Encuesta Ipsos: Minería ilegal preocupa a peruanos, piden acciones urgentes
La minería ilegal, un cáncer que consume a Perú, ha alcanzado proporciones alarmantes, poniendo en peligro el medio ambiente, la economía y la salud de sus ciudadanos. Una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) e IPSOS Perú revela una preocupante realidad: más del 80% de los peruanos exigen acciones urgentes del gobierno para abordar esta grave amenaza.
El costoso impacto de la minería ilegal
La minería ilegal inflige pérdidas económicas devastadoras a Perú, robando al país más de S/22.700 millones al año, lo que equivale al 2,5% de su Producto Bruto Interno (PBI). Este drenaje de recursos podría destinarse a servicios públicos esenciales, educación y programas de salud, pero en cambio se desvía hacia los bolsillos de los mineros ilegales y sus cómplices.
Además de las pérdidas económicas, la minería ilegal causa estragos ambientales incalculables. La deforestación desenfrenada, la contaminación de los ríos y la contaminación por mercurio amenazan la biodiversidad única de Perú y la salud de sus ciudadanos. Las regiones amazónicas de Madre de Dios, La Libertad y Ucayali se han visto especialmente afectadas, con la pérdida de bosques que rivalizan con el área de Lima Metropolitana.
La corrupción: el corazón del problema
Los peruanos han identificado correctamente la corrupción como el principal obstáculo para combatir la minería ilegal. Esta podredumbre sistémica debilita la gobernanza ambiental y paraliza a las instituciones encargadas de controlar y sancionar las actividades mineras ilegales. Los grupos delictivos explotan las brechas en la aplicación de la ley y los vínculos corruptos con funcionarios gubernamentales para operar con impunidad.
Manuel Zapata, asesor legal de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS Perú), enfatiza: "La minería ilegal es un delito y debe ser tratada como tal. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno para enfrentarla han sido ineficaces. Necesitamos fortalecer las comisiones regionales anticorrupción y abordar la corrupción sistémica que alimenta este cáncer".
Manuel Zapata, Asesor Legal de FCDS Perú
Un sistema legislativo obstaculizador
Un preocupante 30% de los peruanos cree que el Congreso de la República obstaculiza los esfuerzos para abordar la minería ilegal. Los legisladores han presentado sistemáticamente iniciativas que favorecen a los mineros ilegales, perpetuando un ciclo de informalidad y criminalidad. Esta complicidad legislativa socava la capacidad del gobierno para proteger los intereses del país y sus ciudadanos.
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Manuel Zapata advierte: "Las constantes propuestas legislativas impulsadas por el Congreso son un acto cómplice para mantener a Perú bajo el yugo de la informalidad y la criminalidad. La minería ilegal es un cáncer que se está extendiendo y reemplazando al Estado en muchos territorios."
Responsabilidades compartidas
La encuesta de Ipsos destaca la creencia generalizada de que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) debería liderar la lucha contra la minería ilegal. Sin embargo, los expertos sostienen que se necesita un esfuerzo multiinstitucional para abordar eficazmente este problema complejo. El Ministerio del Ambiente (Minam) y los gobiernos regionales también tienen un papel crucial que desempeñar.
El Minam es responsable de implementar políticas ambientales y garantizar el cumplimiento de las normas. Los gobiernos regionales supervisan la minería artesanal y de pequeña escala, brindando capacitación y asistencia técnica para apoyar su formalización. Una coordinación y colaboración estrechas entre estas entidades es esencial para un enfoque integral y efectivo.
Políticas pendientes y medidas complementarias
Para reducir significativamente la minería ilegal en Perú, se deben aprobar políticas pendientes como la Ley de Formalización Minera, que languidece en el Congreso desde 2022. Esta ley proporcionaría un marco claro para la formalización de las operaciones mineras, brindando a los mineros legales acceso a apoyo financiero y técnico.
Además, se necesita una política integral de lucha contra la minería ilegal que abarque medidas preventivas, de control y de remediación. Esto incluye fortalecer los controles administrativos de la minería artesanal y de pequeña escala, mejorar la aplicación de la ley e invertir en tecnologías de monitoreo y vigilancia.
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