El apoyo de Feijóo a Griñán antes de la anulación de la condena por malversación
El Tribunal Constitucional anulará las condenas por malversación a los altos cargos de la Junta de Andalucía que no formaban parte de la Consejería de Empleo porque se limitaron, según dirá la sentencia, a ejecutar una ley que fue aprobada por el Parlamento andaluz. Dado que las leyes no delinquen, el Alto Tribunal va a anular la condena por malversación al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y solo mantendrá la prevaricación, al igual que sucederá con el resto de altos cargos que no pertenecían a la Consejería de Empleo. Una cuestión sobre la que ya se pronunciaba el entonces presidente de la Xunta de Galicia y actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, en 2019 sobre la "demoledora y bastante triste" sentencia de los ERE de Andalucía y afirmando que sentía "de verdad" por el expresidente José Antonio Griñán, a quien situaba como "una víctima" del sistema de subvenciones andaluz.
Feijóo: "Griñán, una víctima de la forma de hacer política del PSOE"
En este sentido, Feijóo hablaba de que esa sentencia, afectaba a "toda la estructura del PSOE durante una década". "Está detrás una forma de hacer política durante 40 años y me parece que lo paga Griñán", explicaba tachándole de nuevo como "víctima".
"Lo siento por Griñán, me parece que es una persona que no se caracteriza por ser corrupta", decía en 2019 el político del PP cuando todavía no era el máximo dirigente de su partido.
Alberto Núñez Feijóo
Griñán, condenado por prevaricación
El Tribunal Supremo condenó a Griñán a seis años y dos días de prisión por malversación y prevaricación, una sentencia que fue confirmada por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2022. Sin embargo, ahora el Constitucional anulará la condena por malversación, lo que dejará a Griñán con la única condena de prevaricación, que está en fase de ejecución.
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El caso ERE: un escándalo de corrupción en Andalucía
El caso ERE es un escándalo de corrupción política que surgió en Andalucía en 2010. La trama consistía en el uso de fondos públicos para financiar expedientes de regulación de empleo (ERE) de empresas en crisis, pero que en muchos casos eran falsos o estaban sobrevalorados. El caso provocó la dimisión del entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y el procesamiento de decenas de altos cargos del gobierno andaluz.
El Tribunal Supremo condenó a Griñán a seis años y dos días de prisión por malversación y prevaricación, una sentencia que fue confirmada por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2022. Sin embargo, ahora el Constitucional anulará la condena por malversación, lo que dejará a Griñán con la única condena de prevaricación, que está en fase de ejecución.
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