Derogación Ley de Cabotaje: Amenaza a Soberanía, Empleo y Economías Regionales Argentinas

La reciente propuesta del gobierno argentino de derogar la Ley de Cabotaje, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), ha desatado una fuerte controversia y generado una profunda preocupación en diversos sectores del país. Esta medida, que busca permitir el transporte de cargas entre puertos argentinos en embarcaciones de bandera extranjera, es vista por muchos como una amenaza a la soberanía económica, logística y territorial de la nación. El testimonio del secretario gremial del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Alejandro Acosta, ante la Cámara de Senadores, expone con claridad los riesgos y las consecuencias potencialmente devastadoras de esta iniciativa. Este artículo explorará en detalle los argumentos en contra de la derogación de la Ley de Cabotaje, analizando sus implicaciones para el empleo, las economías regionales, el desarrollo federal, la formación profesional y, en última instancia, la soberanía nacional.

La Ley de Cabotaje: Pilar de la Soberanía Marítima Argentina

La Ley de Cabotaje, en su esencia, protege la actividad marítima nacional al reservar el transporte de cargas entre puertos argentinos a embarcaciones de bandera nacional, tripuladas por marinos argentinos. Esta legislación no es una mera formalidad, sino un instrumento fundamental para garantizar la independencia y el control del país sobre sus propias rutas marítimas y fluviales. Al priorizar la flota nacional, la Ley de Cabotaje contribuye a mantener una capacidad logística estratégica, esencial para el comercio, la defensa y el desarrollo económico. La derogación de esta ley implicaría la apertura del mercado a la competencia extranjera, lo que podría resultar en la pérdida de control sobre el transporte de mercancías vitales para el país.

Históricamente, la Ley de Cabotaje ha sido un componente clave de las políticas de desarrollo industrial y de fomento de la Marina Mercante Argentina. Al proteger la industria nacional, la ley ha incentivado la inversión en astilleros, la formación de marinos y la creación de empleos en sectores relacionados con la actividad marítima. La eliminación de esta protección podría desencadenar una crisis en la industria naval argentina, con consecuencias negativas para la economía y el empleo en todo el país. Además, la dependencia de embarcaciones extranjeras para el transporte de cargas podría exponer a Argentina a fluctuaciones en los precios del flete y a posibles interrupciones en el suministro de bienes esenciales.

Impacto en el Empleo y las Economías Regionales

Uno de los argumentos más contundentes contra la derogación de la Ley de Cabotaje es su impacto directo en el empleo argentino. La actividad marítima genera miles de puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país, desde marinos y astilleros hasta cooperativas y proveedores logísticos. La apertura del mercado a la competencia extranjera podría llevar a la pérdida de estos empleos, especialmente en las provincias costeras y en aquellas que dependen en gran medida de la actividad portuaria. Alejandro Acosta advierte que la desaparición de los empleos marítimos afectaría la vida de pueblos enteros, al disminuir la capacidad de consumo y la actividad económica en muchas provincias.

El impacto no se limitaría a los marinos. La industria astillera, que se beneficia directamente de la Ley de Cabotaje, también se vería gravemente afectada. La construcción y el mantenimiento de embarcaciones de bandera nacional generan empleos altamente calificados y contribuyen al desarrollo tecnológico del país. La pérdida de contratos por parte de los astilleros argentinos podría llevar a su cierre y a la pérdida de conocimientos y capacidades estratégicas. Asimismo, las cooperativas y los proveedores logísticos que dependen de la actividad marítima se verían perjudicados, lo que podría generar un efecto dominó en toda la cadena de valor.

La Amenaza a la Formación Profesional y la Marina Mercante

La derogación de la Ley de Cabotaje también representa una amenaza para el sistema de formación profesional de marinos en Argentina. El país cuenta con tres escuelas especializadas en la formación de tripulantes: la Escuela Nacional de Pesca, la Escuela Náutica y la Escuela Fluvial. Estas instituciones son fundamentales para garantizar la disponibilidad de personal calificado para la Marina Mercante Argentina. La reducción de la actividad marítima nacional, como consecuencia de la apertura del mercado a la competencia extranjera, podría llevar a la disminución de la demanda de marinos y, en última instancia, al cierre de estas escuelas.

La formación de un tripulante lleva años de estudio y práctica, y requiere una inversión significativa en infraestructura y recursos humanos. Si se destruye el sistema de formación profesional, sería extremadamente difícil recuperarlo en el futuro. La pérdida de esta capacidad estratégica podría obligar a Argentina a depender de marinos extranjeros para operar sus propias embarcaciones, lo que comprometería la seguridad y la eficiencia del transporte marítimo nacional. Además, la desaparición de las escuelas de formación marítima tendría un impacto negativo en las economías locales, al disminuir la afluencia de estudiantes y la generación de empleo en las comunidades donde se ubican.

La Entrega de Soberanía y el Control de las Rutas Marítimas

El argumento más contundente contra la derogación de la Ley de Cabotaje es su implicación en la pérdida de soberanía nacional. Al permitir que embarcaciones de bandera extranjera operen en aguas argentinas, el país renunciaría al control sobre sus propias rutas marítimas y fluviales. Esta renuncia podría tener consecuencias negativas para la seguridad nacional, al facilitar el transporte de mercancías ilegales o el acceso a zonas estratégicas por parte de actores hostiles. Además, la dependencia de embarcaciones extranjeras para el transporte de cargas podría exponer a Argentina a presiones políticas y económicas por parte de otros países.

Alejandro Acosta sostiene que la derogación de la Ley de Cabotaje no es una medida técnica ni neutral, sino una renuncia explícita a la soberanía económica, logística y territorial de la nación. Al entregar el control de sus rutas marítimas a intereses extranjeros, Argentina perdería una herramienta fundamental para defender sus propios intereses y promover su desarrollo económico. La Ley de Cabotaje es un símbolo de la independencia y la autodeterminación de la nación, y su derogación sería un paso atrás en la construcción de un país soberano y próspero.

El Paralelismo con Países Desarrollados y la Defensa de Intereses Nacionales

Acosta señala que Argentina se vería obligada a renunciar a protecciones que países desarrollados defienden con firmeza. Las naciones más avanzadas del mundo protegen sus industrias estratégicas y sus mercados internos, y no dudan en utilizar todas las herramientas a su alcance para defender sus intereses nacionales. La derogación de la Ley de Cabotaje sería una señal de debilidad y una muestra de falta de compromiso con el desarrollo económico y la soberanía nacional. En lugar de imitar políticas que han demostrado ser perjudiciales para otros países, Argentina debería seguir el ejemplo de aquellos que han logrado construir economías fuertes y resilientes.

La defensa de la Ley de Cabotaje no es un acto de proteccionismo, sino una medida necesaria para garantizar la supervivencia de la industria marítima nacional y proteger los intereses de los trabajadores y las comunidades que dependen de ella. La Ley de Cabotaje es una herramienta fundamental para promover el desarrollo federal, al incentivar la actividad económica en las provincias costeras y en aquellas que dependen del transporte fluvial. Al fortalecer la Marina Mercante Argentina, el país estaría invirtiendo en su propio futuro y construyendo una economía más diversificada y resiliente.

Fuente: https://pescare.com.ar/alejandro-acosta-sin-ley-de-cabotaje-desaparece-la-marina-mercante/