Iberdrola se persona en la investigación del apagón: ¿sabotaje o terrorismo?
El reciente fallo de la Audiencia Nacional que permite a Iberdrola personarse como parte perjudicada en la investigación del apagón eléctrico que afectó a la Península Ibérica el 28 de abril de 2025, ha reabierto el debate sobre la posibilidad de un sabotaje. Este evento, que sumió a millones de ciudadanos en la oscuridad durante horas, inicialmente se atribuyó a fallos técnicos, pero la hipótesis de un ataque deliberado ha ganado fuerza, especialmente tras la calificación potencial de los delitos informáticos como terrorismo. La decisión de la Audiencia Nacional, revocando la postura inicial del juez instructor, supone un paso significativo en la investigación y otorga a la compañía eléctrica un papel activo en la búsqueda de la verdad. Este artículo analizará en profundidad los detalles de este caso, las implicaciones de la personación de Iberdrola, las posibles motivaciones detrás de un hipotético sabotaje y el marco legal que podría aplicarse.
El Apagón del 28 de Abril: Cronología y Primeras Investigaciones
El 28 de abril de 2025, a las 15:37 horas, la Península Ibérica experimentó un apagón eléctrico masivo que afectó a más de 30 millones de personas en España y Portugal. El fallo en el suministro eléctrico se extendió por varias horas, interrumpiendo la actividad económica, el transporte público y la vida cotidiana de millones de ciudadanos. Inicialmente, las autoridades apuntaron a una serie de coincidencias desafortunadas, incluyendo fallos en las líneas de transmisión y una demanda energética inusualmente alta. Sin embargo, la rápida propagación del fallo y la complejidad del sistema eléctrico levantaron sospechas sobre la posibilidad de un ataque coordinado.
El juez de la Audiencia Nacional, José Calama, tomó las riendas de la investigación poco después del incidente. Calama, conocido por su firmeza en casos de terrorismo y delitos informáticos, ordenó la recopilación de pruebas y el análisis de los sistemas de control de la red eléctrica. Una de las primeras líneas de investigación se centró en la posibilidad de un ciberataque, dado el creciente número de incidentes de seguridad informática que afectan a infraestructuras críticas en todo el mundo. El juez Calama consideró la posibilidad de calificar los delitos informáticos como terrorismo, en caso de que se demostrara que el objetivo del ataque fuera desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales.
La Personación de Iberdrola: Un Giro en la Investigación
Iberdrola, como principal proveedor de energía eléctrica en España, solicitó formalmente su personación en la causa como parte perjudicada. La compañía argumentó que el apagón había causado importantes pérdidas económicas y daños a su reputación, y que tenía un interés legítimo en colaborar con la investigación para esclarecer las causas del incidente. Sin embargo, el juez Calama inicialmente rechazó la solicitud, alegando que Iberdrola no había demostrado suficientemente su condición de víctima directa del supuesto delito.
La compañía recurrió esta decisión ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, argumentando que el apagón había afectado directamente a sus instalaciones y a su capacidad para suministrar energía a sus clientes. La Sala de lo Penal, en un auto fechado el 2 de julio, revocó la decisión del juez Calama y permitió a Iberdrola personarse en la causa. La Sala consideró que la compañía había demostrado suficientemente su interés legítimo en la investigación y que su colaboración podría ser valiosa para esclarecer las causas del apagón. La decisión de la Audiencia Nacional supone un cambio significativo en la dinámica de la investigación, ya que Iberdrola ahora tendrá acceso a las pruebas y podrá presentar sus propias alegaciones y argumentos.
Sabotaje o Fallo Técnico: Las Hipótesis en la Mira
La hipótesis del sabotaje ha ganado fuerza a medida que avanza la investigación. Expertos en seguridad informática han señalado que un ciberataque sofisticado podría haber sido capaz de provocar un apagón de esta magnitud. Un ataque de este tipo podría haber consistido en la introducción de un malware en los sistemas de control de la red eléctrica, o en la manipulación de los datos de funcionamiento para provocar un fallo en el suministro. La posibilidad de un ataque físico a las infraestructuras críticas, como las centrales eléctricas o las líneas de transmisión, también se está investigando.
Sin embargo, la hipótesis del fallo técnico no se ha descartado por completo. Los sistemas eléctricos son complejos y están sujetos a fallos inesperados. Una combinación de factores, como el envejecimiento de las infraestructuras, la falta de mantenimiento adecuado o las condiciones climáticas extremas, podría haber contribuido al apagón. La investigación se centra en analizar los registros de funcionamiento de la red eléctrica, los informes de mantenimiento y las condiciones meteorológicas del día del incidente para determinar si hubo algún fallo técnico que pudiera haber causado el apagón.
El Marco Legal: Delitos Informáticos y Terrorismo
La calificación de los delitos informáticos como terrorismo es un tema controvertido que ha generado un intenso debate entre los juristas. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, establece que se considerarán delitos de terrorismo aquellos que tengan como finalidad desestabilizar gravemente el orden constitucional o el funcionamiento de los servicios esenciales. Si se demostrara que el apagón fue causado por un ciberataque con el objetivo de desestabilizar el país, los responsables podrían ser acusados de terrorismo, lo que conllevaría penas de prisión mucho más elevadas que las previstas para los delitos informáticos comunes.
La aplicación de la ley antiterrorista en este caso es compleja, ya que es necesario demostrar la intención de los autores del ataque. No basta con demostrar que el ataque causó daños graves; es necesario demostrar que el objetivo de los autores era desestabilizar el país. La carga de la prueba recae en la Fiscalía, que deberá presentar pruebas suficientes para convencer al juez de que el ataque fue motivado por fines terroristas. La personación de Iberdrola en la causa podría facilitar la recopilación de pruebas y la identificación de los responsables del ataque, en caso de que se confirme la hipótesis del sabotaje.
Implicaciones para la Seguridad Energética y la Infraestructura Crítica
El apagón del 28 de abril de 2025 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura energética y la necesidad de reforzar la seguridad de los sistemas eléctricos. Los gobiernos y las empresas eléctricas están invirtiendo en medidas para proteger las redes eléctricas de ciberataques y ataques físicos. Estas medidas incluyen la instalación de sistemas de detección de intrusiones, la mejora de la seguridad de los sistemas de control y la realización de simulacros de emergencia para prepararse ante posibles incidentes.
Además, se están promoviendo la diversificación de las fuentes de energía y la descentralización de la red eléctrica. La dependencia de una única fuente de energía o de un único punto de suministro puede aumentar la vulnerabilidad del sistema. La diversificación de las fuentes de energía y la descentralización de la red eléctrica pueden ayudar a reducir el riesgo de apagones masivos. La colaboración entre los gobiernos, las empresas eléctricas y los expertos en seguridad es fundamental para garantizar la seguridad energética y proteger la infraestructura crítica.
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