Gaza: Demoliciones Masivas Israelíes Podrían Ser Crímenes de Guerra – BBC Investiga
La devastación en Gaza ha alcanzado una nueva dimensión, trascendiendo los daños colaterales de los combates. Investigaciones recientes revelan una política sistemática de demolición controlada de edificios civiles por parte de Israel, una práctica que expertos legales califican como potencialmente constitutiva de crímenes de guerra. Este artículo profundiza en las evidencias, las justificaciones israelíes y las implicaciones legales de esta destrucción masiva, explorando cómo esta estrategia redefine el panorama de la guerra moderna y el futuro de la población palestina.
- La Escala de la Destrucción: Pueblos Borrados del Mapa
- Justificaciones Israelíes: Activos Militares y Necesidad Operativa
- Implicaciones Legales: ¿Crímenes de Guerra Bajo la Convención de Ginebra?
- La Externalización de la Guerra: Contratación de Personal Civil
- El Impacto Humanitario: Desplazamiento Masivo y Destrucción de la Infraestructura
- Zonas de Seguridad y Corredores: Fragmentación Territorial y Control Poblacional
La Escala de la Destrucción: Pueblos Borrados del Mapa
Desde el fin del alto el fuego en marzo, imágenes satelitales y reportes de la BBC Verify documentan la destrucción de “miles” de edificios en Gaza. No se trata solo de estructuras dañadas por bombardeos, sino de demoliciones planificadas que han arrasado pueblos enteros y suburbios, desplazando a decenas de miles de personas. Zonas como Abasan al-Kabira, Tel al-Sultan, Khuza'a y Qizan Abu Rashwan han sido particularmente afectadas, mostrando un nivel de destrucción que va más allá de las necesidades militares inmediatas. La sistematicidad de estas demoliciones, incluso en áreas alejadas de la frontera, plantea serias interrogantes sobre los objetivos reales de esta política.
La destrucción no se limita a viviendas. Escuelas, torres de apartamentos y otras infraestructuras civiles han sido blanco de demoliciones controladas, con explosiones que generan columnas de polvo y escombros. Esta práctica, documentada con imágenes verificadas, sugiere una intención deliberada de desmantelar la vida civil en Gaza, creando zonas de seguridad y corredores que separan comunidades y dificultan el retorno de los desplazados. La creación de estas “zonas de amortiguación” se ha intensificado, extendiéndose a áreas que antes se consideraban seguras.
Justificaciones Israelíes: Activos Militares y Necesidad Operativa
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) justifican estas demoliciones alegando que Hamás y otras organizaciones terroristas ocultan “activos militares” en zonas civiles densamente pobladas. Según su versión, la destrucción de bienes solo se lleva a cabo cuando existe una “necesidad militar imperiosa”. Esta justificación se basa en la premisa de que la presencia de infraestructura militar en áreas civiles legitima la destrucción de edificios enteros, incluso si la amenaza real es limitada o inexistente. La dificultad radica en la verificación independiente de estas afirmaciones y en la proporcionalidad de la respuesta.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha anunciado planes para establecer una “ciudad humanitaria” sobre las ruinas de Rafah, un proyecto que ha generado una amplia condena internacional. Esta propuesta, que implica el confinamiento inicial de 600.000 palestinos, ha sido comparada con un campo de concentración por el exprimer ministro israelí Ehud Olmert. La creación de esta “ciudad” se suma a la estrategia de separación y control territorial que Israel está implementando en Gaza, exacerbando la crisis humanitaria y limitando la autonomía de la población palestina.
Implicaciones Legales: ¿Crímenes de Guerra Bajo la Convención de Ginebra?
Varios expertos legales consultados por la BBC Verify sostienen que las demoliciones masivas en Gaza podrían constituir crímenes de guerra en virtud de la Convención de Ginebra. Esta convención prohíbe en gran medida la destrucción de infraestructura por parte de una potencia ocupante, permitiendo excepciones solo en circunstancias de “absoluta necesidad operativa militar”. La clave reside en determinar si la destrucción es proporcional a la amenaza y si se han tomado todas las precauciones posibles para minimizar los daños a la población civil.
Eitan Diamond, experto legal sénior del Centro de Derecho Humanitario Internacional Diakonia en Jerusalén, argumenta que existe poca justificación legal para la destrucción controlada de bienes civiles bajo el Cuarto Convenio de Ginebra. Según Diamond, la destrucción basada en preocupaciones o especulaciones sobre el posible uso futuro de un edificio (por ejemplo, que pueda ser utilizado para lanzar ataques) no está amparada por la excepción de “absoluta necesidad operativa”. Esta interpretación legal sugiere que las demoliciones preventivas, sin evidencia concreta de una amenaza inminente, podrían ser consideradas ilegales.
La profesora Janina Dill, codirectora del Centro de Ética y Derecho de la Guerra de la Universidad de Oxford, enfatiza la importancia de la proporcionalidad en el derecho internacional humanitario. La destrucción de un edificio civil debe ser proporcional al beneficio militar esperado, y los daños colaterales a la población civil deben ser minimizados. En el contexto de Gaza, la escala de la destrucción y el impacto en la población civil plantean serias dudas sobre el cumplimiento de este principio fundamental.
La Externalización de la Guerra: Contratación de Personal Civil
Además de las demoliciones controladas, la prensa británica ha revelado que Israel está externalizando la guerra en Gaza, buscando personal no militar para manejar excavadoras y otros equipos pesados. Esta práctica plantea interrogantes éticas y legales, ya que implica la participación de civiles en actividades directamente relacionadas con el conflicto armado. La contratación de personal civil para demoler edificios podría ser considerada una forma de eludir las restricciones legales sobre el uso de la fuerza y de minimizar la responsabilidad por posibles crímenes de guerra.
La externalización de la guerra también tiene implicaciones económicas y sociales. La contratación de personal civil para tareas de demolición podría estar creando una dependencia económica de la ocupación y dificultando la reconstrucción de Gaza. Además, la participación de civiles en actividades militares podría exponerlos a riesgos innecesarios y socavar la protección que les otorga el derecho internacional humanitario.
El Impacto Humanitario: Desplazamiento Masivo y Destrucción de la Infraestructura
La destrucción masiva de edificios en Gaza ha tenido un impacto devastador en la población civil. Decenas de miles de personas han sido desplazadas de sus hogares, enfrentando la falta de vivienda, alimentos, agua y atención médica. La infraestructura básica, como escuelas, hospitales y sistemas de saneamiento, ha sido gravemente dañada o destruida, exacerbando la crisis humanitaria y dificultando la prestación de servicios esenciales.
El desplazamiento masivo de la población ha creado una situación de vulnerabilidad extrema, especialmente para los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. La falta de acceso a servicios básicos y la exposición a condiciones insalubres aumentan el riesgo de enfermedades y desnutrición. Además, el trauma psicológico causado por la guerra y el desplazamiento puede tener efectos duraderos en la salud mental de la población.
La destrucción de la infraestructura también tiene consecuencias a largo plazo para el desarrollo económico y social de Gaza. La reconstrucción de los edificios y la infraestructura dañada requerirá una inversión masiva y un compromiso sostenido por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, la persistencia de la ocupación y las restricciones a la movilidad de personas y bienes dificultan la recuperación económica y social de Gaza.
Zonas de Seguridad y Corredores: Fragmentación Territorial y Control Poblacional
La creación de extensas “zonas de seguridad” y corredores que separan partes de Gaza es una estrategia clave en la política israelí de control territorial y poblacional. Estas zonas, creadas mediante la destrucción de edificios y la imposición de restricciones a la movilidad, tienen como objetivo aislar a las comunidades palestinas y limitar su acceso a recursos y servicios. La fragmentación territorial dificulta la cohesión social y económica de Gaza, perpetuando la dependencia de la ayuda humanitaria.
El corredor más reciente, que separa el oeste del este de Khan Younis, incluyendo Khuza'a y Abasan al-Kabira, es un ejemplo de esta estrategia de fragmentación. La destrucción de edificios a lo largo y cerca de este corredor ha creado una barrera física que impide el movimiento de personas y bienes, aislando a las comunidades y dificultando su acceso a servicios básicos. La creación de estas zonas de seguridad y corredores se suma a la estrategia de control territorial que Israel ha implementado en Gaza durante décadas.
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