Córdoba Moderniza Gestión de Caminos Rurales: Más Inversión y Participación Local
Córdoba se prepara para una transformación significativa en la gestión de sus caminos rurales, una arteria vital para la productividad agropecuaria y la conectividad territorial. Tras décadas de un sistema que data de los años 90, el gobierno provincial impulsa una reforma legal integral que busca modernizar, fortalecer y descentralizar la administración de estas vías no pavimentadas. Esta iniciativa no solo implica una actualización normativa, sino también una apuesta decidida por la articulación público-privada, la ampliación de la participación de los consorcios camineros y una inversión considerable en infraestructura y maquinaria. En un contexto nacional marcado por la tendencia a la centralización y la reducción de organismos estatales, Córdoba se distingue por reforzar el rol de las entidades locales, apostando por un modelo participativo que garantice caminos rurales en condiciones óptimas para el desarrollo del sector agropecuario y la calidad de vida de sus habitantes.
El Desafío de la Gestión Vial Rural en Córdoba
La extensa red de caminos rurales de Córdoba, fundamental para el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios básicos y la integración de las comunidades rurales, enfrenta desafíos crecientes. El sistema actual, diseñado en una época diferente, adolece de limitaciones en cuanto a financiamiento, coordinación y capacidad de respuesta ante las necesidades cambiantes del territorio. El mantenimiento preventivo y correctivo de estos caminos, expuestos a las inclemencias del tiempo y al constante tránsito de vehículos pesados, requiere una inversión sostenida y una gestión eficiente. La falta de recursos adecuados y la burocracia excesiva han dificultado la realización de obras necesarias, generando deterioro en la infraestructura vial y afectando la competitividad del sector agropecuario.
Además, la gestión fragmentada de los caminos rurales, con múltiples actores involucrados y una falta de coordinación entre ellos, ha limitado la eficacia de las intervenciones. Los consorcios camineros, organizaciones locales conformadas por productores y vecinos, han desempeñado un papel crucial en el mantenimiento de los caminos, pero su capacidad de acción se ha visto restringida por la falta de recursos y de un marco legal claro que defina sus funciones y responsabilidades. La necesidad de actualizar el sistema de gestión vial rural se ha vuelto imperativa para garantizar la sostenibilidad de la producción agropecuaria, mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y promover el desarrollo económico de la provincia.
La Reforma Legal: Pilares Fundamentales
El proyecto de ley impulsado por el gobierno de Córdoba se basa en una serie de pilares fundamentales que buscan transformar la gestión vial rural. En primer lugar, se propone establecer un esquema integral de financiamiento que garantice la disponibilidad de recursos suficientes para el mantenimiento y la mejora de los caminos. Este esquema se nutrirá principalmente del Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA), que se financia con el 98% de lo recaudado por el impuesto inmobiliario rural, pero también incorporará otros ingresos como aportes de socios, donaciones, subsidios y multas por daños en los caminos. Esta diversificación de las fuentes de financiamiento permitirá reducir la dependencia del presupuesto provincial y asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
En segundo lugar, la reforma legal busca fortalecer la articulación público-privada, promoviendo la participación activa de los consorcios camineros en la gestión de los caminos. Se integrarán formalmente a la estructura legal la Asociación de Consorcios Camineros, los Consorcios Regionales, los Consorcios Camineros locales, los Consorcios de Gestión de Caminos y Suelos, y el Consorcio Caminero Único, otorgándoles mayor autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones. Esta descentralización de la gestión permitirá adaptar las intervenciones a las necesidades específicas de cada territorio y agilizar los procesos de ejecución de obras.
En tercer lugar, el proyecto de ley establece el Ministerio de Bioagroindustria como autoridad de aplicación, responsable de coordinar la implementación de la reforma y de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. El ministerio trabajará en estrecha colaboración con representantes del sector agropecuario, los consorcios camineros y legisladores de distintas fuerzas políticas, asegurando un proceso de construcción consensuado y transparente.
Inversión en Infraestructura y Maquinaria
Paralelamente a la reforma legal, el gobierno de Córdoba ha anunciado una asignación presupuestaria adicional de $9.500 millones para obras viales y $3.000 millones para la compra de maquinaria por parte de los Consorcios Camineros. Esta inversión significativa tiene como objetivo fortalecer la infraestructura vial productiva y dotar a los consorcios de los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y mejora de los caminos. La adquisición de maquinaria moderna y eficiente permitirá optimizar los tiempos de ejecución de las obras, reducir los costos y mejorar la calidad de los trabajos realizados.
La asignación presupuestaria se destinará a la ejecución de obras de mejoramiento de la transitabilidad, como la nivelación de caminos, la construcción de puentes y alcantarillas, y la reparación de baches y desniveles. También se priorizarán las obras de mantenimiento preventivo, como la limpieza de banquinas, la desmalezación y la reparación de cunetas, que contribuyen a prolongar la vida útil de los caminos y a reducir los costos de mantenimiento a largo plazo. La inversión en infraestructura y maquinaria se complementará con programas de capacitación para los operadores de los consorcios camineros, asegurando que cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para utilizar la maquinaria de manera eficiente y segura.
El Estado Actual de las Obras y Proyecciones Futuras
Actualmente, se encuentran en marcha 202 obras de mantenimiento y mejora en caminos rurales, con una inversión de $3.801 millones. Estas obras abarcan una amplia gama de intervenciones, desde la reparación de caminos de tierra hasta la construcción de puentes de hormigón. El gobierno provincial ha priorizado las obras en aquellas zonas donde la infraestructura vial se encuentra en peor estado y donde el impacto en la producción agropecuaria es mayor. Se han establecido mecanismos de control y seguimiento para garantizar que las obras se ejecuten de acuerdo con los plazos y presupuestos establecidos, y que se cumplan los estándares de calidad requeridos.
Para el período 2024-2025 se proyectan al menos 243 intervenciones adicionales, lo que demuestra la continuidad de una política que apunta a sostener la productividad agropecuaria y la conectividad territorial. Estas nuevas intervenciones se planificarán en función de las necesidades identificadas por los consorcios camineros y las autoridades locales, y se priorizarán aquellas obras que tengan un mayor impacto en el desarrollo económico y social de las comunidades rurales. El gobierno provincial se ha comprometido a seguir invirtiendo en la mejora de la infraestructura vial rural, reconociendo su importancia estratégica para el futuro de la provincia.
Córdoba Frente a la Tendencia Nacional: Un Modelo Descentralizado
En un contexto nacional donde el Gobierno central impulsa la eliminación de organismos como Vialidad Nacional, la provincia de Córdoba adopta una postura contraria, reforzando el rol de las entidades locales en la gestión vial. Esta decisión estratégica responde a la convicción de que las comunidades locales son las que mejor conocen sus necesidades y las que están en mejor posición para gestionar sus propios caminos. El modelo descentralizado que impulsa Córdoba se basa en la idea de que la gestión vial debe ser participativa, transparente y eficiente, y que los recursos deben ser asignados de manera equitativa y en función de las prioridades locales.
La apuesta por un modelo descentralizado y participativo no solo garantiza una mejor gestión de los recursos, sino que también fortalece la capacidad de las comunidades locales para tomar decisiones y asumir responsabilidades. Al involucrar a los consorcios camineros y a las autoridades locales en la planificación y ejecución de las obras, se fomenta la apropiación de los proyectos y se asegura su sostenibilidad a largo plazo. La experiencia de Córdoba en la gestión vial rural puede servir de ejemplo para otras provincias del país, demostrando que es posible construir un modelo más eficiente, transparente y participativo que beneficie a todos los ciudadanos.
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