Emergencia agropecuaria: Caputo firma medidas para San Juan y Buenos Aires por desastres climáticos
La reciente declaración de emergencia agropecuaria en San Juan y Buenos Aires, impulsada por el Ministerio de Economía, subraya la vulnerabilidad del sector agrícola ante eventos climáticos extremos. Estas medidas, formalizadas a través de las Resoluciones 1306/2025 y 1305/2025, buscan mitigar el impacto económico sobre los productores afectados, permitiendo acceder a beneficios contemplados en la Ley 26.509 y sus modificatorias.
- Emergencia Agropecuaria en San Juan: Respuesta al Granizo y Peronóspora
- Inundaciones en Buenos Aires: Declaración de Emergencia para 12 Partidos
- La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA): Un Espacio de Coordinación
- Ley 26.509 y sus Modificatorias: Marco Legal para la Emergencia Agropecuaria
- El Rol del INTA en la Evaluación y Mitigación de Riesgos Agropecuarios
- Impacto Económico de las Emergencias Agropecuarias: Más Allá de la Producción
- Estrategias de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agropecuario
- El Seguro Agropecuario como Herramienta de Gestión de Riesgos
- Desafíos y Oportunidades para la Resiliencia del Sector Agropecuario
- El Papel de la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
- Políticas Públicas para el Fortalecimiento del Sector Agropecuario
- La Importancia de la Capacitación y la Asistencia Técnica
Emergencia Agropecuaria en San Juan: Respuesta al Granizo y Peronóspora
La Resolución 1306/2025 declara el estado de emergencia para las explotaciones frutihortícolas de la provincia de San Juan. La medida responde a los daños causados por granizo y/o peronóspora, plaga devastadora que ataca a diversos cultivos. Esta declaración, con vigencia desde el 1 de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, abarca una amplia gama de productos, incluyendo vid, membrillo, alfalfa, almendros, duraznos, granada, nogal, manzana, pera, cereza, ciruela, olivo, pistacho, tomate, melón, sandía, cebolla y hortalizas.
Los departamentos sanjuaninos comprendidos en la emergencia son: Angaco, 9 de julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucia, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal. La extensión geográfica de la medida refleja la magnitud del impacto climático y la necesidad de brindar apoyo a un amplio sector de la producción provincial. El objetivo principal es aliviar la carga financiera de los productores, permitiéndoles recuperarse y continuar con su actividad.
La peronóspora, en particular, representa una seria amenaza para la vitivinicultura y otras producciones frutihortícolas. Se trata de una enfermedad fúngica que se propaga rápidamente en condiciones de alta humedad y temperatura moderada. Su control requiere de estrategias integradas que combinan prácticas culturales, el uso de productos fitosanitarios y la vigilancia constante de los cultivos.
Inundaciones en Buenos Aires: Declaración de Emergencia para 12 Partidos
La Resolución 1305/2025 establece la emergencia agropecuaria en 12 partidos de la provincia de Buenos Aires, afectados por inundaciones. Esta medida, homologando el decreto provincial correspondiente, rige desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025. Los partidos beneficiados son: Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.
Las inundaciones representan un riesgo significativo para la producción agropecuaria en la región pampeana, afectando tanto a los cultivos como a la ganadería. El exceso de agua en el suelo dificulta el desarrollo de las plantas, provoca la pérdida de cosechas y genera problemas sanitarios en el ganado. Además, las inundaciones pueden dañar la infraestructura rural, como caminos y alambrados, dificultando el acceso a los campos y la comercialización de los productos.
La declaración de emergencia agropecuaria permite a los productores acceder a beneficios fiscales y crediticios, como la prórroga del pago de impuestos, la suspensión de ejecuciones fiscales y la obtención de créditos blandos. Estas medidas buscan aliviar la situación económica de los productores afectados y facilitar la recuperación de su actividad productiva. La coordinación entre el gobierno nacional y provincial es fundamental para garantizar la eficacia de las medidas de apoyo.
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA): Un Espacio de Coordinación
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA) juega un papel crucial en la gestión de las emergencias agropecuarias en Argentina. Esta comisión, integrada por representantes de diversos organismos gubernamentales y entidades del sector agropecuario, tiene como objetivo analizar la situación de los territorios afectados, evaluar los daños y proponer medidas de apoyo a los productores.
La CNEyDA actúa como un espacio de coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las organizaciones del sector agropecuario. Esto permite una respuesta más rápida y eficaz ante las emergencias, garantizando que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. La participación de instituciones como el INTA, el Banco Nación y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) asegura que las decisiones se basen en información técnica y científica sólida.
La aplicación de la Ley 26.509 y sus modificatorias es un aspecto central del trabajo de la CNEyDA. Esta ley establece el marco legal para la declaración de emergencia agropecuaria y los beneficios que pueden recibir los productores afectados. La CNEyDA se encarga de velar por el cumplimiento de la ley y de garantizar que los beneficios se distribuyan de manera justa y equitativa.
Ley 26.509 y sus Modificatorias: Marco Legal para la Emergencia Agropecuaria
La Ley 26.509, junto con sus modificaciones, constituye el marco legal fundamental para la gestión de las emergencias y desastres agropecuarios en Argentina. Esta ley establece los criterios para la declaración de emergencia agropecuaria, los beneficios que pueden recibir los productores afectados y los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Uno de los aspectos clave de la Ley 26.509 es la definición de "emergencia agropecuaria" y "zona de desastre". La ley establece que se considera emergencia agropecuaria cuando un evento climático o biológico causa daños significativos a la producción agropecuaria, afectando la capacidad económica de los productores. La declaración de zona de desastre implica un nivel de afectación aún mayor, que requiere de medidas de apoyo adicionales.
Los beneficios que pueden recibir los productores en el marco de la Ley 26.509 incluyen la prórroga del pago de impuestos, la suspensión de ejecuciones fiscales, la obtención de créditos blandos y la asistencia técnica. La ley también prevé la creación de un fondo nacional para la atención de las emergencias agropecuarias, que se financia con recursos del Estado y aportes del sector privado.
El Rol del INTA en la Evaluación y Mitigación de Riesgos Agropecuarios
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desempeña un papel fundamental en la evaluación y mitigación de los riesgos agropecuarios en Argentina. Esta institución, con su red de estaciones experimentales y técnicos especializados, realiza investigaciones y ofrece servicios de extensión para ayudar a los productores a enfrentar los desafíos climáticos y biológicos.
El INTA desarrolla modelos de predicción de riesgos agropecuarios, basados en el análisis de datos climáticos, información sobre cultivos y plagas, y el conocimiento de las características del suelo. Estos modelos permiten anticipar la ocurrencia de eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones y heladas, y alertar a los productores para que puedan tomar medidas preventivas.
Además de la predicción de riesgos, el INTA trabaja en el desarrollo de tecnologías y prácticas de manejo que permiten reducir la vulnerabilidad de los cultivos y el ganado ante los eventos climáticos. Esto incluye la selección de variedades resistentes a la sequía o las inundaciones, el diseño de sistemas de riego eficientes, la implementación de prácticas de conservación del suelo y el manejo integrado de plagas y enfermedades.
Impacto Económico de las Emergencias Agropecuarias: Más Allá de la Producción
Las emergencias agropecuarias tienen un impacto económico que va más allá de la simple pérdida de la producción. Estos eventos pueden generar una serie de efectos en cadena que afectan a toda la economía, desde la reducción del ingreso de los productores hasta el aumento de los precios de los alimentos.
Cuando un evento climático extremo causa la pérdida de una cosecha, los productores ven reducidos sus ingresos y su capacidad de inversión. Esto puede llevar a la disminución de la actividad económica en las zonas rurales, con efectos negativos en el empleo y el consumo. Además, la falta de oferta de productos agropecuarios puede generar un aumento de los precios de los alimentos, afectando el poder adquisitivo de los consumidores.
Las emergencias agropecuarias también pueden tener un impacto negativo en el comercio exterior. La reducción de la producción agropecuaria puede disminuir las exportaciones y aumentar las importaciones, afectando el equilibrio de la balanza comercial. Además, la pérdida de mercados externos puede dañar la reputación de los productos argentinos y dificultar su comercialización en el futuro.
Estrategias de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agropecuario
El cambio climático plantea un desafío cada vez mayor para el sector agropecuario. El aumento de la temperatura, la modificación de los patrones de lluvia y la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos exigen la adopción de estrategias de adaptación que permitan reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos.
Una de las estrategias clave es la diversificación de los cultivos y la ganadería. Al no depender de un solo producto, los productores pueden reducir su riesgo ante los eventos climáticos. Otra estrategia importante es la implementación de prácticas de conservación del suelo, como la siembra directa y la rotación de cultivos, que ayudan a mejorar la capacidad de retención de agua y a reducir la erosión.
La adopción de tecnologías de riego eficientes, como el riego por goteo y la fertirrigación, también es fundamental para reducir el consumo de agua y aumentar la productividad de los cultivos. Además, es importante promover la investigación y el desarrollo de variedades y razas adaptadas a las nuevas condiciones climáticas, así como el manejo integrado de plagas y enfermedades.
El Seguro Agropecuario como Herramienta de Gestión de Riesgos
El seguro agropecuario es una herramienta fundamental para la gestión de riesgos en el sector agropecuario. Este instrumento permite a los productores transferir el riesgo de pérdidas económicas causadas por eventos climáticos o biológicos a una compañía de seguros, a cambio del pago de una prima.
El seguro agropecuario puede cubrir una amplia gama de riesgos, como sequía, inundaciones, granizo, heladas, incendios, plagas y enfermedades. Al contratar un seguro, los productores pueden proteger sus inversiones y garantizar la continuidad de su actividad productiva, incluso en situaciones de emergencia.
Sin embargo, el seguro agropecuario aún no está suficientemente difundido en Argentina. Uno de los desafíos es aumentar la conciencia de los productores sobre los beneficios del seguro y facilitar el acceso a este instrumento. Para ello, es necesario promover la capacitación de los productores, simplificar los trámites de contratación y reducir los costos del seguro.
Desafíos y Oportunidades para la Resiliencia del Sector Agropecuario
El sector agropecuario enfrenta una serie de desafíos para garantizar su resiliencia ante los riesgos climáticos y biológicos. Uno de los principales desafíos es la falta de acceso a información y tecnología por parte de los pequeños y medianos productores. Estos productores, que representan la mayoría del sector, suelen tener dificultades para acceder a créditos, seguros y asistencia técnica.
Otro desafío importante es la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las organizaciones del sector agropecuario. Es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación para garantizar una respuesta rápida y eficaz ante las emergencias, así como para promover la adopción de estrategias de adaptación al cambio climático.
A pesar de los desafíos, el sector agropecuario también presenta una serie de oportunidades para aumentar su resiliencia. Una de las oportunidades es el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas de manejo que permiten reducir la vulnerabilidad de los sistemas productivos. Otra oportunidad es la promoción de la diversificación de los cultivos y la ganadería, así como la adopción de sistemas agroecológicos que sean más resilientes a los cambios climáticos.
El Papel de la Investigación Científica y la Innovación Tecnológica
La investigación científica y la innovación tecnológica son fundamentales para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático y mejorar la resiliencia del sector agropecuario. Es necesario invertir en investigación para desarrollar nuevas variedades y razas adaptadas a las nuevas condiciones climáticas, así como para mejorar las prácticas de manejo y el control de plagas y enfermedades.
La biotecnología, en particular, ofrece un gran potencial para mejorar la resistencia de los cultivos a la sequía, las inundaciones y las plagas. La edición genética, una técnica de vanguardia que permite modificar el ADN de las plantas de manera precisa, puede ser utilizada para desarrollar variedades más resilientes y productivas.
Además de la investigación en biotecnología, es importante promover la innovación en otras áreas, como la agricultura de precisión, la gestión del agua y la energía, y el desarrollo de nuevos materiales y envases para la comercialización de los productos agropecuarios.
Políticas Públicas para el Fortalecimiento del Sector Agropecuario
Las políticas públicas juegan un papel crucial en el fortalecimiento del sector agropecuario y en la promoción de su resiliencia ante los riesgos climáticos y biológicos. Es necesario diseñar políticas que fomenten la inversión en investigación y desarrollo, que faciliten el acceso a créditos y seguros, y que promuevan la adopción de prácticas de manejo sostenible.
Una de las políticas clave es la promoción de la agricultura familiar y la economía social. Estos sectores, que representan una parte importante de la producción agropecuaria, suelen ser más vulnerables a los riesgos climáticos y biológicos. Es necesario brindarles apoyo técnico y financiero para que puedan adoptar prácticas de manejo sostenible y mejorar su capacidad de adaptación.
Otra política importante es la promoción de la asociatividad y la cooperación entre los productores. La organización en cooperativas y consorcios permite a los productores compartir costos y riesgos, acceder a mercados más grandes y negociar mejores precios. Además, la asociatividad facilita la adopción de tecnologías y prácticas de manejo sostenible.
La Importancia de la Capacitación y la Asistencia Técnica
La capacitación y la asistencia técnica son fundamentales para que los productores puedan adoptar prácticas de manejo sostenible y mejorar su capacidad de adaptación a los riesgos climáticos y biológicos. Es necesario fortalecer los servicios de extensión rural y promover la capacitación de los productores en temas como la gestión del agua, la conservación del suelo, el manejo integrado de plagas y enfermedades, y la gestión de riesgos.
La capacitación debe estar adaptada a las necesidades y características de cada región y tipo de productor. Es importante utilizar metodologías participativas que permitan a los productores compartir sus conocimientos y experiencias, así como aprender de los expertos. Además, la capacitación debe ser continua y permanente, para que los productores puedan estar al día con las últimas tecnologías y prácticas de manejo.
La asistencia técnica, por su parte, debe ser personalizada y adaptada a las necesidades de cada productor. Los técnicos deben brindar apoyo a los productores en la planificación de sus cultivos, la selección de variedades y razas, la implementación de prácticas de manejo sostenible, y la gestión de riesgos. Además, los técnicos deben actuar como un puente entre los productores y los centros de investigación y desarrollo, facilitando la transferencia de tecnología y conocimientos.
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