Cristina Kirchner: Procurador pide 12 años de prisión por asociación ilícita y decomiso millonario.
La saga judicial que involucra a Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina, ha alcanzado un nuevo punto crítico. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia una condena de 12 años de prisión para la exmandataria por el delito de asociación ilícita en el caso “Vialidad”. Este dictamen, que busca revertir las decisiones previas de tribunales inferiores, reaviva el debate sobre la corrupción en la obra pública y las implicaciones políticas de una posible condena en un año electoral. El caso, complejo y extenso, ha generado una fuerte expectativa pública y pone a prueba la independencia del Poder Judicial.
El Caso “Vialidad”: Orígenes y Desarrollo
La causa “Vialidad” se centra en la presunta corrupción en la adjudicación de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). La investigación apunta a un esquema en el que empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez habrían sido favorecidas de manera irregular en la obtención de contratos de obra pública, desviando fondos públicos y generando un perjuicio económico significativo. La acusación principal sostiene que se creó una asociación ilícita para manipular las licitaciones y garantizar que las empresas de Báez fueran las adjudicatarias, independientemente de su capacidad técnica o económica.
El proceso judicial ha sido largo y tortuoso, con múltiples instancias y recursos. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, pero la absolvió del cargo de asociación ilícita. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía, que insistió en la necesidad de condenar a la exmandataria también por el delito de asociación ilícita. La Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena por administración fraudulenta en noviembre de 2023, pero mantuvo la absolución por asociación ilícita, generando un nuevo recurso por parte del Ministerio Público Fiscal.
El Dictamen del Procurador General Eduardo Casal
El dictamen de 13 páginas presentado por Eduardo Casal ante la Corte Suprema de Justicia representa un punto de inflexión en el caso. Casal respalda la postura original de la Fiscalía y solicita una condena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner por asociación ilícita, argumentando que la Cámara de Casación Penal no respondió adecuadamente al planteo del Ministerio Público Fiscal. El procurador sostiene que las irregularidades detectadas en las 51 obras públicas no pueden ser consideradas como hechos aislados, sino como parte de un plan sistemático y coordinado para desviar fondos públicos.
Casal enfatiza que la existencia de un solo plan de corrupción no es incompatible con la figura de la asociación ilícita, cuya configuración no depende de la ejecución de múltiples delitos. Además, subraya que la Cámara de Casación no abordó el argumento de la Fiscalía sobre que los hechos ocurrieron a lo largo de tres gobiernos y en un lapso de 12 años, lo que evidencia la continuidad y la sistematicidad del esquema corrupto. El procurador también avala la solicitud de anular las absoluciones de otros acusados, como Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro.
La Solicitud de Decomiso de Fondos
Además de la condena, el procurador Casal solicita que se eleve el monto del decomiso contra los condenados a 5.321.049.272,42 pesos, correspondiente al valor actualizado del perjuicio económico al momento de hacerse efectiva la sentencia. Esta solicitud busca recuperar los fondos desviados a través del esquema corrupto y resarcir el daño causado al Estado. La Cámara de Casación había reducido este monto, lo que motivó la crítica de Casal, quien argumenta que el tribunal no brindó un tratamiento adecuado al cálculo detallado presentado por el Ministerio Público Fiscal.
El decomiso de fondos es un aspecto crucial del caso, ya que busca no solo castigar a los responsables de la corrupción, sino también recuperar los recursos públicos malversados. La magnitud del monto solicitado refleja la gravedad de los hechos y el impacto económico del esquema corrupto en la provincia de Santa Cruz y en el país en su conjunto. La decisión de la Corte Suprema sobre este punto tendrá implicaciones significativas para la recuperación de fondos públicos y la lucha contra la impunidad.
La Corte Suprema y el Año Electoral
Con el dictamen de Eduardo Casal, la Corte Suprema de Justicia, integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quedó en condiciones de pronunciarse sobre el caso. El fallo genera una fuerte expectativa, ya que podría tener consecuencias políticas significativas, especialmente en un año electoral. La inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, que ya fue impuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y ratificada por la Cámara de Casación Penal, impediría a Cristina Kirchner postularse a cargos electivos, como la presidencia o la gobernación de la provincia de Buenos Aires.
La Corte Suprema deberá resolver tanto el planteo de Casal como el recurso de la defensa de Cristina Kirchner, que insiste en su absolución. La decisión del máximo tribunal será crucial para determinar el futuro político de la exmandataria y para consolidar o debilitar la lucha contra la corrupción en Argentina. La independencia y la imparcialidad del Poder Judicial serán puestas a prueba en este caso de alta sensibilidad política y social.
Otros Implicados y sus Defensas
Además de Cristina Kirchner, otros acusados en el caso “Vialidad” también esperan la decisión de la Corte Suprema. Lázaro Báez, el empresario vinculado a las empresas favorecidas en la adjudicación de las obras públicas, enfrenta graves acusaciones y podría recibir una condena significativa. José López, el ex secretario de Obras Públicas, también está implicado en el esquema corrupto y podría ser condenado por asociación ilícita. José Periotti, el ex titular de Vialidad Nacional, y cinco ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz también esperan la resolución de la Corte.
La defensa de los acusados insiste en su absolución, argumentando que no existen pruebas suficientes para demostrar su participación en el esquema corrupto. Los abogados de los acusados sostienen que las irregularidades detectadas en las obras públicas fueron producto de errores administrativos o de decisiones políticas legítimas, y que no constituyen un delito. La Corte Suprema deberá analizar cuidadosamente las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Antecedentes y Controversias en la Investigación
La investigación del caso “Vialidad” ha estado marcada por la controversia y las acusaciones de persecución política. La defensa de Cristina Kirchner ha denunciado que la investigación fue motivada por razones políticas y que se utilizó el Poder Judicial para hostigarla y obstaculizar su carrera política. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes llevaron adelante la investigación en la etapa oral y pública, también fueron objeto de críticas y acusaciones de parcialidad.
La complejidad del caso y la cantidad de pruebas presentadas han dificultado el proceso judicial y han generado dudas sobre la imparcialidad de los tribunales. La división de opiniones entre los jueces en las diferentes instancias del proceso judicial también ha contribuido a la incertidumbre y la controversia. La Corte Suprema deberá tomar una decisión que sea justa, imparcial y basada en las pruebas presentadas, para evitar alimentar las sospechas de persecución política y garantizar la credibilidad del Poder Judicial.
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