Juez confirma vigencia del DNU de Milei que deroga ley de Tierras
El juez federal Alberto Recondo reafirmó la vigencia del artículo que deroga la Ley de Tierras establecida en el DNU 2023/70, dejando sin efecto la medida cautelar que suspendió dicha derogación. El Centro de ExCombatientes de Islas Malvinas La Plata (CECIM) solicitó la anulación de este tramo de la medida, pero el juez consideró que no tenían la legitimación necesaria para hacerlo.
En su resolución, el juez argumentó que el CECIM no estaba facultado para actuar en representación de la comunidad y que las atribuciones otorgadas a su Comisión Directiva no les permitían estar en juicio en defensa de los intereses de los habitantes de la Nación Argentina.
A pesar de esta decisión, el juez reconoció el valioso rol del Centro en la comunidad de La Plata, ya que promueve la memoria activa del conflicto bélico de las Islas Malvinas y honra a los héroes caídos en defensa de la República Argentina.
El CECIM había presentado una acción de amparo para declarar la inconstitucionalidad del DNU que deroga la Ley de Tierras, argumentando que pone en crisis los principios de integridad territorial y soberanía nacional. Sin embargo, el juez consideró que el organismo carecía de un interés concreto y personal afectado, por lo que no tenía legitimación para llevar adelante la acción.
Dentro del DNU firmado por Milei en diciembre pasado, se encuentra la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de ciudadanos extranjeros. Esta ley, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, establecía un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para la compra de tierras por parte de extranjeros.
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El objetivo de esta ley era poner un límite a la extranjerización de las tierras y también establecía un límite del 15% para la titularidad de dominio o posesión de campos en territorio nacional por parte de personas extranjeras, tanto físicas como jurídicas.
En resumen, el juez reafirmó la vigencia del artículo que deroga la Ley de Tierras y dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía dicha derogación. El CECIM no tenía la legitimación necesaria para solicitar la anulación de este tramo de la medida. La Ley de Tierras establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, con el objetivo de evitar la extranjerización de las tierras en Argentina.
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