Estafa Millonaria a Petroleros de Neuquén: Cirugías Pediátricas Falsas al Descubierto
La tranquilidad de una obra social, pilar fundamental en el acceso a la salud, se ha visto sacudida en Neuquén por un escándalo de fraude que supera los 20 millones de pesos. Lo que comenzó como una sospecha sobre cirugías pediátricas inexistentes en la obra social de los petroleros (OS.PE.PRI) ha escalado a una investigación compleja que involucra a tres profesionales de la salud y pone en tela de juicio los mecanismos de control interno. Este artículo profundiza en los detalles de la estafa, las implicaciones para los afiliados, las medidas tomadas por el Sindicato de Petroleros Privados y el futuro de la investigación.
- El Descubrimiento del Fraude: Un Análisis Detallado
- Los Profesionales Involucrados y su Rol en la Estafa
- El Impacto Económico y la Respuesta del Sindicato
- La Investigación en Curso: Allanamientos y Pruebas Recopiladas
- El Futuro de la Investigación y las Posibles Consecuencias
- La Importancia de los Controles Internos en las Obras Sociales
El Descubrimiento del Fraude: Un Análisis Detallado
La estafa se destapó gracias a una auditoría interna realizada por el Sindicato de Petroleros Privados, que analizó el período comprendido entre enero y junio de 2024. Durante este lapso, se detectaron numerosas cirugías traumatológicas complejas realizadas a niños que, según las investigaciones, nunca fueron sometidos a tales intervenciones. La primera alerta surgió al contactar a los padres de los afiliados, quienes confirmaron que sus hijos solo habían recibido atención en consultorios u hospitales, pero nunca habían ingresado a quirófano. Esta discrepancia inicial llevó a una revisión más exhaustiva de las historias clínicas y los registros hospitalarios.
Las irregularidades no se limitaron a la falta de consentimiento informado o a errores administrativos. La investigación reveló casos de operaciones de cadera, tobillo y pierna supuestamente realizadas en simultáneo, con altas médicas otorgadas en un lapso de tiempo irrealmente corto, apenas una hora después de la intervención. Además, se encontraron registros de prótesis que nunca fueron colocadas y operaciones inexistentes cargadas en las historias clínicas, lo que evidencia una manipulación sistemática de la información.
Los Profesionales Involucrados y su Rol en la Estafa
Inicialmente, la investigación se centró en un traumatólogo infantil y un anestesista, cuyos domicilios fueron allanados por la Fiscalía de Delitos Económicos. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, se descubrió la participación de un segundo anestesista, identificado como docente universitario en la cátedra de Farmacología de la Universidad Nacional del Comahue. Este último fue demorado para su identificación y se le imputan cargos similares a los de sus colegas. La Fiscalía secuestró teléfonos, computadoras, pendrives e historias clínicas de todos los involucrados, material que se está analizando minuciosamente para determinar el alcance total del fraude.
El rol de cada profesional en la estafa parece haber sido coordinado. El traumatólogo infantil habría sido el responsable de generar las órdenes de cirugía y las historias clínicas falsas, mientras que los anestesistas habrían certificado la realización de las intervenciones, permitiendo así la facturación a la obra social. La participación del docente universitario añade una dimensión preocupante al caso, ya que sugiere que la estafa podría haber contado con el conocimiento y la complicidad de personas con acceso a información privilegiada y a recursos académicos.
El Impacto Económico y la Respuesta del Sindicato
El fraude supera los 20 millones de pesos, una suma considerable que representa un perjuicio económico significativo para la obra social, la mutual y, en última instancia, para los afiliados. El Sindicato de Petroleros Privados, a través de su equipo legal, amplió la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos, aportando documentación que evidencia la magnitud del fraude. El secretario general del gremio, Marcelo Rucci, fue contundente al expresar su indignación y su compromiso con la justicia.
Además de la denuncia penal, el Sindicato tomó medidas internas para evitar que la estafa se repita. Se resolvió el despido de dos auditoras de la mutual, señaladas por negligencia en los controles. Rucci enfatizó que los afiliados, la obra social y la mutual fueron defraudados económicamente por pagos indebidos hacia profesionales que fraguaron prácticas médicas que nunca existieron. El gremio se comprometió a colaborar plenamente con la investigación y a implementar medidas más rigurosas de control interno.
La Investigación en Curso: Allanamientos y Pruebas Recopiladas
La causa está a cargo de la fiscal Valeria Panozzo, quien dispuso allanamientos en clínicas y domicilios de los médicos involucrados. Los allanamientos permitieron el secuestro de una gran cantidad de documentación, incluyendo historias clínicas, registros hospitalarios, computadoras, teléfonos y pendrives. Esta evidencia está siendo analizada por peritos informáticos y contables para reconstruir la trama del fraude y determinar el alcance total de las pérdidas.
Los querellantes, Marcelo Hertzriquen Velazco y Joaquín Tomás Hertzriquen Catena, adelantaron que los registros hospitalarios no muestran evidencia de las operaciones denunciadas. Esto refuerza la sospecha de que las cirugías fueron completamente ficticias y que los médicos involucrados actuaron con el único propósito de obtener beneficios económicos ilícitos. La investigación se centra ahora en comprobar el alcance del fraude y determinar si existieron otros profesionales implicados en prácticas similares en períodos anteriores.
El Futuro de la Investigación y las Posibles Consecuencias
La investigación se encuentra en una etapa crucial, en la que se están analizando las pruebas recopiladas y se están entrevistando a testigos. La Fiscalía busca determinar si los médicos involucrados actuaron solos o si contaron con la ayuda de otras personas, incluyendo personal administrativo de la obra social o de los hospitales. También se investiga si el fraude se limitó a las cirugías pediátricas o si se extendió a otras áreas de la atención médica.
Las posibles consecuencias para los médicos involucrados son graves. Podrían enfrentar cargos por fraude, falsificación de documentos, abuso de confianza y asociación ilícita, delitos que podrían acarrear penas de prisión y la inhabilitación para ejercer la profesión. Además, el Sindicato de Petroleros Privados ha anunciado que tomará medidas legales para recuperar los fondos defraudados y para garantizar que los afiliados reciban la atención médica que merecen.
Este escándalo pone de manifiesto la importancia de los controles internos en las obras sociales. La falta de supervisión y la negligencia en la verificación de las facturas y los registros hospitalarios permitieron que el fraude se prolongara durante varios meses. El Sindicato de Petroleros Privados ha anunciado que implementará medidas más rigurosas de control interno para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Estas medidas podrían incluir la contratación de auditores externos, la implementación de sistemas informáticos más sofisticados para el seguimiento de las facturas y la verificación de las historias clínicas, y la capacitación del personal de la obra social en materia de detección de fraudes. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la integridad de las obras sociales y para proteger los derechos de los afiliados.
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