Ganaderos de Victoria y Delta Entrerriano: Nueva Infraestructura para Embarque de Ganado y Ahorro en Tasas.
Durante décadas, los ganaderos de las islas del Paraná, particularmente en el departamento Victoria y el sur del delta entrerriano, han enfrentado una problemática persistente: los altos costos asociados al transporte y embarque de su hacienda. Dependientes de instalaciones en la costa controladas por terceros, se veían obligados a pagar tasas consideradas “exhorbitantes”, erosionando significativamente sus márgenes de ganancia. Esta situación, que impactaba directamente en la rentabilidad de sus explotaciones y en la competitividad de la producción ganadera regional, encontró una solución tangible con la reciente firma de un convenio histórico en Buenos Aires. El acuerdo, que involucra a Vialidad Nacional, autoridades entrerrianas, entidades rurales y las comunidades isleñas, permitirá la construcción de embarcaderos propios, gestionados directamente por los productores, marcando un antes y un después en la logística ganadera de la zona.
El Impacto de las Tasas en la Ganadería Insular
La geografía particular de las islas del Paraná impone desafíos logísticos únicos para los ganaderos. El acceso limitado por tierra y la necesidad de utilizar vías fluviales para el traslado de la hacienda hacia los mercados generan una dependencia inevitable de las instalaciones portuarias existentes. Durante años, estas instalaciones han estado en manos de operadores privados, quienes establecían tarifas que, según los productores, no reflejaban los costos reales del servicio y constituían una carga financiera excesiva. Estas tasas afectaban no solo el precio final de la hacienda, sino también la capacidad de inversión de los productores, limitando su posibilidad de mejorar sus instalaciones, implementar nuevas tecnologías y, en definitiva, aumentar la productividad de sus explotaciones.
La falta de alternativas viables obligaba a los ganaderos a aceptar estas condiciones, generando un sentimiento de frustración y descontento. La situación se agravaba en épocas de alta demanda, cuando los operadores portuarios podían aumentar aún más las tarifas, aprovechando la necesidad urgente de los productores de embarcar su hacienda. Esta incertidumbre económica dificultaba la planificación a largo plazo y ponía en riesgo la sostenibilidad de muchas explotaciones ganaderas familiares, que constituyen la base de la economía local en las islas.
Además del impacto económico directo, las altas tasas también generaban distorsiones en el mercado, favoreciendo a aquellos productores que contaban con mayor capacidad de negociación o que podían acceder a otras alternativas logísticas, como el transporte terrestre a través de largas distancias. Esta situación creaba una competencia desleal y perjudicaba a los pequeños y medianos productores, que son la mayoría en la región. La necesidad de encontrar una solución a este problema se convirtió en una prioridad para las entidades rurales y las comunidades isleñas, quienes comenzaron a buscar alternativas que les permitieran recuperar el control sobre su propia logística.
El Convenio Histórico: Cesión de Tierras y Autogestión
La firma del convenio en Buenos Aires representa la culminación de años de gestiones y negociaciones por parte de las entidades rurales entrerrianas, en particular la Sociedad Rural de Victoria (SRV) y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC). El acuerdo, que contó con el apoyo del gobierno provincial y de la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), establece la cesión –con cargo– por parte de Vialidad Nacional de tres fracciones de tierra estratégicamente ubicadas para la construcción de mangas y corrales de embarque y desembarque de hacienda en pie. Dos de estas fracciones serán destinadas a la SRV y una a la CIAC, garantizando la participación de ambos sectores en la gestión de las nuevas instalaciones.
La cesión de tierras con cargo implica que las entidades rurales deberán realizar una inversión inicial para la adecuación de los terrenos y la construcción de la infraestructura necesaria. Sin embargo, a largo plazo, esta inversión se verá compensada por el ahorro en las tasas de embarque y por el control directo sobre los costos operativos. Además, la autogestión de las instalaciones permitirá a los productores adaptar los servicios a sus necesidades específicas y mejorar la eficiencia de la logística ganadera en la región. La posibilidad de gestionar sus propios embarcaderos representa un cambio paradigmático para los ganaderos de las islas, quienes pasarán de ser meros usuarios de instalaciones ajenas a ser los dueños de su propio destino.
La participación de Vialidad Nacional en el convenio es fundamental, ya que garantiza la legalidad y la seguridad jurídica de la operación. La cesión de tierras por parte de un organismo estatal aporta transparencia y confianza a los productores, quienes podrán invertir en las nuevas instalaciones con la tranquilidad de que su inversión está protegida. Además, la colaboración entre el gobierno nacional y las entidades rurales demuestra un compromiso compartido con el desarrollo de la producción ganadera en la región.
Beneficios Esperados para los Ganaderos y la Economía Regional
La construcción de los nuevos embarcaderos generará una serie de beneficios directos e indirectos para los ganaderos de las islas del Paraná y para la economía regional en su conjunto. En primer lugar, se espera una reducción significativa de los costos de transporte y embarque de la hacienda, lo que se traducirá en un aumento de los márgenes de ganancia para los productores. Este aumento de la rentabilidad permitirá a los ganaderos invertir en la mejora de sus explotaciones, aumentar la producción y generar nuevos empleos en la región.
En segundo lugar, la autogestión de las instalaciones permitirá a los productores adaptar los servicios a sus necesidades específicas, mejorando la eficiencia de la logística ganadera y reduciendo los tiempos de espera. Esto se traducirá en una mayor competitividad de la producción ganadera regional en los mercados nacionales e internacionales. Además, la posibilidad de controlar los costos operativos permitirá a los productores ofrecer precios más competitivos y aumentar su participación en el mercado.
En tercer lugar, la construcción de los nuevos embarcaderos generará un impacto positivo en la economía local, impulsando el desarrollo de actividades relacionadas con la logística, el transporte y la prestación de servicios. La creación de nuevos empleos y el aumento de la actividad económica contribuirán a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las islas y a fortalecer el tejido social de la región. La inversión en infraestructura y la mejora de la logística ganadera son elementos clave para el desarrollo sostenible de las islas del Paraná.
Finalmente, el convenio sienta un precedente importante para otras regiones del país que enfrentan problemas similares en materia de logística ganadera. La experiencia de las islas del Paraná puede servir de modelo para otras comunidades rurales que buscan recuperar el control sobre su propia infraestructura y mejorar la rentabilidad de sus explotaciones. La colaboración entre el gobierno, las entidades rurales y las comunidades locales es fundamental para encontrar soluciones innovadoras y sostenibles a los desafíos que enfrenta el sector agropecuario.
Detalles de la Infraestructura y Próximos Pasos
El proyecto de construcción de los embarcaderos contempla la instalación de mangas y corrales de última generación, diseñados para facilitar el manejo de la hacienda y garantizar su bienestar durante el proceso de embarque y desembarque. Las instalaciones contarán con sistemas de iluminación, ventilación y sombra, así como con áreas de descanso y alimentación para los animales. Además, se prevé la construcción de oficinas administrativas, depósitos y sanitarios para el personal que trabajará en las instalaciones.
La SRV y la CIAC se encargarán de la gestión de los proyectos de construcción y de la contratación de los proveedores de materiales y servicios. Se espera que las obras comiencen en los próximos meses y que estén finalizadas en un plazo de seis a doce meses. Durante este período, se llevarán a cabo reuniones periódicas con los productores y las autoridades locales para informar sobre el avance de los trabajos y para recoger sus sugerencias y propuestas. La participación activa de la comunidad isleña es fundamental para garantizar que las nuevas instalaciones se adapten a sus necesidades específicas.
Una vez finalizadas las obras, se establecerán protocolos de funcionamiento claros y transparentes, que garantizarán el acceso equitativo a las instalaciones para todos los productores de la región. Se establecerán tarifas justas y razonables, que reflejen los costos reales de operación y mantenimiento de las instalaciones. Además, se implementarán medidas de control de calidad y de seguridad para garantizar el bienestar de la hacienda y la protección del medio ambiente. La gestión eficiente y transparente de los nuevos embarcaderos será clave para el éxito del proyecto.
El convenio también contempla la posibilidad de ampliar las instalaciones en el futuro, en función de la demanda y de las necesidades de los productores. Se prevé la construcción de nuevas mangas y corrales, así como la incorporación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de la logística ganadera. La flexibilidad y la capacidad de adaptación son elementos clave para garantizar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.
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