EEUU endurece visados: Fianza de hasta 13.000€ para turistas y negocios de ciertos países.
Estados Unidos está a punto de implementar una política de visados que podría alterar significativamente la forma en que los turistas y empresarios de ciertos países acceden al territorio estadounidense. La imposición de fianzas de hasta 13.000 euros para visados de turismo y negocios, junto con restricciones en los puntos de entrada y salida, representa un cambio drástico en la política de visados y ha generado preocupación en la industria de viajes y entre los gobiernos de los países potencialmente afectados. Este artículo analiza en detalle esta nueva medida, sus implicaciones, los países que podrían verse afectados y el contexto político que la impulsa.
- El Nuevo Programa de Fianzas para Visados: Detalles Clave
- Países en la Mira: ¿Quiénes Podrían Estar en la Lista?
- El Contexto Político: La Administración Trump y la Seguridad Nacional
- Impacto en la Industria de Viajes y el Turismo
- El Resurgimiento de una Iniciativa Abandonada
- El Doble Juego de Trump: Permisos de Residencia y Registro de Migrantes
El Nuevo Programa de Fianzas para Visados: Detalles Clave
El programa piloto, que entrará en vigor en los próximos meses, obligará a los solicitantes de visados B-1 (negocios) y B-2 (turismo) de países designados a pagar una fianza reembolsable. Los montos varían entre 5.000, 10.000 y 15.000 dólares (aproximadamente 4.600, 9.200 y 13.900 euros, respectivamente). El objetivo declarado es disuadir a los visitantes de permanecer en Estados Unidos más allá de la duración permitida por su visado. La fianza será reembolsada íntegramente si el viajero cumple con las condiciones de su visado y abandona el país en el plazo establecido. Sin embargo, no se contemplan exenciones generales, aunque los funcionarios podrían considerar casos de necesidades humanitarias urgentes o circunstancias excepcionales.
Un aspecto crucial del programa es la restricción de los puntos de entrada y salida. Los viajeros deberán ingresar y salir de Estados Unidos a través de aeropuertos designados, cuya lista será anunciada por el Departamento de Estado. Esta medida añade una capa de complejidad a la planificación de viajes y podría afectar la conveniencia y el costo de los viajes para los visitantes de los países afectados. La duración del programa piloto es de 12 meses, durante los cuales se evaluará su efectividad y se determinará si se extiende o se modifica.
Países en la Mira: ¿Quiénes Podrían Estar en la Lista?
Aunque la lista de países afectados aún no se ha publicado oficialmente, el Departamento de Estado ha indicado que se basará en dos criterios principales: las tasas de estancias ilegales y la calidad del control de los solicitantes de visado. Esto sugiere que los países con un alto número de ciudadanos que se quedan en Estados Unidos después de que expire su visado, así como aquellos con procesos de verificación de solicitantes deficientes, son los más propensos a ser incluidos en la lista. La administración Trump ya había identificado previamente a 23 países como de alto riesgo en una iniciativa similar que nunca se implementó.
Entre los países mencionados en la versión de 2020 de esta política se encuentran Afganistán, Angola, Chad, República Democrática del Congo, Eritrea, Irán, Laos, Liberia, Libia, Mauritania, Sudán, Siria y Yemen. Es probable que estos países sigan siendo considerados de alto riesgo, pero la lista final podría incluir a otros países en función de los datos más recientes sobre estancias ilegales y controles de visado. La inclusión de un país en la lista podría tener un impacto significativo en su industria turística y en las relaciones comerciales con Estados Unidos.
El Contexto Político: La Administración Trump y la Seguridad Nacional
La implementación de este programa de fianzas para visados se enmarca dentro de la política de inmigración más estricta impulsada por la administración Trump. El Departamento de Estado ha calificado el programa como "un pilar fundamental de la política exterior" para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. La administración Trump ha argumentado que las estancias prolongadas sin visado representan una amenaza para la seguridad nacional y que es necesario tomar medidas para disuadir a los visitantes de permanecer en el país ilegalmente.
Esta política también se alinea con la postura de la administración Trump sobre la inmigración, que se ha caracterizado por un enfoque en la seguridad fronteriza, la reducción de la inmigración ilegal y la restricción de los beneficios para los inmigrantes. La imposición de fianzas para visados es vista por algunos como una forma de hacer que sea más difícil y costoso para las personas visitar Estados Unidos, lo que podría reducir el número de inmigrantes ilegales. Sin embargo, los críticos argumentan que la política es discriminatoria y podría dañar las relaciones con otros países.
Impacto en la Industria de Viajes y el Turismo
La industria de viajes y el turismo ha expresado su preocupación por el impacto potencial de este programa en el número de visitantes internacionales a Estados Unidos. Erik Hansen, vicepresidente senior de relaciones gubernamentales de la Asociación de Viajes de Estados Unidos, ha señalado que el programa parece ser "limitado" y es probable que afecte a países con un volumen de viajes "relativamente bajo". Sin embargo, incluso un impacto limitado podría tener consecuencias negativas para las empresas turísticas y las economías locales que dependen del turismo internacional.
La imposición de fianzas podría disuadir a algunos viajeros de visitar Estados Unidos, especialmente aquellos que son sensibles a los precios o que tienen dificultades para acceder a los fondos necesarios para pagar la fianza. Además, las restricciones en los puntos de entrada y salida podrían hacer que los viajes sean menos convenientes y más costosos. La industria de viajes ha argumentado que la política de visados de Estados Unidos debe equilibrar las prioridades de seguridad nacional con el valor económico de las visitas internacionales. Una política de visados demasiado restrictiva podría dañar la competitividad de Estados Unidos en el mercado mundial de los viajes.
El Resurgimiento de una Iniciativa Abandonada
Este programa de fianzas para visados no es una idea nueva. La administración Trump ya había propuesto una iniciativa similar en los últimos meses de su primer mandato, pero nunca se llegó a implementar debido a la interrupción de los viajes provocada por la pandemia de Covid-19. La pandemia tuvo un impacto devastador en la industria de viajes y el turismo, y muchos países cerraron sus fronteras o impusieron restricciones de viaje para controlar la propagación del virus. La pandemia también retrasó la implementación de muchas políticas de inmigración propuestas por la administración Trump.
Ahora, con la pandemia en gran medida bajo control en muchos países, la administración Trump está reviviendo esta iniciativa. El programa piloto actual es una versión modificada de la propuesta original, y se espera que se implemente en los próximos meses. La decisión de revivir esta política sugiere que la administración Trump sigue comprometida con su agenda de inmigración más estricta, incluso después de la pandemia. La implementación del programa piloto será cuidadosamente observada por la industria de viajes y los gobiernos de los países potencialmente afectados.
El Doble Juego de Trump: Permisos de Residencia y Registro de Migrantes
Paralelamente a la implementación de las fianzas para visados, la administración Trump ha anunciado otra iniciativa migratoria con un enfoque diametralmente opuesto: la venta de permisos de residencia a inversores extranjeros. Bajo este programa, los extranjeros que inviertan 4,75 millones de euros en proyectos en Estados Unidos podrían obtener los mismos derechos que un ciudadano estadounidense. Esta política, conocida como "golden visa", busca atraer capital extranjero y estimular la economía estadounidense.
Sin embargo, esta iniciativa contrasta fuertemente con la política de restricción de visados y la propuesta de crear un registro de migrantes indocumentados. La administración Trump planea exigir a millones de extranjeros indocumentados que se inscriban en un listado, proporcionando sus huellas dactilares. Esta medida ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes argumentan que podría ser utilizada para deportar a personas que han vivido y trabajado en Estados Unidos durante muchos años. La combinación de estas dos políticas refleja la complejidad y la contradicción de la política migratoria de la administración Trump.
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