Fiscalía ratifica condena por estafa en caso de tormenta de 2017
La Fiscalía rechaza los recursos de las defensas en el caso de fraude a la Municipalidad por la tormenta de 2017. El fiscal Cristian Olazábal defiende la sentencia condenatoria y solicita su confirmación.
Ataques a la validez del juicio
Las defensas de los condenados han impugnado la validez del juicio, alegando la retirada inicial de los fiscales Cretón y Cabral. Sin embargo, el fiscal Olazábal sostiene que la intervención del procurador general, que designó a Olazábal para llevar a cabo el juicio, invalidó las acciones de los fiscales anteriores.
Cuestionamiento de pruebas
Los defensores también han cuestionado la falta de pruebas periciales para determinar la autenticidad de las firmas y el monto del perjuicio. El fiscal Olazábal argumenta que la gran cantidad de documentación, incluidos cientos de partes diarios y algunos documentos firmados por notario, hace innecesaria una pericia caligráfica. Además, considera innecesaria una pericia contable ya que el monto del perjuicio ya estaba determinado y solo requería una actualización.
Solicitud de reducción de penas
Las defensas también han pedido una reducción de las condenas. La fiscalía, sin embargo, sostiene que las penas impuestas están dentro del marco legal y que deberían haberse incrementado. El fiscal señala que la pena de 5 años para Abel Boyero y Roberto Monasterolo es apropiada, a pesar de la petición inicial de una pena menor.
No se trata de un solo documento con firmas, sino de una gran cantidad de documentación. Era innecesaria una pericia caligráfica.
- Fiscal Cristian Olazábal
Montos del perjuicio
El fiscal Olazábal enfatiza que el perjuicio al municipio asciende a 406.000 dólares actuales. Para calcularlo, se actualizaron los valores de 2017 a dólar presente utilizando una indexación. El tribunal ha ordenado embargos sobre los bienes de los condenados para reparar este daño.
Próximas actuaciones
La fiscalía espera que se fije una audiencia oral en los próximos días para discutir las impugnaciones. El plazo para concluir la revisión de la sentencia vence el 29 de noviembre.
Implicaciones para los funcionarios públicos
El fiscal Olazábal recuerda que los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar cualquier falsificación de firmas en documentos. En este caso, la falta de denuncias indica que las firmas eran auténticas.
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