Gasto millonario en encuestas en CABA: ¿Prioridades en medio de la crisis?
En medio de una crisis económica que azota la provincia de Buenos Aires, afectando duramente a la clase media y a los sectores más vulnerables, la administración de Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha destinado una suma considerable –casi 9 mil millones de pesos– a la realización de encuestas y estudios de opinión pública. Esta decisión, revelada a través de la licitación pública 623-1653.LPU24, ha generado controversia y cuestionamientos sobre las prioridades del gobierno porteño, especialmente considerando la falta de justificación detallada sobre la utilidad concreta de estos estudios para el ciudadano común. El artículo explora en profundidad los detalles de esta licitación, las empresas beneficiadas y el contexto político que la rodea.
El Gasto Millonario en Estudios de Opinión: Detalles de la Licitación
La licitación pública 623-1653.LPU24, publicada en el Boletín Oficial, establece un presupuesto de $8.778.750.436,35 para el “Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública, en su modalidad cuantitativa y cualitativa, dirigidos a un determinado grupo de personas y en relación a temas específicos”. La descripción del objeto de la contratación es deliberadamente vaga, sin especificar los temas que se investigarán ni cómo los resultados se traducirán en beneficios tangibles para la población. Esta falta de transparencia ha alimentado las críticas y las sospechas sobre el verdadero propósito de la inversión.
El pliego licitatorio, que consta de solo cuatro páginas, carece de informes técnicos que justifiquen la magnitud del gasto, así como de criterios objetivos para evaluar las propuestas de las consultoras participantes. Esta omisión es particularmente preocupante, ya que dificulta la rendición de cuentas y la posibilidad de determinar si el dinero público se está utilizando de manera eficiente y responsable. La ausencia de una justificación sólida plantea interrogantes sobre la necesidad real de realizar estos estudios en el contexto actual de dificultades económicas.
El financiamiento de la licitación estará a cargo del Ministerio de Hacienda de la Ciudad, lo que implica una asignación directa de recursos públicos a este fin. La decisión de priorizar los estudios de opinión por encima de otras necesidades más urgentes, como la mejora de los servicios públicos o el apoyo a los sectores más afectados por la crisis, ha sido ampliamente criticada por la oposición y por organizaciones sociales.
Las Consultoras Favorecidas: Un Círculo Político Conocido
Un total de 24 consultoras privadas fueron seleccionadas para participar en el reparto del millonario presupuesto. Entre ellas, se destacan nombres recurrentes en el ámbito político del PRO, lo que sugiere una posible preferencia por empresas con vínculos cercanos al partido gobernante. Algunas de las consultoras seleccionadas incluyen Julio Francisco Antonio Aurelio, Poliarquía Consultores S.A., Isonomía, Zuban Córdoba, Opinaia, Prospectivas S.A. y Unistat Consulting S.A.
La presencia de estas consultoras en la lista de beneficiarias ha generado acusaciones de clientelismo político y de favoritismo. Los críticos argumentan que la selección de empresas con vínculos con el PRO podría comprometer la objetividad de los estudios de opinión y favorecer la promoción de la imagen del gobierno. La falta de transparencia en el proceso de selección ha exacerbado estas preocupaciones.
Sin embargo, la consultora que se perfila como la principal beneficiaria de la licitación es Evangelina Pérez Aramburu, quien podría recibir hasta $715.478.277,72 si se concreta la adjudicación definitiva. Pérez Aramburu es una figura conocida en el mundo de las encuestas y los estudios de opinión, y ha sido una aliada histórica del macrismo desde los tiempos de Jaime Durán Barba.
Evangelina Pérez Aramburu: La Estratega de Campañas del PRO
Evangelina Pérez Aramburu ha desempeñado un papel clave en la estrategia política del PRO durante la última década. Sus informes y análisis de opinión han sido utilizados para diseñar campañas electorales, definir mensajes clave y evaluar el impacto de las políticas gubernamentales. En 2019, sus estudios fueron fundamentales para trazar las líneas de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, lo que demuestra su influencia en la toma de decisiones del gobierno porteño.
La elección de Pérez Aramburu como la principal beneficiaria de la licitación ha sido interpretada por algunos como una señal de que el gobierno de Jorge Macri busca replicar las estrategias exitosas del pasado, a pesar de los resultados electorales adversos sufridos en mayo pasado. La contratación de una consultora con una trayectoria tan estrechamente ligada al macrismo podría indicar una continuidad en el enfoque político y una falta de voluntad para adoptar nuevas perspectivas.
La experiencia de Pérez Aramburu en el análisis de la opinión pública es innegable, pero su vinculación con el PRO plantea interrogantes sobre su independencia y objetividad. Los críticos argumentan que sus estudios podrían estar sesgados a favor del gobierno, lo que comprometería la validez de los resultados y la utilidad de la información para la toma de decisiones.
Promesas de Austeridad Incumplidas: El Contraste con la Realidad
A pesar de que Jorge Macri prometió reducir el gasto estatal tras el revés electoral sufrido en mayo pasado, la realidad demuestra lo contrario. La asignación de casi 9 mil millones de pesos a los estudios de opinión pública contradice sus declaraciones y pone en tela de juicio su compromiso con la austeridad fiscal. La decisión de mantener e incluso aumentar el gasto en encuestas y focus groups sugiere que el gobierno prioriza la gestión de la imagen y la percepción pública por encima de las necesidades más urgentes de la población.
La falta de recortes en el presupuesto destinado a los estudios de opinión ha generado indignación entre los sectores más afectados por la crisis económica. Los críticos argumentan que el dinero podría haberse utilizado de manera más eficiente para financiar programas sociales, mejorar los servicios de salud o educación, o apoyar a las pequeñas y medianas empresas. La priorización de los estudios de opinión en detrimento de estas necesidades básicas es vista como una muestra de insensibilidad y falta de compromiso con el bienestar de la ciudadanía.
La contradicción entre las promesas de austeridad y la realidad del gasto público ha erosionado la confianza de la población en el gobierno de Jorge Macri. La percepción de que el gobierno está más preocupado por su imagen que por resolver los problemas reales de la gente podría tener consecuencias negativas en las próximas elecciones.
Aspectos Legales y el Proceso de Adjudicación
El documento publicado lleva la firma de la directora general Marisa Andrea Tojo, y establece un período de impugnación de tres días hábiles a partir del primer día hábil posterior a su publicación. Este plazo permite a las empresas interesadas presentar objeciones o reclamaciones sobre el proceso de licitación. Sin embargo, la falta de transparencia y la vaguedad de los términos de la licitación podrían dificultar la presentación de impugnaciones efectivas.
La adjudicación de la licitación se ha justificado legalmente en base a los artículos 100 y 102 de la Ley N.º 2.095 (texto consolidado por Ley N.º 6.764) y sus reglamentaciones. Se argumenta que la selección de las consultoras se realizó en base a las “ofertas más convenientes”, pero la falta de criterios objetivos de evaluación impide verificar si esta afirmación es cierta. La ausencia de una justificación detallada y transparente del proceso de selección genera dudas sobre su legalidad y legitimidad.
La posibilidad de impugnar la licitación es limitada, ya que el plazo es breve y la información disponible es escasa. La falta de transparencia en el proceso de selección y la influencia política de las consultoras favorecidas podrían dificultar la presentación de reclamaciones efectivas. La situación plantea interrogantes sobre la independencia del proceso de adjudicación y la posibilidad de garantizar una competencia justa y equitativa.
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