Israel desafía a la ONU: Ocupación, asentamientos y la burla a la legalidad internacional.
La relación entre Israel y las Naciones Unidas ha sido históricamente tensa, marcada por un patrón de desobediencia israelí a las resoluciones de la ONU y una aparente impunidad. Este artículo analiza en profundidad la sistemática violación de las resoluciones de la ONU por parte de Israel, desde sus inicios hasta la actualidad, con un enfoque particular en la ocupación palestina y las consecuencias de esta situación. Se examinará la naturaleza vinculante o no vinculante de las resoluciones, el papel de los diferentes órganos de la ONU, y la respuesta (o falta de ella) de la comunidad internacional. El texto se basa en datos de la Autoridad Nacional Palestina, informes de la ONU y análisis de expertos en derecho internacional.
- La Extensa Lista de Violaciones: Un Historial de Desafío a la ONU
- La Resolución 2758 y la Ocupación Continuada: Un Plazo Ignorado
- Aislamiento Internacional y Votos en Contra: La Posición de Israel y sus Aliados
- La Opinión Consultiva de la CIJ y el Marco Legal de la Ocupación
- Deberes de la Comunidad Internacional: No Reconocer la Ilegalidad
La Extensa Lista de Violaciones: Un Historial de Desafío a la ONU
Desde su creación, Israel ha acumulado un número sin precedentes de violaciones a las resoluciones de las Naciones Unidas. Según datos de la Autoridad Nacional Palestina, Israel ha violado 62 resoluciones de la ONU. Estas resoluciones provienen tanto del Consejo de Seguridad, el órgano de la ONU con poder vinculante, como de la Asamblea General, cuyas resoluciones, aunque no vinculantes legalmente, poseen un importante peso simbólico y moral. La persistencia de estas violaciones ha erosionado la credibilidad de la ONU y ha generado frustración entre los estados miembros que buscan una solución justa y duradera al conflicto palestino-israelí. La impunidad con la que Israel ha desafiado las resoluciones de la ONU ha creado un precedente peligroso, socavando el sistema multilateral y la primacía del derecho internacional.
Un acto emblemático de desprecio hacia la ONU fue protagonizado por un embajador israelí que, en señal de protesta, literalmente destruyó una Carta de las Naciones Unidas con una destructora de papel. Este gesto, más allá de su teatralidad, simboliza la actitud desafiante de Israel hacia la organización internacional y su negativa a acatar sus resoluciones. La falta de consecuencias significativas por estas acciones ha reforzado la percepción de que Israel opera al margen del derecho internacional y que la ONU es incapaz de hacer cumplir sus propias decisiones.
La Resolución 2758 y la Ocupación Continuada: Un Plazo Ignorado
El 20 de septiembre del año pasado, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que instaba a Israel a poner fin a su "presencia ilegal en territorio ocupado palestino" en un plazo de 12 meses. La resolución, aprobada con una abrumadora mayoría de 124 votos a favor, representó un intento de la comunidad internacional por ejercer presión sobre Israel para que cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional. Sin embargo, a medida que se acerca el vencimiento del plazo, la realidad sobre el terreno es diametralmente opuesta a lo esperado. La ocupación israelí no solo persiste, sino que se ha intensificado, con un aumento de la construcción de asentamientos y la violencia contra la población palestina.
La resolución exigía que Israel cumpliera "sin demora" con sus obligaciones legales, incluyendo la retirada de sus fuerzas militares de Palestina, el cese de la construcción de asentamientos, la evacuación de los colonos y el desmantelamiento de las partes del muro de separación construidas en territorio palestino. Sin embargo, el gobierno de Benjamin Netanyahu ha ignorado sistemáticamente estas exigencias, acelerando la expansión de los asentamientos y permitiendo la violencia de los colonos en Cisjordania y Jerusalén Oriental. La ofensiva terrestre en la Franja de Gaza agrava aún más la situación, generando una crisis humanitaria de proporciones alarmantes y aumentando el riesgo de un posible "genocidio", según advierten las propias Naciones Unidas.
Aislamiento Internacional y Votos en Contra: La Posición de Israel y sus Aliados
La resolución de la Asamblea General fue aprobada por una amplia mayoría de miembros, lo que refleja el creciente aislamiento internacional de Israel. Solo 14 países votaron en contra de la resolución, incluyendo a Israel, Estados Unidos (su aliado más cercano), Argentina, Fiji, Hungría, Palau, Papua Nueva Guinea, Paraguay y Tonga. La lista de países que se opusieron a la resolución evidencia la falta de apoyo internacional a las políticas israelíes y la creciente preocupación por la situación en Palestina. La abstención de 43 países también es significativa, ya que indica una falta de compromiso claro con la defensa de los derechos palestinos y una reticencia a confrontar a Israel.
El apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel ha sido un factor clave en la impunidad de Israel ante las resoluciones de la ONU. Washington ha vetado repetidamente resoluciones del Consejo de Seguridad que condenan las acciones israelíes en territorio palestino, protegiendo a Israel de las consecuencias de sus violaciones del derecho internacional. Esta protección ha permitido a Israel continuar con su política de ocupación y expansión territorial sin temor a sanciones significativas.
La Opinión Consultiva de la CIJ y el Marco Legal de la Ocupación
La resolución de la Asamblea General se basó en una opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio del mismo año. La CIJ determinó que la presencia continuada de Israel en el "Territorio Palestino Ocupado" es ilegal y que Israel tiene la obligación de cesar de inmediato cualquier nueva actividad de asentamiento y de evacuar a todos los colonos. La opinión consultiva de la CIJ refuerza el marco legal internacional que condena la ocupación israelí y exige su fin. La CIJ, como el principal órgano judicial de la ONU, tiene la autoridad para interpretar el derecho internacional y emitir dictámenes que son vinculantes para los estados miembros.
La opinión consultiva de la CIJ también establece que Israel debe retirar todas sus fuerzas militares de Palestina, incluyendo su espacio aéreo y marítimo, y poner fin a sus políticas y prácticas ilegales. Además, exige que Israel desmantele las partes del muro de separación construidas en territorio palestino y derogue toda la legislación y las medidas que crean o mantienen la situación ilegal. Estas exigencias son claras y precisas, y su incumplimiento constituye una violación flagrante del derecho internacional.
Deberes de la Comunidad Internacional: No Reconocer la Ilegalidad
La resolución de la Asamblea General no solo impone obligaciones a Israel, sino también a la comunidad internacional. La resolución exhorta a las organizaciones internacionales, a las organizaciones regionales y a los gobiernos a que no reconozcan como legal la situación derivada de la "presencia ilegal" de Israel en Palestina. También les llama a que "distingan, en sus relaciones pertinentes, entre Israel y el Territorio Palestino Ocupado", y a que no reconozcan, ni cooperen, ni ayuden en modo alguno las medidas emprendidas por Israel para explotar los recursos naturales robados por los colonos o para efectuar cualquier cambio en la composición demográfica o el carácter del territorio ocupado.
Estas obligaciones impuestas a la comunidad internacional son cruciales para ejercer presión sobre Israel y para garantizar que la ocupación palestina no se perpetúe. El reconocimiento de la ilegalidad de la ocupación y la adopción de medidas para evitar la cooperación con Israel en actividades ilegales son pasos fundamentales para avanzar hacia una solución justa y duradera del conflicto. Sin embargo, la implementación de estas obligaciones ha sido lenta y desigual, lo que ha permitido a Israel continuar con su política de ocupación y expansión territorial.
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