FMI: Justicia ordena a Caputo revelar detalles del acuerdo y prioriza transparencia informativa
La Justicia ordenó a Luis Caputo informar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Ministerio de Economía deberá entregar en un plazo de 5 días el expediente completo del DNU 179/2025, que aprobó un crédito de U$S 20.000 millones con el FMI.
El Caso
La orden judicial fue dictada por el juez federal de Dolores Martín Bava en el marco de un amparo presentado por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el CELS. El 27 de junio de 2025, Francisco Verbic, abogado en causa propia e integrante de la CAIP, junto con Leonel Bazan y Diego Morales, integrantes del CELS, interpusieron acción de amparo contra el ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN.
El objetivo del amparo es que se declare la ilegalidad de la conducta del Ministerio de Economía en sede administrativa y se ordene brindar la información pública sobre el expediente completo relacionado al decreto que aprobó las operaciones con el Fondo.
Resolución sobre el Acceso a la Información Pública
El juez ordenó al Ministerio de Economía de la Nación, conjuntamente con la Agencia de Acceso a la Información Pública, garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo “EX-2025-24205368- -APN-DGDA#MEC”, donde tramitó el dictado del DNU 179/2025 (crédito FMI).
Esto incluye todos sus archivos embebidos, anexos y cualquier documentación obrante en dicho expediente, así como de toda otra actuación conexa al mismo, en un plazo de cinco (5) días hábiles de notificada la presente.
Violación a la Ley de Acceso a la Información Pública
Para los organismos, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, violó la Ley de Acceso a la Información Pública y buscó ocultar la información con maniobras para eludir entregarla al juzgado.
El Ministerio le dio trámite al pedido a través de la Ley 27.275, incluso pidió prórroga para entregar el expediente del préstamo, pero decidió desconocer su aplicación y derivar el pedido a un procedimiento administrativo.
Supremacía de la Ley 27.275
El juez sostuvo que el Estado debe acatar la ley que garantiza el acceso a la información pública, sancionada en democracia y con amplio consenso, por sobre la normativa que regula el proceso administrativo, dictada en un gobierno de facto.
La decisión del juzgado reafirma que el derecho al acceso a la información pública es indispensable para el control democrático de las decisiones estatales y es especialmente relevante en políticas económicas de alto impacto, como la firma de un acuerdo con el FMI.
“En nuestro sistema jurídico, toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, ni que acredite poseer un derecho subjetivo o un interés legítimo (art. 4 de la Ley 27.275)”, aclaró el juez.
La Ley 27.275, sancionada en democracia y con amplio consenso, es una norma especial y posterior que prevalece sobre el régimen general de procedimientos administrativos. La conducta del Ministerio va en contra del derecho a conocer información que repercutirá en la vida de la sociedad.
El DNU tampoco contiene información sobre las razones y condiciones del empréstito. La Corte Suprema de Justicia estableció que “el derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones.
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