Destituyen al jefe de Vialidad Santa Cruz por demoler monumento a Osvaldo Bayer
La demolición del monumento a Osvaldo Bayer en Río Gallegos, Santa Cruz, a finales de marzo, desató una ola de indignación y controversia a nivel nacional. Lo que inicialmente se justificó como una medida de seguridad vial, rápidamente se percibió como un acto de desconsideración hacia la memoria de un intelectual clave en la historia argentina. Este incidente no solo expuso tensiones entre diferentes niveles de gobierno y la administración de Vialidad Nacional, sino que también reavivó el debate sobre la preservación del patrimonio cultural y la importancia de honrar a figuras emblemáticas del pensamiento crítico. La destitución del jefe de Vialidad, Paulo Croppi, y de otro funcionario, Raúl Borquez, es la última consecuencia de una decisión que ha generado un profundo malestar social y político.
- El Contexto del Monumento y la Figura de Osvaldo Bayer
- La Demolición: Justificaciones Oficiales y Denuncias
- La Reacción del Sindicato de Trabajadores Viales y las Disculpas
- La Destitución de Paulo Croppi y Raúl Borquez: Responsabilidad y Consecuencias
- Declaración de "Personas No Gratas" y el Rechazo del Frente Sindical
El Contexto del Monumento y la Figura de Osvaldo Bayer
Osvaldo Bayer (1937-2012) fue un periodista, escritor y cineasta argentino reconocido por su compromiso con la justicia social y su investigación sobre temas como el revisionismo histórico, la represión política y la lucha obrera. Su obra más conocida, "Los Años del Orden", es un análisis exhaustivo de la represión en Argentina durante el gobierno de José Félix Uriburu. Bayer se convirtió en una voz crítica frente a las dictaduras militares y defendió los derechos humanos, lo que lo convirtió en una figura controvertida pero respetada en el ámbito intelectual y político. El monumento en Río Gallegos, erigido en su honor, simbolizaba ese legado de compromiso y denuncia.
La elección de Río Gallegos como lugar para el monumento no es casual. Santa Cruz fue escenario de importantes luchas obreras y sociales, especialmente en el ámbito rural, temas que Bayer abordó con profundidad en su trabajo. El monumento, ubicado en el ingreso norte a la ciudad, era un punto de referencia para quienes valoraban la memoria histórica y la defensa de los derechos de los trabajadores. Su destrucción, por lo tanto, se interpretó como un ataque a esos valores y a la identidad cultural de la región.
La Demolición: Justificaciones Oficiales y Denuncias
La versión oficial de Vialidad Nacional argumentaba que el monumento obstruía la visibilidad en el sector, representando un riesgo para la seguridad vial. Esta justificación, sin embargo, fue rápidamente cuestionada por el municipio de Río Gallegos y por diversos sectores de la sociedad civil. El intendente Pablo Grasso denunció la decisión como “inconsulta” y calificó la destrucción del monumento como un acto de vandalismo estatal. Grasso anunció la reconstrucción del monumento, reafirmando el compromiso de la ciudad con la memoria de Bayer.
Las críticas se centraron en la falta de diálogo y planificación previa a la demolición. Se argumentó que existían alternativas para mejorar la visibilidad sin necesidad de destruir el monumento, como la reubicación de la obra o la implementación de medidas de señalización. La rapidez con la que se llevó a cabo la demolición también generó sospechas sobre la existencia de motivaciones ocultas, más allá de las supuestas razones de seguridad vial. Algunos sectores sugirieron que la decisión podría estar relacionada con la postura crítica de Bayer frente a ciertos intereses económicos y políticos.
La Reacción del Sindicato de Trabajadores Viales y las Disculpas
La polémica en torno a la demolición del monumento trascendió los ámbitos políticos y llegó al sindicato de trabajadores viales. Ante la creciente presión social y la indignación de sus afiliados, el sindicato emitió un comunicado oficial en el que pedía “perdón por la destrucción del monumento”. Esta disculpa, aunque tardía, representó un reconocimiento de la gravedad del error cometido y un intento de reparar el daño causado a la imagen del sindicato y de sus trabajadores.
El comunicado del sindicato también evidenció la falta de comunicación interna y la ausencia de consulta a los trabajadores antes de llevar a cabo la demolición. Se reveló que los trabajadores de Vialidad recibieron órdenes directas de sus superiores para destruir el monumento, sin conocer las razones detrás de la decisión ni las posibles consecuencias. Esta situación puso de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación y control dentro de la administración pública, para evitar que se repitan hechos similares en el futuro.
La Destitución de Paulo Croppi y Raúl Borquez: Responsabilidad y Consecuencias
La decisión del gobierno nacional de apartar de sus cargos a Paulo Croppi, responsable del Distrito 23 de Vialidad Nacional, y a Raúl Borquez, fue una respuesta directa a la presión social y política generada por la demolición del monumento. La disposición oficial responsabilizó a ambos funcionarios por la decisión de destruir la obra, calificándola como una falta grave que justificaba su destitución. La medida fue interpretada como un intento de asumir responsabilidades políticas y de enviar un mensaje de firmeza frente a este tipo de actos.
La resolución administrativa contempló la formalización de las actuaciones tendientes a la rescisión del vínculo contractual con Croppi y Borquez, así como la designación de Andrea Lebrand como encargada del despacho de la jefatura del Distrito 23, hasta que se determine quién ocupará el cargo de manera titular. Esta medida busca garantizar la continuidad de las tareas de Vialidad Nacional en la región, al tiempo que se lleva a cabo una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades individuales y colectivas en torno a la demolición del monumento.
Declaración de "Personas No Gratas" y el Rechazo del Frente Sindical
El Concejo Deliberante de Río Gallegos, por pedido del Frente Sindical, aprobó una resolución declarando “personas no gratas” a Paulo Croppi y Raúl Borquez. Esta medida, de carácter simbólico pero con un fuerte impacto político, expresa el profundo rechazo de la comunidad local a la demolición del monumento y a la actitud de los funcionarios responsables. La declaración de “persona no grata” implica que Croppi y Borquez no son bienvenidos en la ciudad y que se les niega cualquier tipo de reconocimiento o distinción.
El Frente Sindical justificó su pedido argumentando que la lucha obrera de los peones rurales de 1921, un evento histórico que Bayer investigó y difundió, está intrínsecamente ligada a la memoria del intelectual. La destrucción del monumento, por lo tanto, se interpretó como un ataque a la historia de la lucha obrera y a los valores de la justicia social. La decisión del Concejo Deliberante reafirma el compromiso de la ciudad con la defensa de la memoria histórica y con la promoción de los derechos de los trabajadores.
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