Feijóo y el Registro de Pirómanos: Una Propuesta Olvidada de 2012 Resurge Tras los Incendios
La reciente propuesta de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, de crear un registro de pirómanos y dotarlos de pulseras telemáticas para su localización ha desatado una ola de debate político y social en España. Sin embargo, esta idea, presentada como una solución innovadora ante la devastadora ola de incendios que ha asolado el país, dista mucho de ser original. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha recordado que Feijóo ya contempló la creación de un registro de infractores en materia de incendios forestales en 2012, durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia, una medida que, curiosamente, nunca llegó a implementarse. Este artículo analiza en profundidad la historia de esta propuesta, sus implicaciones legales y prácticas, y el contexto político que la rodea, desentrañando las contradicciones y la falta de continuidad en la gestión de Feijóo en relación con la prevención de incendios.
- El Plan de Feijóo: 50 Medidas Contra el Fuego y la Polémica del Registro
- Antecedentes Gallegos: La Ley de Montes de 2012 y el Registro Olvidado
- El Intento Fallido de 2021: Otra Oportunidad Perdida
- Implicaciones Legales y Prácticas del Registro de Pirómanos
- Más Allá del Registro: La Necesidad de una Estrategia Integral de Prevención
El Plan de Feijóo: 50 Medidas Contra el Fuego y la Polémica del Registro
El plan del PP, presentado como respuesta a los incendios que han quemado más de 350.000 hectáreas en España, incluye 50 medidas destinadas a combatir y prevenir los incendios forestales. La propuesta más llamativa, y la que ha generado mayor controversia, es la creación de un registro de pirómanos y el uso de pulseras telemáticas para su seguimiento. Feijóo argumenta que esta medida permitiría identificar y controlar a las personas con historial de incendios provocados, facilitando la labor de las autoridades y disuadiendo a potenciales incendiarios. Sin embargo, la viabilidad y eficacia de esta propuesta han sido cuestionadas por expertos en seguridad y derecho, quienes señalan las dificultades técnicas y legales que implicaría su implementación, así como el riesgo de vulneración de derechos fundamentales.
La reacción política a la propuesta no se ha hecho esperar. El PSOE, a través de su portavoz en el Congreso, Patxi López, ha criticado la medida, sugiriendo que algunos líderes autonómicos del PP deberían haber llevado pulseras telemáticas durante los incendios para justificar su ausencia en las zonas afectadas. Esta crítica, aunque indirecta, apunta a la falta de liderazgo y coordinación en la gestión de la crisis por parte de algunos gobiernos autonómicos del PP. Además, se ha señalado que la mayoría de los incendios no son provocados por personas con patologías específicas, sino que tienen otras motivaciones, como el lucro, conflictos ganaderos o vandalismo.
Antecedentes Gallegos: La Ley de Montes de 2012 y el Registro Olvidado
La senadora del BNG, Carmen Da Silva, ha sacado a la luz un dato revelador: la propuesta de Feijóo no es nueva. En 2012, cuando era presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo ya incluyó la creación de un registro de infractores en materia de incendios forestales en la Ley de Montes. Concretamente, el artículo 147 de dicha ley contemplaba la posibilidad de crear un registro de personas sancionadas por infracciones relacionadas con incendios forestales. Sin embargo, a pesar de la aprobación de la ley, el Gobierno gallego nunca llegó a desarrollar ni implementar este registro. Esta omisión plantea serias dudas sobre el compromiso real de Feijóo con la prevención de incendios y su capacidad para llevar a cabo las medidas que propone.
La Ley de Montes de 2012, aunque incluía la posibilidad de crear el registro, no especificaba los criterios para su inclusión, los derechos de los registrados ni los procedimientos para su actualización y eliminación. Esta falta de concreción podría haber sido uno de los motivos por los que el Gobierno gallego no se atrevió a implementar el registro, temiendo posibles impugnaciones legales. Además, la creación de un registro de este tipo podría haber generado problemas de privacidad y discriminación, ya que implicaría la recopilación y almacenamiento de datos personales de personas que, aunque hayan sido sancionadas por infracciones relacionadas con incendios, no necesariamente son pirómanos.
El Intento Fallido de 2021: Otra Oportunidad Perdida
El BNG también ha recordado que Feijóo rescató la idea del registro de pirómanos en 2021, al presentar una ley de Prevención de Incendios que, finalmente, tampoco llegó a aprobarse. Esta nueva propuesta, aunque más detallada que la de 2012, seguía adoleciendo de los mismos problemas de fondo: falta de concreción en los criterios de inclusión, riesgo de vulneración de derechos fundamentales y dudas sobre su eficacia real. La repetición de esta propuesta, sin llegar a implementarse en ninguna ocasión, refuerza la imagen de Feijóo como un político que prefiere la retórica a la acción, y que utiliza la prevención de incendios como una herramienta de comunicación política en lugar de una prioridad real.
La ley de Prevención de Incendios de 2021, aunque no llegó a aprobarse, incluía medidas como el aumento de las sanciones por incendios provocados, la creación de brigadas forestales especializadas y la mejora de la coordinación entre las diferentes administraciones. Sin embargo, la propuesta del registro de pirómanos seguía siendo el punto más controvertido de la ley, generando críticas tanto por parte de la oposición como de expertos en seguridad. La falta de consenso en torno a esta medida, sumada a la proximidad de las elecciones autonómicas, podría haber sido uno de los motivos por los que Feijóo decidió no insistir en su aprobación.
Implicaciones Legales y Prácticas del Registro de Pirómanos
La creación de un registro de pirómanos plantea importantes desafíos legales y prácticos. En primer lugar, es necesario definir con precisión qué se entiende por "pirómano" y cuáles son los criterios para su inclusión en el registro. ¿Se incluirán solo a las personas condenadas por delitos de incendio, o también a aquellas que hayan sido sancionadas administrativamente por infracciones relacionadas con incendios? ¿Se tendrá en cuenta el grado de intencionalidad del incendio, o se incluirán también a las personas que hayan provocado incendios de forma negligente? Estas preguntas son fundamentales para evitar arbitrariedades y discriminaciones.
En segundo lugar, es necesario garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas incluidas en el registro, como el derecho a la privacidad, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la no discriminación. La recopilación y almacenamiento de datos personales de estas personas debe realizarse de forma segura y transparente, y su acceso debe estar restringido a las autoridades competentes. Además, es necesario establecer mecanismos para la revisión y actualización del registro, así como para la eliminación de datos de las personas que hayan demostrado su rehabilitación.
En tercer lugar, es necesario evaluar la eficacia real del registro. ¿Permitirá realmente prevenir incendios y detener a los incendiarios? ¿No correrá el riesgo de que los incendiarios se limiten a cambiar sus métodos para evitar ser detectados? ¿No generará una sensación de estigmatización y exclusión social entre las personas incluidas en el registro? Estas preguntas deben ser respondidas antes de implementar una medida que podría tener consecuencias negativas para la sociedad.
Más Allá del Registro: La Necesidad de una Estrategia Integral de Prevención
La propuesta de Feijóo, centrada en la creación de un registro de pirómanos, corre el riesgo de desviar la atención de los verdaderos problemas que causan los incendios forestales en España. La prevención de incendios requiere una estrategia integral que aborde las causas subyacentes, como el abandono del rural, la falta de limpieza de los montes, el cambio climático y la especulación urbanística. Es necesario invertir en la creación de empleo en el rural, en la mejora de las infraestructuras forestales, en la formación de brigadas forestales y en la concienciación ciudadana.
Además, es fundamental mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones, tanto a nivel estatal como autonómico y local. La lucha contra los incendios forestales es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los actores implicados. Es necesario establecer protocolos de actuación claros y eficientes, y garantizar la disponibilidad de recursos suficientes para hacer frente a las emergencias. La politización de la gestión de incendios, como la que se ha evidenciado en las últimas semanas, solo dificulta la tarea de las autoridades y pone en riesgo la seguridad de las personas y el medio ambiente.
En definitiva, la propuesta de Feijóo, aunque pueda tener un atractivo mediático, no es una solución real al problema de los incendios forestales en España. La prevención de incendios requiere una estrategia integral, basada en la inversión, la coordinación y la concienciación, y que aborde las causas subyacentes del problema. La repetición de propuestas fallidas, como el registro de pirómanos, solo demuestra la falta de compromiso real de algunos políticos con la protección del medio ambiente y la seguridad de los ciudadanos.
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