normas medioambientales por parte de los Grandes Generadores de residuos.

La investigación se inició el 13 de mayo de 2025, y rápidamente se detectó un patrón preocupante: la concentración del control de la cooperativa en manos de la familia Morillo. Héctor Morillo, además de ser el presidente, su esposa ocupa el cargo de secretaria y su hija es empleada de la cooperativa. Este esquema familiar en la gestión de la entidad plantea serias dudas sobre la independencia y la transparencia en la toma de decisiones, y sugiere una posible desnaturalización de los principios cooperativos de ayuda mutua y esfuerzo propio.

Desvío de Fondos y Beneficios Personales

Las actuaciones administrativas revelan una serie de erogaciones cuestionables realizadas con fondos de la cooperativa. Se documentaron gastos en estadías en spas de la Costa Atlántica, bebidas alcohólicas, indumentaria no relacionada con el trabajo, el seguro del auto de la hija de Morillo y la compra de una moto Honda 750, cuyo único conductor autorizado es el propio Morillo. Estas erogaciones, lejos de beneficiar a la cooperativa o a sus asociados, parecen haber sido destinadas exclusivamente al bienestar personal de la familia Morillo.

Además de estos gastos directos, se detectaron millonarias transferencias de fondos de la cooperativa a cuentas bancarias de Morillo y su hija. Asimismo, se registraron cobros de cheques por ventanilla sin que se pudiera justificar el destino final de esos fondos. Esta falta de transparencia en el manejo de los recursos financieros de la cooperativa agrava las sospechas de desvío de fondos y abuso de poder.

Dudas sobre la Operación Real y la Cantidad de Trabajadores

La investigación también pone en tela de juicio la operación real de la cooperativa y la cantidad de trabajadores que efectivamente participan en la recolección y el tratamiento de residuos. No se pudo determinar con certeza quiénes son las personas que realizan la recolección, ni si estas son asociadas de la cooperativa. Tampoco se tiene información clara sobre dónde se realiza el tratamiento de los residuos, cuánto material se recupera y cuánto se rechaza, ni dónde se dispone de los residuos no recuperables.

Esta falta de certeza sobre la operación de la cooperativa contrasta con las declaraciones públicas de Jaquelina Andrea Flores (Jackie Flores), subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Flores, en sus redes sociales, afirmó que la cooperativa cuenta con más de 100 trabajadores y que el Ministerio de Ambiente, junto al Gobernador Axel Kicillof y al Intendente de Pilar Federico Achaval, le entregó un camión para fortalecer el sistema de recolección diferenciada en el municipio de Pilar. Esta discrepancia entre la realidad investigada y las declaraciones oficiales plantea interrogantes sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades.

Conflictos de Interés y Conexiones Políticas

La figura de Jaquelina Andrea Flores adquiere relevancia en este contexto debido a sus vínculos con la FACCYR. Flores fue secretaria de la Federación durante varios años, hasta su renuncia en marzo de 2022 para asumir su cargo en el gobierno de Kicillof. Previamente, también había renunciado a la presidencia y a la asociación de su cooperativa de base, la Cooperativa de Trabajo Anuillan Ltda., que está federada en la FACCYR. Esta trayectoria profesional de Flores sugiere un fuerte vínculo con el sector de los cartoneros y recicladores, y plantea la posibilidad de conflictos de interés en su función como subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos.

Si bien Juan Grabois no ocupa un cargo formal en la FACCYR, su influencia en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) es ampliamente reconocida. Grabois ejerce una conducción visible de la UTEP a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Además, existe una relación política pública entre Flores y Grabois, evidenciada por el apoyo de Flores a la candidatura presidencial de Grabois. Estos vínculos políticos y la influencia de figuras clave en la UTEP añaden complejidad al caso y sugieren la existencia de intereses en juego que van más allá de la gestión de residuos.

Implicaciones para la Economía Popular y la Gestión de Residuos

El caso de la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Ltda. tiene implicaciones importantes para la economía popular y la gestión de residuos en Argentina. La sospecha de desvío de fondos y abuso de poder en una cooperativa que se dedica a un servicio esencial como la gestión de residuos socava la confianza en este tipo de organizaciones y pone en riesgo la sostenibilidad de proyectos similares. La falta de transparencia en el manejo de los recursos financieros y la concentración del control en manos de una familia pueden generar desconfianza entre los asociados y dificultar la participación democrática en la toma de decisiones.

Además, este caso plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control y supervisión de las cooperativas y otras organizaciones de la economía popular. La necesidad de fortalecer estos mecanismos y garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos es fundamental para evitar la repetición de situaciones similares en el futuro. La correcta administración de los fondos destinados a la economía popular es esencial para garantizar que estos recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y contribuyan al desarrollo social y económico de las comunidades.

La entrega de un camión a la cooperativa por parte del gobierno provincial, en un contexto de investigación por irregularidades, también genera controversia. Esta acción puede interpretarse como un intento de legitimar una cooperativa cuestionada y de silenciar las denuncias de desvío de fondos. La necesidad de investigar a fondo las circunstancias de esta entrega y de determinar si se ajusta a los criterios de transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos es fundamental para garantizar la rendición de cuentas.

Fuente: https://argentina.gob.ar/noticias/el-ministerio-de-capital-humano-informa-1