Emergencia Agropecuaria: San Juan y Buenos Aires Reciben Ayuda por Desastres Climáticos
La reciente declaración de emergencia agropecuaria en San Juan y Buenos Aires, formalizada a través de las Resoluciones 1306/2025 y 1305/2025, respectivamente, subraya la vulnerabilidad del sector primario ante eventos climáticos extremos. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Economía de la Nación y articulada a través de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), busca brindar un alivio económico y técnico a los productores afectados por granizo, peronóspora e inundaciones. El presente artículo analizará en detalle los alcances de estas resoluciones, los beneficios a los que podrán acceder los productores, el marco legal que las sustenta y la importancia de la colaboración interinstitucional para mitigar los impactos de las crisis agropecuarias.
- Contexto y Justificación de las Declaraciones de Emergencia
- Alcance Geográfico y Temporal de las Resoluciones
- Beneficios para los Productores Afectados: Ley 26.509 y sus Modificatorias
- El Rol de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA)
- Importancia de la Prevención y la Adaptación al Cambio Climático
Contexto y Justificación de las Declaraciones de Emergencia
El sector agropecuario argentino, pilar fundamental de la economía nacional, se enfrenta constantemente a desafíos derivados de la variabilidad climática. Eventos como granizo, inundaciones, sequías y la proliferación de enfermedades como el peronóspora pueden causar pérdidas significativas en las cosechas, afectando la rentabilidad de las explotaciones y la seguridad alimentaria del país. La declaración de emergencia agropecuaria se configura como una herramienta esencial para responder a estas situaciones de crisis, permitiendo la implementación de medidas de apoyo específicas para los productores damnificados.
En el caso de San Juan, las explotaciones frutihortícolas han sido particularmente golpeadas por el granizo y el peronóspora, una enfermedad fúngica que afecta a diversas especies de plantas, especialmente a la vid. Estas condiciones climáticas adversas han comprometido la producción de frutas, verduras y otros cultivos de importancia económica para la provincia. En Buenos Aires, las inundaciones han afectado a una amplia zona de los partidos bonaerenses, generando pérdidas en las cosechas y daños en la infraestructura agrícola.
La decisión de declarar la emergencia agropecuaria en estas regiones no es arbitraria, sino que responde a un análisis técnico y económico de la situación, realizado por las autoridades provinciales y nacionales. Los decretos provinciales respectivos, que fueron homologados por el Ministerio de Economía, proporcionan la base legal para la implementación de las medidas de apoyo.
Alcance Geográfico y Temporal de las Resoluciones
La Resolución 1305/2025, que abarca los 12 partidos bonaerenses afectados por inundaciones, establece un período de emergencia que se extiende desde el 1° de marzo de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025. Los partidos incluidos son Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez. Esta delimitación geográfica y temporal permite focalizar los recursos y las medidas de apoyo en las zonas más afectadas, maximizando su impacto.
Por su parte, la Resolución 1306/2025, que declara la emergencia en San Juan, tiene un período de duración más extenso, que abarca desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Esta extensión se justifica por la naturaleza de los cultivos afectados y la necesidad de brindar un apoyo prolongado a los productores para que puedan recuperarse de las pérdidas sufridas. La emergencia incluye a las explotaciones de vid, membrillo, alfalfa, almendros, duraznos, granada, nogal, manzana, pera, cereza, ciruela, olivo, pistacho, tomate, melón, sandía, cebolla y hortalizas, ubicadas en los departamentos de Angaco, 9 de julio, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Santa Lucia, Pocito, Rivadavia, Rawson, San Martín, Zonda, Iglesia, 25 de Mayo, Albardón, Ullum y Jáchal.
La amplitud de la cobertura geográfica y la diversidad de cultivos incluidos en la declaración de emergencia en San Juan reflejan la magnitud de los daños sufridos por el sector frutihortícola provincial. La inclusión de cultivos como la vid, el membrillo y los almendros, que son emblemáticos de la región, subraya la importancia de proteger la producción local y garantizar la sostenibilidad del sector.
Beneficios para los Productores Afectados: Ley 26.509 y sus Modificatorias
La aplicación de la Ley 26.509 y sus modificatorias es el marco legal que sustenta los beneficios a los que podrán acceder los productores afectados por la emergencia agropecuaria. Esta ley establece una serie de medidas de apoyo financiero, técnico y administrativo para mitigar los impactos de las crisis agropecuarias. Entre los beneficios más relevantes se encuentran:
- Reestructuración de Deudas: Posibilidad de renegociar las deudas con instituciones financieras, tanto públicas como privadas, en condiciones más favorables.
- Créditos con Tasas Preferenciales: Acceso a líneas de crédito con tasas de interés subsidiadas para financiar la recuperación de las explotaciones.
- Exención de Impuestos: Exención o reducción de impuestos provinciales y nacionales para los productores afectados.
- Asistencia Técnica: Brindar asistencia técnica para la recuperación de los cultivos y la implementación de prácticas agrícolas más resilientes.
- Programas de Capacitación: Ofrecer programas de capacitación para mejorar las habilidades y conocimientos de los productores en materia de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.
La implementación de estos beneficios se realizará a través de la CNEyDA, en coordinación con las autoridades provinciales y las entidades agropecuarias. Es fundamental que los productores se informen sobre los requisitos y los procedimientos para acceder a estos beneficios, y que presenten la documentación necesaria en tiempo y forma.
Además de los beneficios establecidos en la Ley 26.509, las autoridades provinciales pueden implementar medidas de apoyo adicionales, como la entrega de insumos agrícolas, la reparación de infraestructura dañada y la promoción de mercados alternativos para los productos afectados.
El Rol de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA)
La CNEyDA es el organismo encargado de coordinar las acciones de respuesta ante las emergencias y desastres agropecuarios en todo el país. Está integrada por representantes de diversos organismos del Estado, incluyendo el INTA, las carteras nacionales del Interior y de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Nación y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). También participan representantes de las entidades agropecuarias y otros técnicos provinciales.
La CNEyDA tiene como funciones principales evaluar la situación de emergencia, definir las medidas de apoyo a implementar, coordinar la distribución de los recursos y monitorear el avance de la recuperación. Su rol es fundamental para garantizar una respuesta eficiente y coordinada ante las crisis agropecuarias.
La participación de diversos actores en la CNEyDA permite integrar diferentes perspectivas y conocimientos, lo que contribuye a la toma de decisiones más informadas y efectivas. La colaboración entre el sector público y el sector privado es esencial para lograr una respuesta integral a las emergencias agropecuarias.
Importancia de la Prevención y la Adaptación al Cambio Climático
Si bien las medidas de emergencia son necesarias para mitigar los impactos de las crisis agropecuarias, es fundamental invertir en la prevención y la adaptación al cambio climático. Esto implica implementar prácticas agrícolas más resilientes, diversificar los cultivos, mejorar la gestión del agua y fortalecer los sistemas de alerta temprana.
La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías también juegan un papel crucial en la adaptación al cambio climático. El INTA y otras instituciones de investigación están trabajando en el desarrollo de variedades de cultivos más resistentes a las sequías, las inundaciones y las enfermedades.
La capacitación de los productores en materia de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático es otro aspecto fundamental. Es necesario que los productores tengan acceso a información y herramientas que les permitan tomar decisiones informadas y proteger sus explotaciones de los impactos del cambio climático.
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