Cristina Kirchner: Fiscalía pide prisión y decomiso millonario por corrupción vial.
La reciente solicitud de detención inmediata para Cristina Fernández de Kirchner, junto con el pedido de decomiso de bienes por un monto significativo, ha sacudido el panorama político y judicial argentino. Este caso, conocido como la causa Vialidad, se remonta a más de una década y ha sido objeto de múltiples investigaciones, apelaciones y controversias. El presente artículo desglosa la cronología, los actores clave, las acusaciones y los fallos judiciales que conforman este complejo entramado legal, ofreciendo una visión detallada de los acontecimientos que han llevado a esta situación.
- El Origen de la Investigación: Denuncia de Elisa Carrió y Primeros Impulsos
- La Investigación de Ercolini y el Procesamiento de Kirchner
- La Elevación a Juicio y el Papel del Tribunal Oral Federal N° 2
- La Condena en Primera Instancia y las Acusaciones de los Fiscales
- Confirmación de la Condena en Casación y el Pedido de Detención
- El Rol de Lázaro Báez y Otras Figuras Clave
- El Impacto Político y las Reacciones a la Condena
El Origen de la Investigación: Denuncia de Elisa Carrió y Primeros Impulsos
La semilla de la causa Vialidad se plantó en 2008, cuando la entonces diputada Elisa Carrió presentó una denuncia que alertaba sobre una posible cartelización en la obra pública durante la presidencia de Néstor Kirchner. Carrió argumentaba que un grupo de empresas, favorecidas por el gobierno, se beneficiaban de contratos inflados y condiciones irregulares. Sin embargo, la investigación no tomó un impulso significativo hasta 2016, cuando Javier Iguacel, ex director de Vialidad Nacional, decidió avanzar con la denuncia, aportando nuevos elementos y evidencias.
Iguacel, en su denuncia, se centró en la adjudicación de una cincuentena de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Señaló sobreprecios, pagos adelantados y el incumplimiento de plazos como indicios de corrupción y asociación ilícita. Esta nueva información revitalizó la investigación, que hasta entonces se había mantenido relativamente estancada.
La Investigación de Ercolini y el Procesamiento de Kirchner
En 2016, el juez Julián Ercolini asumió la investigación de la causa Vialidad. Junto con los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques, Ercolini comenzó a recopilar pruebas y testimonios que apuntaban a la posible participación de Cristina Kirchner y otros funcionarios en un esquema de corrupción. Uno de los nombres que rápidamente surgió como figura central en la investigación fue el del empresario Lázaro Báez, propietario de la empresa Austral Construcciones, principal beneficiaria de las obras públicas en Santa Cruz.
En diciembre de 2016, Ercolini procesó a Cristina Kirchner por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada, imponiéndole un embargo de 10 mil millones de pesos. La acusación se basaba en la presunta manipulación de licitaciones y la asignación irregular de contratos a empresas vinculadas a Báez. En 2018, Ercolini solicitó la elevación a juicio oral y público, dando un paso crucial en el proceso judicial.
La Elevación a Juicio y el Papel del Tribunal Oral Federal N° 2
Tras la solicitud de elevación a juicio, el caso quedó a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. El tribunal comenzó a analizar las pruebas presentadas por la fiscalía y la defensa, y a escuchar los testimonios de los testigos. La Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera se sumaron como querellantes en el proceso, buscando la condena de los acusados.
El juicio oral y público se inició el 21 de abril de 2019 y se extendió por varios meses. Durante el proceso, se presentaron numerosas pruebas documentales, testimoniales y periciales que buscaban demostrar la existencia de un esquema de corrupción en la obra pública. La defensa de Cristina Kirchner argumentó que las acusaciones eran infundadas y que se trataba de una persecución política.
La Condena en Primera Instancia y las Acusaciones de los Fiscales
El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 emitió su fallo en la causa Vialidad. Si bien absolvió a Cristina Kirchner del delito de ser jefa de una asociación ilícita, la condenó por administración fraudulenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal consideró que se había probado que la ex presidenta había favorecido a la empresa Austral Construcciones en la adjudicación de obras públicas, causando un perjuicio al Estado.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, insatisfechos con el fallo, apelaron la decisión, solicitando una condena más severa. Argumentaron que Cristina Kirchner había sido la jefa de una asociación ilícita que se dedicaba a desviar fondos públicos a través de la obra pública. En su acusación, señalaron que la empresa Austral Construcciones había recibido la mayoría de las obras públicas de Santa Cruz de manera irregular, con licitaciones manipuladas y sobreprecios.
Confirmación de la Condena en Casación y el Pedido de Detención
El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta. Los jueces de Casación consideraron que las pruebas presentadas eran suficientes para acreditar la responsabilidad penal de la ex presidenta en el delito. El fallo de Casación dejó firme la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua.
Ante la firmeza de la condena, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la detención inmediata de Cristina Kirchner y el decomiso de bienes por un monto total de 84.835 millones de pesos. Los fiscales argumentaron que el decomiso de bienes era necesario para recuperar el dinero que había sido desviado a través del esquema de corrupción. La solicitud de detención y decomiso ahora está en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, que deberá decidir si la ex presidenta debe ser encarcelada y si se procede al decomiso de sus bienes.
El Rol de Lázaro Báez y Otras Figuras Clave
A lo largo de la investigación, el empresario Lázaro Báez emergió como una figura central en la causa Vialidad. Báez, propietario de Austral Construcciones, fue acusado de ser el principal beneficiario del esquema de corrupción, recibiendo la mayoría de las obras públicas en Santa Cruz de manera irregular. Además de Báez, otros funcionarios y empresarios fueron implicados en la investigación, incluyendo a José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; y Julio De Vido, ex ministro de Infraestructura.
José López y Nelson Periotti fueron condenados por su participación en el esquema de corrupción, mientras que Julio De Vido fue absuelto. La investigación reveló que se habían utilizado diversas maniobras para favorecer a Austral Construcciones, incluyendo la manipulación de licitaciones, la asignación de contratos sin cumplir con los requisitos legales y el pago de sobreprecios. El caso Vialidad ha puesto de manifiesto la complejidad de los esquemas de corrupción en la obra pública y la dificultad de llevar a los responsables ante la justicia.
El Impacto Político y las Reacciones a la Condena
La condena a Cristina Fernández de Kirchner ha tenido un impacto significativo en el panorama político argentino. La ex presidenta ha denunciado que se trata de una persecución política y que la condena es parte de un plan para inhabilitarla para participar en futuras elecciones. Sus seguidores han organizado manifestaciones en su apoyo y han criticado duramente al sistema judicial.
La oposición, por su parte, ha celebrado la condena y ha exigido que se haga justicia. Han argumentado que la condena es un paso importante en la lucha contra la corrupción y que envía un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. La causa Vialidad ha polarizado aún más la política argentina y ha generado un clima de tensión y confrontación.
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