DNU Laboral: Justicia Suspende Reforma de Milei y Da Triunfo a la CGT
El reciente fallo de la jueza Moira Fullana, suspendiendo preventivamente los artículos clave del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, ha desatado una tormenta política y gremial en Argentina. Este dictamen, que da la razón a la Confederación General del Trabajo (CGT), no solo representa un revés significativo para el gobierno de Javier Milei en su ambicioso plan de desregulación laboral, sino que también reaviva el debate sobre los límites del poder ejecutivo y la protección de los derechos laborales fundamentales. La suspensión del DNU, que buscaba endurecer las condiciones para la convocatoria de paros y limitar su alcance, pone de manifiesto la importancia del diálogo social y la necesidad de un marco legal sólido que garantice la libertad sindical y el derecho a la huelga, pilares esenciales de una sociedad democrática.
El DNU 340/2025: Un Análisis Detallado de sus Disposiciones
El DNU 340/2025, publicado a finales de 2023, introdujo modificaciones sustanciales al régimen de huelga en Argentina. Una de las medidas más controvertidas fue la redefinición de los “servicios esenciales”, ampliando significativamente la categoría para incluir sectores como el transporte, la educación, las telecomunicaciones y la alimentación. Esta ampliación, en la práctica, restringía la posibilidad de huelga en sectores estratégicos para la economía y la vida cotidiana, generando preocupación entre los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos. Además, el decreto imponía nuevos requisitos para la declaración de paros, exigiendo umbrales de representación más altos y plazos de preaviso prolongados, dificultando la organización de protestas y limitando la capacidad de respuesta de los trabajadores ante situaciones de conflicto.
Otro aspecto clave del DNU era la introducción de sanciones más severas para aquellos que incumplieran las nuevas reglas. El decreto habilitaba la imposición de multas y, en casos extremos, incluso despidos, lo que generaba un clima de intimidación y desalentaba la participación en huelgas. La CGT argumentó que estas medidas violaban los principios de libertad sindical y el derecho a la huelga, protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados por Argentina. La central obrera denunció que el DNU buscaba “cercenar derechos constitucionales” y “violar tratados internacionales con jerarquía constitucional”, afectando negativamente la capacidad de los trabajadores para defender sus intereses.
El Fallo de Moira Fullana: Fundamentos Jurídicos y Repercusiones Inmediatas
La jueza del trabajo Moira Fullana, al dictaminar la suspensión cautelar de los artículos 2 y 3 del DNU 340/2025, se basó en sólidos argumentos jurídicos. El fallo subraya que cualquier reforma al régimen de huelga, considerado un derecho fundamental protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, debe tramitarse mediante una ley debatida y votada en el Congreso, y no a través de un decreto de necesidad y urgencia. La jueza argumentó que la materia regulada por el DNU excede el marco excepcional de los decretos y colisiona con atribuciones exclusivas del Poder Legislativo, violando el principio de separación de poderes. Esta decisión judicial reafirma la importancia del debido proceso legislativo y la necesidad de garantizar la participación de todos los actores sociales en la elaboración de leyes que afectan los derechos de los trabajadores.
La suspensión cautelar del DNU representa el primer revés judicial de peso para la administración Milei en su ofensiva de desregulación laboral. En la Casa Rosada, la reacción inicial fue de cautela, evitando comentarios públicos al cierre del mediodía del lunes. Sin embargo, fuentes gubernamentales admitieron que se analiza la posibilidad de apelar la decisión y escalar la disputa a instancias superiores. Por su parte, la CGT celebró el dictamen como “un triunfo de la democracia”, reafirmando su compromiso de seguir “en la calle y en los tribunales” si el Ejecutivo insiste en recortar derechos. Organizaciones de derechos humanos también acompañaron la demanda de la CGT, considerando que el decreto vulnera convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Argentina.
El fallo de la jueza Fullana llega en un contexto de creciente conflictividad social en Argentina, marcado por paros y movilizaciones contra el ajuste fiscal y la liberalización de la economía impulsada por el gobierno de Milei. En la semana en que se conoció la suspensión del DNU, el sindicato del transporte Copsa declaró un paro por salarios impagos, mientras que los trabajadores del Hospital Garrahan mantenían protestas por mejoras laborales. En el ámbito pesquero, la Conciliación Obligatoria finalizaba debido a discrepancias en la discusión paritaria 2025/2026 para buques congeladores con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Estos conflictos laborales reflejan el malestar social generado por las políticas económicas del gobierno y la preocupación de los trabajadores por la pérdida de derechos.
Ante este escenario, la CGT anticipó que continuará con su estrategia de movilización y defensa de los derechos laborales, tanto en la calle como en los tribunales. Del otro lado, el Gobierno confía en revertir la cautelar y sostener su programa de reformas. Se espera que el Ministerio de Justicia evalúe la posibilidad de llevar el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, buscando una revisión de la decisión de la jueza Fullana. Paralelamente, bloques opositores en el Congreso preparan proyectos de ley para blindar el derecho de huelga, anticipando un debate legislativo intenso y polarizado. La presión social, con gremios y organizaciones civiles previniendo nuevas jornadas de protesta, será un factor clave en el desarrollo de esta disputa. El futuro de la reforma laboral y la estrategia de Milei para avanzar sobre el régimen laboral quedarán atados a la próxima batalla judicial y parlamentaria.
Implicaciones para la Negociación Colectiva y la Libertad Sindical
La suspensión del DNU 340/2025 tiene implicaciones directas para la negociación colectiva y la libertad sindical en Argentina. Al mantener vigente la normativa actual sobre huelga, se garantiza a los trabajadores el derecho a organizarse y a defender sus intereses a través de la protesta y la negociación. La posibilidad de convocar paros, sin las restricciones impuestas por el decreto, fortalece la posición de los sindicatos en las negociaciones salariales y laborales, permitiéndoles ejercer una mayor presión sobre los empleadores. Además, la suspensión del DNU protege la libertad sindical, evitando la intimidación y el desaliento de la participación en huelgas, garantizando así el derecho de los trabajadores a asociarse y a defender sus derechos colectivamente.
La decisión judicial también envía un mensaje claro a los empleadores, reafirmando la importancia del diálogo social y la necesidad de respetar los derechos laborales. La imposición de sanciones severas por el ejercicio legítimo del derecho de huelga, como las previstas en el DNU, genera un clima de conflictividad y dificulta la construcción de relaciones laborales armoniosas. Al suspender estas sanciones, la jueza Fullana promueve un ambiente de mayor confianza y colaboración entre empleadores y trabajadores, favoreciendo la negociación colectiva y la resolución pacífica de conflictos. La defensa de la libertad sindical y el derecho a la huelga son pilares fundamentales de una sociedad democrática y justa, y la suspensión del DNU representa un paso importante en la protección de estos derechos.
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