El BNG presiona al gobierno para garantizar el derecho al aborto libre de objeciones
La interrupción voluntaria del embarazo en España está protegida por la ley, pero su acceso puede verse limitado por las objeciones de conciencia de los profesionales sanitarios. Para abordar este problema, el Bloque Nacionalista Galego (BNG) está presionando al Gobierno para que implemente un protocolo que garantice el derecho al aborto.
Protocolo de Objeción de Conciencia
El BNG ha registrado iniciativas para que el Ministerio de Sanidad impulse un protocolo que permita gestionar los registros de objetores de conciencia y evitar que un número elevado de objeciones restrinja el acceso al aborto. Según la diputada del BNG, Olaia Fernández Da Silva, es necesario establecer un sistema claro y transparente para garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo.
El BNG considera que el protocolo debe incluir medidas para evitar complicaciones derivadas de un alto número de objeciones. Da Silva explica que se trata de ir más allá de la creación de listas de objetores e implementar mecanismos que garanticen que las mujeres puedan acceder al servicio en condiciones de igualdad.
Objeción de Conciencia en la Sanidad Pública
La ley establece que las Comunidades Autónomas deben gestionar los registros de objetores de conciencia en el ámbito de la sanidad pública. Sin embargo, para que esta norma se cumpla, es imprescindible que el Gobierno elabore y publique un protocolo claro.
Fernández Da Silva ha insistido en la urgencia de desarrollar este protocolo y ha presentado varias propuestas al respecto. El Ministerio de Sanidad ha respondido que está "trabajando en la elaboración" del documento, pero aún no se ha hecho público.
"Es fundamental que las Administraciones garanticen el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública", ha declarado la diputada.
Olaia Fernández Da Silva
El papel de los Objetores de Conciencia
El BNG también critica la participación de profesionales sanitarios que se declaran objetores de conciencia en el ámbito público en la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo.
El partido considera que es esencial que las Administraciones garanticen que los objetores de conciencia no participen en estas prácticas, para evitar que su objeción personal limite el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
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