Crímenes de Lesa Humanidad en Comodoro Rivadavia: Fiscalía pide hasta 19 años de prisión.
La fiscalía solicitó penas de hasta 19 años de prisión para seis acusados por crímenes de lesa humanidad. El fiscal general Teodoro Nürnberg realizó la solicitud ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Comodoro Rivadavia, imputando a tres exmilitares, dos policías de la provincia de Santa Cruz y un prefecto por crímenes cometidos en el centro clandestino “Las Casitas” del Regimiento 8 de Infantería General O’Higgins durante la época del terrorismo de Estado.
Alegato Fiscal y Pedidos de Pena
En su alegato, que duró seis horas, el representante del Ministerio Público Fiscal expuso los hechos investigados, la existencia de centros clandestinos de detención, las calificaciones legales y el pedido de pena para los imputados. Asimismo, solicitó la absolución para Rafael Augusto Manuelides, integrante de la policía de Santa Cruz.
Varios acusados fallecieron antes del inicio del debate: Jorge Alberto Chanfreau, Carlos María Gómez Coll, Carlos Daniel Moreno, Roberto Francisco Blumetti, José Mercedes Muñoz y Carlos Alberto Seguel Páez.
Las Víctimas y el Juicio
El juicio, iniciado en agosto pasado, juzga los crímenes en perjuicio de 23 víctimas secuestradas en Comodoro Rivadavia, Güer Aike, Pico Truncado, Caleta Olivia, La Plata, y trasladadas desde los penales de Rawson y Trelew. Entre las víctimas se encuentra el militante universitario Guillermo Silvera, quien permanece desaparecido.
El Centro Clandestino “Las Casitas” y Otros Centros
El fiscal Nürnberg aseguró que, desde enero de 1976, en Comodoro Rivadavia existieron varios centros clandestinos de detención bajo control operacional militar. Entre ellos mencionó la sede de la Policía Federal Argentina, la delegación local de la Prefectura Naval Argentina, el Regimiento 8 de Infantería, el Batallón Logístico IX, la Compañía de Mantenimiento 181 y las comisarías locales.
Respecto al CCD “Las Casitas”, Nürnberg señaló que los testimonios de las víctimas coincidían en que se encontraban en una unidad militar por la que pasaban aviones.
La Represión y el Rol del Poder Judicial
El fiscal describió la represión de disidentes como teniendo “apariencia de legalidad”, con una creciente preponderancia de legislación represiva y la organización de un aparato de represión clandestina y sistemática, citando el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la Masacre de Trelew.
Nürnberg también abordó el rol del Poder Judicial, específicamente la complicidad del fallecido juez federal de Rawson, Omar Garzonio. Según el fiscal, Garzonio ignoraba denuncias de tortura por falta de pruebas.
El fiscal señaló que la causa se inició en 1987, con denuncias previas de la CONADEP desde 1984, destacando el largo letargo del proceso. Recordó una pregunta de Graciela Mura, esposa de una víctima, sobre la demora en la investigación, a la que el Estado, según el fiscal, respondió con casi 20 años de inacción.
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