Eliminación del Monotributo Social: Millón en Riesgo de Informalidad
El futuro del monotributo social está en duda tras la propuesta de la Ley Bases, que plantea su eliminación. Esta medida podría afectar negativamente a un millón de personas en situación de pobreza extrema que dependen de esta categoría para formalizar sus actividades informales.
El monotributo social permite a las personas de bajos ingresos facturar sus servicios, pagando una cuota mensual mínima de $3.000, que es subsidiada por el Estado. La propuesta de eliminarlo y trasladar a todos los beneficiarios a la categoría A del monotributo, que requiere un pago mensual de $26.000, ha sido criticada por expertos como Daniel Arroyo, diputado nacional.
Según Arroyo, esta medida empujaría a muchas personas a la informalidad, ya que no podrían permitirse la cuota más alta. Además, cuestiona el impacto fiscal de la eliminación, argumentando que no es significativo y que el gobierno debería centrarse en apoyar a las personas en pobreza extrema.
Modificaciones a la Propuesta Original
Tras las críticas, se han introducido modificaciones a la propuesta original. La eliminación del monotributo social no entrará en vigor inmediatamente después de la sanción de la ley, sino que tendrá un plazo de 90 días. Además, se ha planteado eliminar el artículo que establece dicha eliminación.
Sin embargo, Arroyo considera que la existencia misma del monotributo social es esencial como mecanismo de apoyo para las personas que trabajan en la informalidad. Subraya que muchos países tienen programas similares y que el gobierno argentino debería mantenerlo.
"Lo que se le viene planteando al presidente de la cámara es que envíe al Senado lo que fue votado en la cámara de Diputados. Son modificaciones que no son menores, pero hay un tema de consenso significativo. Lo que se vota en Diputados es lo que tiene que ir al Senado", dijo Arroyo.
Daniel Arroyo, diputado nacional
La eliminación del monotributo social podría tener graves consecuencias para las personas de bajos ingresos que dependen de él para formalizar sus actividades y mejorar su situación económica. Las modificaciones introducidas buscan mitigar estos efectos, pero la incertidumbre sobre el futuro de esta categoría persiste.
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