Decreto de Boluarte flexibiliza penas de prisión para minería ilegal

La ilegalidad minera en Perú avanza a pasos agigantados, violando leyes y destruyendo el medio ambiente. Una reciente investigación reveló que el Decreto Legislativo 1585, promulgado por el Gobierno de Dina Boluarte en noviembre de 2023, podría poner en libertad a más de 10.000 infractores de la minería ilegal al flexibilizar las penas.

Decreto Legislativo 1585: Amenaza a la Justicia Ambiental

El Decreto Legislativo 1585 debilita significativamente las sanciones contra la minería ilegal. Elimina las penas de prisión efectiva para las multas que no superen los dos años y las penas de prestación de servicios para las que no superen los cinco años. Además, eleva el límite de las penas de prisión para la minería ilegal de cuatro a cinco años.

Este cambio en la legislación permite que los infractores de la minería ilegal escapen a la cárcel si sus condenas no superan los nuevos límites. Esto es especialmente preocupante dado que las penas mínimas por minería ilegal son de tres años, mientras que las máximas pueden llegar a los 12 años.

Impacto en la Lucha Contra la Minería Ilegal

Las penas más leves para la minería ilegal debilitan la lucha contra este delito ambiental. Entre 2019 y marzo de 2024, el Ministerio Público recibió más de 20.000 denuncias por minería ilegal, y más de 10.000 de ellas solo en la Amazonía.

Sin embargo, solo 57 casos han sido resueltos en los últimos seis años. Esta impunidad fomenta la continuación de la actividad ilegal y socava los esfuerzos para proteger el medio ambiente.

Minificación de las Sanciones

El Decreto Legislativo 1585 también minimiza las sanciones por minería ilegal agravada, que incluye actividades en cuerpos de agua y reservas naturales. Estas penas podrían convertirse ahora en vigilancia electrónica y prestación de servicios, lo que reduce la severidad de las sanciones.

Esta medida podría beneficiar a muchos infractores al permitirles argumentar desconocimiento de las áreas protegidas para recibir penas mínimas. Esto conduciría a una mayor impunidad y socavaría aún más la protección ambiental.

Dificultades en el Proceso Judicial

La lucha contra la minería ilegal se ve obstaculizada aún más por el bajo número de procesos judiciales concluidos y la dificultad para encontrar pruebas suficientes.

Los recursos y capacidades del Poder Judicial y el Ministerio Público son insuficientes para gestionar estos casos eficazmente, lo que retrasa los juicios y facilita la impunidad.

"El Decreto Legislativo 1585 es un duro golpe a la lucha contra la minería ilegal. Debilita las penas, minimiza las sanciones y dificulta aún más la obtención de justicia para las víctimas de este delito ambiental."

César Ipenza, Abogado en Materia Ambiental

Recomendaciones para Fortalecer la Lucha

Para abordar las dificultades en la lucha contra la minería ilegal, se necesitan varias medidas:

• Fortalecer la vigilancia en las regiones afectadas.
• Mejorar los recursos judiciales, incluyendo el número de jueces y fiscales, y proporcionarles capacitación especializada en delitos ambientales.
• Aumentar las penalidades para asegurar que las medidas coercitivas sean efectivas contra los delitos de minería ilegal y otros delitos ambientales.

Estas medidas fortalecerían la lucha contra la minería ilegal, protegerían el medio ambiente y garantizarían que los infractores rindan cuentas por sus crímenes.

Fuente: https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2237339-3

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