Escudo Social y Crecimiento Económico: España Avanza con Respuestas Concretas
El inicio de cada año trae consigo la promesa de nuevos desafíos y la oportunidad de consolidar logros. En el contexto político y económico actual, la capacidad de un gobierno para responder a las necesidades de sus ciudadanos se define por su habilidad para traducir la legitimidad obtenida a través de resultados concretos en políticas efectivas. Este artículo analiza el balance de la legislatura actual, destacando los avances en materia legislativa, económica y social, y la importancia de la convalidación del nuevo escudo social como un paso crucial para mantener la estabilidad y el bienestar en España.
Balance Legislativo y Contexto Político
La aprobación de 52 leyes y reales decretos-leyes en un escenario de fragmentación política representa un logro significativo. Este número evidencia la capacidad del gobierno y del parlamento para alcanzar acuerdos, a pesar de las dificultades inherentes a un panorama político diverso. No se trata de una mera autocomplacencia, sino de un reconocimiento objetivo del trabajo realizado y un punto de partida sólido para abordar la agenda legislativa venidera. La modernización, la protección social y el fortalecimiento del Estado del bienestar se perfilan como los pilares fundamentales de esta hoja de ruta, con medidas concretas que buscan impactar positivamente en la vida de los ciudadanos.
La convalidación del Real Decreto-Ley del nuevo escudo social en el Congreso es una prioridad inmediata. Este decreto, aprobado en el último Consejo de Ministros del año, incluye un conjunto de medidas destinadas a proteger a los más vulnerables y a impulsar la economía. El aumento de las pensiones mínimas, la subida del Ingreso Mínimo Vital, la prórroga de los bonos sociales y la suspensión de los desahucios son solo algunas de las acciones que demuestran el compromiso del gobierno con la justicia social y la equidad.
El nuevo escudo social se articula en torno a una serie de medidas que buscan mitigar el impacto de la inflación y proteger a los hogares más vulnerables. El aumento de las pensiones mínimas entre un 7% y un 11,4% representa un alivio significativo para los pensionistas con menores ingresos, garantizando su poder adquisitivo y su calidad de vida. De igual manera, la subida del Ingreso Mínimo Vital en un 11,4% fortalece la red de protección social, brindando un apoyo económico crucial a las familias que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social.
La prórroga del bono social eléctrico y de la garantía de suministro de agua y energía asegura que los hogares vulnerables puedan acceder a estos servicios esenciales sin comprometer su presupuesto familiar. La suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional evita situaciones de desamparo y protege el derecho a la vivienda. Además, el decreto incluye incentivos fiscales para la adquisición de vehículos eléctricos, promoviendo la transición hacia una movilidad más sostenible, y la exención del IRPF de las indemnizaciones por daños personales derivados de incendios forestales, brindando un apoyo a las víctimas de estos desastres naturales.
La actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y entidades locales fortalece la capacidad de estas administraciones para prestar servicios públicos de calidad y atender las necesidades de sus ciudadanos. En conjunto, estas medidas conforman un paquete integral de políticas sociales que buscan proteger a los más vulnerables, impulsar la economía y garantizar la cohesión social.
Crecimiento Económico y Empleo: Un Contexto Favorable
España ha logrado encadenar varios años de crecimiento económico por encima de la media de la zona euro, situándose en torno al 2-3%. Las previsiones internacionales siguen situando al país entre las economías más dinámicas, lo que refleja la solidez de su modelo productivo y su capacidad para adaptarse a los desafíos globales. Este crecimiento se traduce en la creación de empleo, con más de 22 millones de personas trabajando y una temporalidad en mínimos históricos tras la reforma laboral.
La reforma laboral ha sido un factor clave para mejorar la calidad del empleo, reduciendo la precariedad y fomentando la contratación indefinida. Además, el nuevo empleo se concentra cada vez más en sectores de mayor valor añadido, como la digitalización, la investigación, los servicios avanzados o la transición energética, lo que impulsa la innovación y la competitividad de la economía española. Este cambio estructural hacia sectores más productivos y sostenibles es fundamental para garantizar un crecimiento económico a largo plazo.
El crecimiento económico también se refleja en la mejora de la cohesión social, con una reducción significativa de la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres. España ha cerrado cerca del 40% de la brecha con la media europea en la diferencia de ingresos, lo que demuestra el impacto positivo de las políticas sociales en la reducción de la desigualdad. Al mismo tiempo, las cuentas públicas avanzan en la buena dirección, con un déficit por debajo del 3% del PIB, una reducción de la deuda y una prima de riesgo en niveles bajos.
Políticas de Respuesta a las Crisis: ERTE, Excepción Ibérica y Fondos Europeos
La respuesta del gobierno a las crisis de la pandemia y la energía ha sido rápida y eficaz. Durante la pandemia, los ERTE evitaron la destrucción de millones de empleos y las líneas ICO sostuvieron a miles de empresas, amortiguando el impacto económico de la crisis sanitaria. En la crisis energética, la excepción ibérica, la rebaja del IVA de la luz y el gas, los bonos sociales y las ayudas directas amortiguaron el impacto del aumento de los precios de la energía en los hogares y las empresas.
Además de estas medidas de emergencia, el gobierno ha implementado políticas estructurales para fortalecer la economía y mejorar el bienestar social. La revalorización de las pensiones conforme al IPC garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, el despliegue del Ingreso Mínimo Vital combate la pobreza y la exclusión social, la subida del salario mínimo mejora las condiciones laborales de los trabajadores y la movilización de más de 70.000 millones de euros de fondos europeos moderniza la economía y impulsa la transición hacia un modelo más sostenible.
El balance es claro: España ha superado dos crisis consecutivas con más empleo, más inversión y creciendo por encima de la media europea. Este resultado demuestra la eficacia de las políticas implementadas por el gobierno y su capacidad para adaptarse a los desafíos cambiantes del entorno económico global.
En este contexto favorable, la responsabilidad parlamentaria no admite ambigüedades. La convalidación del nuevo escudo social del Gobierno en el Congreso es una decisión crucial que afecta directamente a millones de pensionistas, familias vulnerables, trabajadores y administraciones territoriales. Optar por la convalidación es optar por la estabilidad, la protección y la mayoría social; rechazarlo sería dar la espalda a una realidad que exige respuestas.
La oposición tiene el deber de fiscalizar la acción del gobierno, pero también de contribuir a la búsqueda de soluciones que beneficien a la sociedad en su conjunto. Bloquear medidas que buscan proteger a los más vulnerables y garantizar la estabilidad económica no es una actitud responsable ni constructiva. La convalidación del nuevo escudo social es una oportunidad para demostrar que la política puede estar al servicio de los ciudadanos y para construir un futuro más justo y próspero para todos.
Gobernar es dar respuestas, y este Gobierno está dando respuestas. La convalidación del nuevo escudo social es una muestra más de este compromiso con la protección social, la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos. Es una decisión que marcará la diferencia en la vida de millones de personas y que contribuirá a consolidar un futuro mejor para España.
Fuente: https://www.huffingtonpost.es//opinion/gobernar-o-querer-gobernar-dar-respuestas-f202601.html
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