González Amador al borde del juicio: Fraude, falsedad y organización criminal al descubierto.

La sombra de la investigación judicial se cierne sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo que comenzó como una presunta trama de fraude fiscal durante la pandemia ha evolucionado hasta convertirse en una acusación formal que incluye cuatro delitos graves: fraude a Hacienda, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Este artículo desglosa cada uno de estos cargos, la evidencia presentada, las posibles penas y el estado actual del proceso legal, ofreciendo una visión completa de la situación que enfrenta González Amador.

El Origen de la Investigación: Fraude Fiscal y Facturas Falsas

La investigación contra González Amador se inició a raíz de una denuncia presentada por la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid el 23 de enero de 2024. El núcleo de la acusación inicial se centró en un presunto fraude fiscal de 350.951 euros, supuestamente cometido a través de la presentación de facturas falsas. Un informe crucial de la Agencia Tributaria, elaborado tras una inspección en 2022, alertó sobre irregularidades en las declaraciones fiscales de González Amador. La investigación reveló que durante la pandemia, el empresario actuó como intermediario en la compraventa de material sanitario de protección por un valor total de 42 millones de euros. Esta actividad le generó beneficios sustanciales, de los cuales, según la acusación, no declaró la totalidad a Hacienda.

La estrategia, según la fiscalía, consistió en inflar artificialmente los gastos de González Amador mediante la presentación de facturas falsas. Al aumentar los gastos declarados, el beneficio imponible se reducía, lo que a su vez disminuía la cantidad de impuestos a pagar. La Agencia Tributaria identificó dos delitos contra la Hacienda Pública, con un fraude superior a 120.000 euros en cada caso, así como un delito de falsedad en documento mercantil, debido a la presentación de facturas que no correspondían a servicios realmente prestados. Estas facturas, según la investigación, fueron utilizadas con el propósito específico de reducir la cuota tributaria a pagar.

La Ampliación de la Acusación: Falsedad Documental y Delito Contable

La juez de Madrid, al abrir juicio oral, amplió los cargos contra González Amador, incluyendo la falsedad en documento mercantil y el delito continuado contable. La falsedad en documento mercantil se refiere a la alteración o creación de documentos con el fin de engañar a la administración pública, en este caso, Hacienda. El delito contable, por su parte, implica el incumplimiento de las obligaciones fiscales o contables establecidas por la ley. Aunque la jurisprudencia suele considerar que el fraude fiscal absorbe el delito contable, las formaciones políticas PSOE y Más Madrid, personadas como acusación popular, insistieron en incluir este cargo debido a limitaciones procesales en la solicitud de pena por fraude fiscal.

El delito contable, según el artículo 310 del Código Penal, abarca desde la omisión de información relevante hasta la comisión de actos inapropiados que oculten la verdadera situación financiera de un individuo o empresa. En el caso de González Amador, la acusación sostiene que la manipulación de las cuentas y la presentación de facturas falsas constituyen una clara violación de las obligaciones contables y fiscales.

La Acusación de Pertenencia a Grupo Criminal: Una Trama Organizada

Uno de los cargos más graves que enfrenta González Amador es el de pertenencia a grupo criminal. Esta acusación fue presentada por PSOE y Más Madrid, quienes argumentan que el empresario, junto con los cuatro empresarios que emitieron las facturas consideradas falsas, conformaban una organización criminal estable y coordinada. Según el artículo 570 del Código Penal, una organización criminal se define como un grupo de más de dos personas que se unen de manera concertada y coordinada para cometer delitos de forma repetida y organizada.

La acusación popular sostiene que la elaboración y presentación de facturas falsas no fue un acto aislado, sino parte de un plan sistemático y coordinado para defraudar a Hacienda. La existencia de una organización criminal implica una mayor gravedad en los delitos cometidos y, por lo tanto, penas más severas. La fiscalía deberá demostrar que González Amador desempeñó un papel activo en la organización y que tenía conocimiento y participación en la planificación y ejecución de los fraudes.

Posibles Penas: Un Escenario Judicial Complejo

Las posibles penas a las que se enfrenta González Amador varían según el delito y la gravedad de las circunstancias. La fiscalía solicita una pena de prisión de cinco años y una multa de 27.000 euros (9 meses a razón de 100 euros diarios) por los delitos de fraude a Hacienda, falsedad documental y delito contable. Además, se le imponen multas adicionales de 624.402 euros y 488.927 euros. Estas penas se basan en la cuantía del fraude fiscal y la gravedad de las irregularidades cometidas.

En el caso de ser declarado culpable de pertenencia a grupo criminal, las penas podrían ser aún más elevadas, ya que este delito suele conllevar penas de prisión más largas. La sentencia final dependerá de la valoración de las pruebas por parte del tribunal y de la aplicación de las circunstancias atenuantes o agravantes que puedan concurrir en el caso. Es importante destacar que González Amador aún tiene la posibilidad de apelar la decisión de la juez de Madrid y presentar pruebas adicionales para defender su inocencia.

Investigación Paralela: Posibles Delitos de Corrupción y Administración Desleal

Además de los cuatro delitos principales, la justicia también investiga a González Amador por posibles delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Esta investigación se centra en la compra de una empresa de estética por 500.000 euros, una transacción que la fiscalía considera sospechosa debido al escaso valor real de la empresa. La empresa, creada en 2008, apenas facturaba 30.000 euros anuales, no tenía empleados ni activos significativos, y ni siquiera contaba con un local propio, compartiendo sede con otras empresas.

La fiscalía sospecha que la compra de esta empresa podría haber sido una forma de blanquear dinero o de ocultar activos. La investigación busca determinar si González Amador utilizó la empresa de estética para realizar operaciones financieras irregulares o para beneficiarse de manera ilícita. Los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal pueden acarrear penas de prisión y multas significativas, dependiendo de la gravedad de las acciones y del perjuicio causado.

El Recurso de Apelación: La Última Bala de González Amador

A pesar de la apertura de juicio oral, González Amador aún tiene una vía de escape: un recurso de apelación presentado ante la Audiencia Provincial de Madrid el 1 de septiembre. El recurso se basa en la alegación de que sus derechos fueron vulnerados durante la fase de instrucción del caso. Si la Audiencia Provincial estima el recurso, podría anular la decisión de la juez de Madrid y ordenar la reanudación de la investigación, lo que retrasaría aún más el proceso judicial.

La Audiencia Provincial deberá analizar cuidadosamente las alegaciones de González Amador y determinar si efectivamente se produjo alguna vulneración de sus derechos durante la instrucción. La decisión de la Audiencia Provincial será crucial para el futuro del caso y podría determinar si González Amador se sienta finalmente en el banquillo de los acusados.

Fuente: https://www.huffingtonpost.es//politica/gonzalez-amador-cuatro-problemas-todos-delitos-le-acusa.html