Fraude Inmobiliario Millonario: Familia L’Abbate Estafó a 200 Compradores en Buenos Aires
El mercado inmobiliario, tradicionalmente visto como un refugio seguro para la inversión y la realización del sueño de la vivienda propia, ha sido sacudido por un escándalo de proporciones millonarias en Argentina. Una investigación judicial ha destapado una presunta asociación ilícita dedicada a defraudar a cientos de compradores a través de proyectos inmobiliarios ficticios, dejando un rastro de pérdidas que superan los 20 millones de dólares. Este artículo profundiza en los detalles de este fraude, la red detrás de él, las estrategias utilizadas y el impacto devastador en las víctimas, revelando una historia de promesas incumplidas y ahorros dilapidados.
- El Despliegue del Fraude: Mecanismos y Alcance
- La Familia L’Abbate e Icons Tech S.A.: Los Protagonistas del Engaño
- El Perfil de las Víctimas: Un Sueño Destrozado
- Estrategias de Lavado de Dinero y Rastreo de Activos
- Edificios Fantasma y la Magnitud del Fraude
- Antecedentes y Mecanismos de Sostenimiento del Fraude
El Despliegue del Fraude: Mecanismos y Alcance
La investigación judicial reveló que la organización operaba bajo la fachada de fideicomisos inmobiliarios, ofreciendo departamentos “desde el pozo” – es decir, en construcción – a precios atractivos. La clave del engaño residía en la venta repetida de las mismas propiedades, en algunos casos hasta cuatro veces, aprovechando la confianza de los inversores y la falta de un control efectivo. Los acusados cobraban anticipos significativos, a menudo el 30% o más del valor total, y luego se evaporaban sin entregar las unidades prometidas. La falta de escrituración, obras inconclusas o directamente inexistentes eran la norma, dejando a los compradores en un limbo legal y económico.
El fraude se extendió durante un período considerable, comenzando durante la pandemia de COVID-19 y continuando hasta 2023. Este período, marcado por la incertidumbre económica y las bajas tasas de interés, incentivó la búsqueda de inversiones seguras, convirtiendo al sector inmobiliario en un blanco fácil para los estafadores. La organización utilizaba al menos 20 empresas vinculadas para mover fondos, evadir embargos y dificultar el rastreo de los activos robados. Esta compleja red de sociedades pantalla permitía a los acusados ocultar el origen ilícito de los fondos y mantener la apariencia de legalidad.
La Familia L’Abbate e Icons Tech S.A.: Los Protagonistas del Engaño
En el centro del escándalo se encuentra la familia L’Abbate, cuyos cuatro miembros – Vito Antonio, Emanuel Andrés, Juan Ignacio y Santiago David – son señalados como los líderes de la organización. Estos individuos, responsables de la firma Induplack Fiduciaria, habrían sido los arquitectos del esquema fraudulento, encargándose de la captación de fondos y la gestión de las empresas vinculadas. Junto a ellos, Patricio Gastón Flores, apoderado legal y presidente de Icons Tech S.A., también ha sido procesado por su participación en el delito.
Induplack Fiduciaria, la empresa insignia de la familia L’Abbate, se presentaba como un actor confiable en el mercado inmobiliario, promocionando sus desarrollos a través de un sitio web que exhibía más de 30 proyectos en distintas zonas de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa prometía rentabilidad asegurada, facilidades de pago y una trayectoria de “12 años y más de 800 unidades entregadas”, una afirmación que ahora se ha revelado como una falacia. Icons Tech S.A., por su parte, habría jugado un papel clave en la captación de inversores y la gestión de los fondos obtenidos.
El Perfil de las Víctimas: Un Sueño Destrozado
Las víctimas del fraude provienen de diversos estratos sociales, pero comparten un denominador común: la confianza depositada en una empresa que se presentaba como sólida y confiable. Entre los damnificados se encuentran trabajadores, profesionales y jubilados, personas que ahorraron durante años para invertir en un departamento o una cochera, con la esperanza de asegurar su futuro o el de sus familias. El abogado laboralista Juan Pablo Chiesa es uno de los ejemplos más emblemáticos, habiendo denunciado la compra de dos cocheras y dos monoambientes que nunca recibió.
El caso de Andrea Gerez, otra de las damnificadas, refleja el drama de muchos: “Pagué durante seis años por un departamento que no era mío. Me siento estafada”. Estas historias, replicadas una y otra vez, evidencian el impacto devastador del fraude en la vida de las víctimas, quienes no solo perdieron sus ahorros, sino también la esperanza de alcanzar el sueño de la vivienda propia. La fiscal Mónica Cuñarro describió el esquema como similar a un fraude piramidal, donde los fondos de los nuevos inversores se utilizaban para pagar a los anteriores, manteniendo la ilusión de rentabilidad hasta que el sistema colapsó.
Estrategias de Lavado de Dinero y Rastreo de Activos
La fiscalía ha revelado que los acusados captaron fondos sin autorización del Banco Central y lavaron activos mediante sociedades pantalla. Esta práctica permitió a la organización ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar su rastreo. Se han identificado cuentas bancarias en Estados Unidos, lo que sugiere que los acusados intentaron transferir los activos robados al extranjero para protegerlos de la justicia. Las autoridades han incautado unos 905 millones de pesos y han ordenado la inhibición general de bienes a los imputados, con el objetivo de asegurar la recuperación de los fondos para las víctimas.
La complejidad de la red financiera utilizada por la organización ha dificultado la tarea de rastrear todos los activos robados. Sin embargo, la fiscalía continúa trabajando en la identificación de nuevas cuentas bancarias y propiedades vinculadas a los acusados. La colaboración con autoridades internacionales es fundamental para recuperar los fondos transferidos al extranjero y llevar a los responsables ante la justicia.
Edificios Fantasma y la Magnitud del Fraude
La investigación ha revelado la existencia de edificios que nunca se construyeron o que fueron vendidos a múltiples compradores. En uno de los casos más extremos, un edificio de 48 departamentos registró 95 compradores distintos, lo que evidencia el nivel de superposición de ventas y la magnitud del fraude. Las ubicaciones afectadas incluyen Potosí 3957, Acuña de Figueroa 333, Av. Jujuy 431, entre otros puntos de la capital. Estos inmuebles, que se promocionaban como oportunidades de inversión únicas, resultaron ser meras promesas vacías.
Las víctimas, desesperadas por recuperar sus ahorros, se han agrupado en redes sociales bajo perfiles como “Estafados por Induplack”, donde comparten sus experiencias y buscan apoyo mutuo. Estas plataformas se han convertido en un espacio de denuncia y visibilización del caso, presionando a las autoridades para que avancen en la investigación y recuperen los fondos robados. La jueza Paula González ya había procesado a los acusados por al menos 14 hechos similares en 2023 y 2024, lo que demuestra la sistematicidad del fraude.
Antecedentes y Mecanismos de Sostenimiento del Fraude
La fiscalía ha revelado que la maniobra se sostenía mediante el traspaso continuo de fondos entre empresas ante cada demanda civil o comercial. Esta estrategia permitía a la organización mantener la apariencia de solvencia y evitar el embargo de sus activos. Cada vez que una víctima presentaba una demanda, los acusados transferían fondos de una empresa a otra, dificultando la identificación de los activos reales y retrasando el proceso judicial. Este mecanismo, sumado a la complejidad de la red financiera, complicó la tarea de las autoridades para desmantelar la organización y recuperar los fondos robados.
El caso reabre el debate sobre la falta de regulación y control en el mercado inmobiliario argentino. La ausencia de mecanismos efectivos de verificación de la información y la falta de supervisión de las empresas fiduciarias permitieron que este fraude se perpetuara durante tanto tiempo. Las víctimas exigen sanciones ejemplares para los responsables, mayor transparencia en el mercado inmobiliario y mecanismos efectivos de prevención para evitar que otros ciudadanos pierdan sus ahorros en proyectos fraudulentos.
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