Falta de canales de denuncia de corrupción en ayuntamientos medianos persiste un año después de su obligatori edad
En España, un año después de que la Ley de Protección del Informante exigiera a los ayuntamientos medianos (entre 100.000 y 200.000 habitantes) implantar canales seguros para denunciar irregularidades, seis de cada diez de estos municipios aún no cuentan con dichos mecanismos.
Canales inexistentes o tardíos
El Tribunal de Cuentas realizó un sondeo entre 35 ayuntamientos de este tamaño y descubrió que solo seis habían establecido el canal interno de información en el plazo establecido por la ley (junio de 2023). Los municipios que sí cumplieron con la normativa fueron: Badajoz, Cartagena, Córdoba, Gijón, Logroño y Ourense.
Otros ocho ayuntamientos (Barakaldo, Dos Hermanas, Cádiz, Fuenlabrada, Huelva, Salamanca, Tarragona y Torrejón de Ardoz) implementaron sus sistemas internos tras el cierre de la fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Llamamiento a la implementación
La institución que preside Juan Antonio Martínez Camacho ha instado a los ayuntamientos restantes a "continuar esforzándose en el fortalecimiento de sus procedimientos y controles, implementando Sistemas internos de información en los casos en los que carezcan de ellos, e impulsando mejoras continuas en los existentes".
Cumplimiento escaso
El informe del Tribunal de Cuentas refleja que el cumplimiento de la Ley de Protección del Informante en los ayuntamientos medianos españoles es escaso, con un porcentaje de implementación que no llega al 40% a pesar de la obligatoriedad legal.
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