Crisis Judicial en Santa Cruz: Abogados denuncian intromisión política y fallos arbitrarios
La Asociación de Abogados advierte sobre la crisis del Poder Judicial y recorre sus causas en Santa Cruz. Ante hechos de dominio público que evidencian una grave crisis de institucionalidad, reiteramos nuestra exhortación a los tres poderes del Estado a ajustar su actuación a los límites marcados por la Constitución Provincial y los principios republicanos y democráticos de Gobierno.
Crisis en el Poder Judicial
Advertimos con gran preocupación cómo una disputa política entre distintos espacios ha escalado al punto de trasladarse de manera explícita al mismo Poder Judicial, llegando al extremo de desestabilizar directamente a uno de los 3 Poderes del Estado.
Hoy tenemos dos facciones disputándose el manejo del TSJ, con 4 vocales que no reconocen como tales a otros 4 vocales, pero que sin embargo han jurado y ya se encuentran en ejercicio del cargo.
La gravedad institucional de lo que estamos padeciendo los santacruceños es manifiesta, y consideramos que se encuentra afectado el sistema republicano y el estado de derecho; resaltando que ya hay actores que reclaman la intervención federal por dicho motivo.
Intromisión del Poder Judicial
Desde esta Asociación de Abogados de Río Gallegos venimos advirtiendo sobre la intromisión reiterada del Poder Judicial en áreas que son propias del Poder Legislativo.
Esto no era una situación aislada sino demostrativa de un accionar por parte de la corporación judicial que intentaba vetar cambios institucionales que les quitaban poder y privilegios en detrimento de la ciudadanía.
Medidas Cautelares y Denuncias
Hemos denunciado públicamente la flagrante violación de la ley y la constitución, consecuencia de la medida cautelar ordenada por la Jueza de Familia Nro. 3 de Río Gallegos, Cecilia López.
La jueza suspendió de modo arbitrario y carente de fundamentación los artículos 6 y 12 de la Ley 3.910 que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
Pretendiendo desconocer la designación por elección de sus pares como presidente del Consejo de la Dra. María Cristina Riera, representante de los abogados del Foro, y restituir en el cargo al Dr. Mauricio Mariani.
Intervenciones Previas y Mecanismos de Control
Este tipo de intervención ya había sido ejecutada por ese mismo Juzgado de Familia ante la puesta en marcha de la nueva ley de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
También se suspendió su vigencia por una medida cautelar solicitada desde la Asociación de Magistrados, quienes planteaban que al quitar la nueva ley el procedimiento previo de admisibilidad ante el propio TSJ se afectaba la independencia del poder judicial.
La Constitución Provincial garantiza a todos los ciudadanos el poder denunciar directamente ante el Tribunal de Enjuiciamiento a los jueces, siendo el procedimiento previo ante el TSJ un evidente mecanismo para obturar desde el propio poder judicial el avance de las denuncias contra los magistrados.
Golpe Institucional y Exceso de Competencia
Resaltamos la gravedad institucional que representa el hecho de que sea el propio poder judicial quien mediante fallos arbitrarios suspenda reformas que hacen al mejoramiento del sistema de administración de justicia.
Estas actuaciones sólo tienden a mantener el manejo de los mecanismos de acceso y control de la magistratura en manos de la cabeza del poder judicial, quedando excluidos del debate democrático y control republicano.
Es en ese contexto en que el Dr. Bersanelli dicta la Medida Cautelar contra la Ley que amplía el TSJ, y que el gobierno provincial denuncia un “Golpe Institucional” por parte del Poder Judicial.
Dicha medida cautelar ha sido también cuestionada por excederse en su competencia, violando la división de poderes al inmiscuirse en cuestiones propias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo sin que se advierta inconstitucionalidad y/o ilegalidad manifiesta.
Cualquier exceso en su función jurisdiccional, debe revisarse institucionalmente.
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