Inocencia Fiscal: Milei busca recaudar, reducir delitos y simplificar impuestos
El gobierno argentino ha presentado un ambicioso proyecto de ley, denominado “Inocencia Fiscal”, que busca transformar radicalmente el enfoque de la administración tributaria, pasando de un modelo punitivo a uno más orientado a la recaudación y la regularización. Esta iniciativa, que incluye modificaciones sustanciales en los delitos tributarios, los plazos de prescripción, y la creación de regímenes simplificados, ha generado un intenso debate entre expertos y actores del sector. El objetivo central es incentivar el cumplimiento voluntario, reducir la litigiosidad y, en última instancia, aumentar la recaudación sin recurrir a la persecución penal sistemática. A continuación, analizaremos en detalle los puntos clave de este proyecto y sus posibles implicancias.
- El Nuevo Enfoque: De la Sanción al Pago Voluntario
- Elevación de los Umbrales Delictivos: Un Cambio Significativo
- Reducción de los Plazos de Prescripción: Un Debate Pendiente
- Impacto en las Provincias: La Autonomía Fiscal en Juego
- Extinción de la Acción Penal: Incentivos para la Regularización
- Exclusiones y Limitaciones a la Denuncia Penal: Criterio y Certeza
- Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias: Facilitando el Cumplimiento
- Percepciones Indebidas y Actualización de Escalas: Adecuación a la Realidad Económica
El Nuevo Enfoque: De la Sanción al Pago Voluntario
La piedra angular del proyecto de “Inocencia Fiscal” reside en la modificación del paradigma tradicional de la administración tributaria. Históricamente, Argentina ha privilegiado un enfoque punitivo, caracterizado por la persecución penal de los delitos tributarios, incluso por montos relativamente bajos. El nuevo proyecto propone un cambio radical, priorizando la regularización voluntaria y el pago de las deudas con intereses, a cambio de evitar las consecuencias penales. Esta estrategia se basa en la premisa de que un mayor cumplimiento voluntario, facilitado por la reducción de los riesgos penales, generará una mayor recaudación a largo plazo. La fuente gubernamental citada en iProfesional lo resume claramente: “se busca cambiar el enfoque de lo punitivo a lo recaudatorio, brindando mayores oportunidades para realizar el pago de lo adeudado con sus intereses, pero evitando las consecuencias penales”.
Elevación de los Umbrales Delictivos: Un Cambio Significativo
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la elevación sustancial de los montos a partir de los cuales se configuraría un delito tributario. Los umbrales actuales, establecidos en 2017, se consideran obsoletos y desproporcionados en el contexto económico actual. El proyecto propone aumentar el umbral para el fraude fiscal de $1.500.000 a $100.000.000, la apropiación indebida de tributos de $2.000.000 a $200.000.000, y el aprovechamiento indebido de beneficios fiscales de $100.000 a $10.000.000. Según Juan Pazo, titular de ARCA, este aumento podría reducir drásticamente el número de causas abiertas en el fuero penal tributario, pasando de aproximadamente 7.500 a solo 200. Esta medida busca focalizar la persecución penal en los casos más graves de evasión, liberando recursos para una fiscalización más eficiente y efectiva.
Reducción de los Plazos de Prescripción: Un Debate Pendiente
El proyecto introduce una reducción en los plazos de prescripción para los delitos de evasión tributaria, estableciendo tres años para los contribuyentes que presenten sus declaraciones en tiempo y forma, cinco años para los contribuyentes inscriptos, y diez años para los no inscriptos. Si bien esta medida podría agilizar los procesos judiciales y brindar mayor certeza jurídica, ha generado controversia entre los expertos. Sebastián Domínguez, de SDC Asesores Tributarios, advierte que la reducción del plazo de prescripción está condicionada a la existencia de una diferencia superior al 15% en la declaración jurada, lo que podría limitar su aplicación en la práctica. Domínguez considera que este umbral debería establecerse de manera más clara y amplia en la ley, en lugar de quedar sujeto a la reglamentación del Poder Ejecutivo.
Impacto en las Provincias: La Autonomía Fiscal en Juego
La reforma del Código Civil y Comercial, que eliminó la posibilidad de que las provincias establezcan plazos de prescripción propios en materia tributaria, es otro aspecto relevante del proyecto. Florencia Fernández Sabella, de LSF Tax, señala que esta medida podría tener un impacto significativo a nivel provincial, ya que algunas provincias tenían plazos de prescripción de hasta 10 años. La unificación de los plazos de prescripción a nivel nacional busca simplificar el sistema y evitar conflictos de jurisdicción, pero también podría limitar la autonomía fiscal de las provincias. El debate parlamentario deberá abordar la cuestión de qué potestad les quedaría a los fiscos provinciales para avanzar sobre el terreno en el que retrocede el organismo recaudatorio nacional.
Extinción de la Acción Penal: Incentivos para la Regularización
El proyecto contempla la posibilidad de extinguir la acción penal tributaria si el contribuyente cancela las obligaciones evadidas e intereses, más un adicional del 50%, dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación. Sin embargo, esta opción no estará disponible en casos de maniobras dolosas con documentación falsa. Además, se prohíbe la aplicación de la extinción de la acción penal en el Régimen Penal Tributario, lo que impide acuerdos como la probation. Esta medida busca incentivar la regularización voluntaria, ofreciendo una alternativa a la persecución penal para aquellos contribuyentes que estén dispuestos a pagar sus deudas.
Exclusiones y Limitaciones a la Denuncia Penal: Criterio y Certeza
El proyecto establece excepciones a la denuncia penal en casos de diferencias de criterio interpretativo, errores técnico-contables manifestados, o cuando la deuda sea producto exclusivo de presunciones legales sin evidencia adicional. Asimismo, se limita la denuncia penal si el contribuyente presenta declaraciones juradas originales o rectificativas antes de la notificación de inspección. Estas medidas buscan evitar denuncias penales infundadas y brindar mayor certeza jurídica a los contribuyentes, promoviendo un clima de confianza y colaboración con la administración tributaria.
Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias: Facilitando el Cumplimiento
La creación de un régimen simplificado de impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos totales de hasta $1.000.000.000 y patrimonio de hasta $10.000.000.000, que no sean considerados grandes contribuyentes, es otra de las medidas clave del proyecto. Este régimen simplificado busca reducir la complejidad del sistema tributario y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales para los contribuyentes más pequeños. Además, se prevé un “tapón fiscal” para quienes adhieran a este régimen, limitando la fiscalización de ARCA a la información contenida en la última declaración jurada presentada.
Percepciones Indebidas y Actualización de Escalas: Adecuación a la Realidad Económica
El proyecto modifica los montos correspondientes a las retenciones y percepciones indebidas, elevándolos de $2.000.000 a $200.000.000, y actualiza las escalas de sanciones previstas en casi todos los artículos del régimen vigente. Estas modificaciones buscan adecuar los montos a la realidad económica actual y evitar sanciones desproporcionadas por errores o diferencias menores. La actualización de las escalas de sanciones también podría contribuir a reducir la litigiosidad y promover la resolución de conflictos a través de la negociación y el acuerdo.
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