Juicio Político a Renéé Fernández: Legislatura Cuestiona Archivo y Exige Revisión
La reciente controversia en Santa Cruz, Argentina, sobre el archivo del juicio político contra la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Reneé Fernández, ha desatado un debate jurídico y político de gran envergadura. El dictamen de la Legislatura provincial cuestiona la celeridad y la legalidad del proceso seguido por la Sala Acusadora, argumentando una interpretación errónea de la Constitución Provincial y las leyes aplicables. Este artículo analiza en profundidad los argumentos esgrimidos por la asesoría letrada de la Legislatura, los detalles del caso Fernández, y las implicaciones de esta decisión para el sistema de control institucional y la protección republicana en la provincia.
- El Contexto del Juicio Político: Denuncia y Acusación Inicial
- El Archivo Sorpresivo: La Decisión de la Sala Acusadora
- El Dictamen de la Legislatura: Argumentos Jurídicos en Contra del Archivo
- Interpretación de la Ley N.º 13 y la Constitución Provincial
- Implicaciones del Archivo y el Rol de la Sala Acusadora
El Contexto del Juicio Político: Denuncia y Acusación Inicial
El proceso se originó a partir de una denuncia presentada por Diego Lerena, ex camarista destituido tras liberar a Miguel Núñez, condenado por abigeato. La acusación contra Fernández se centra en su presunta falta de imparcialidad al no inhibirse de participar en el tribunal que juzgó y destituyó a Lerena, a pesar de tener un vínculo de parentesco indirecto con Núñez, el beneficiario de la decisión de Lerena. Fernández, previamente, se había excusado de intervenir en las instancias finales del juicio contra Núñez, reconociendo el vínculo familiar, pero no extendió esa precaución al caso de Lerena, lo que generó sospechas sobre su objetividad y la posible existencia de un conflicto de intereses.
La presentación del pedido de juicio político durante la primera sesión legislativa ordinaria de marzo de este año marcó el inicio formal del proceso. La denuncia de Lerena, con sus detalles sobre la excusación de Fernández en el caso Núñez y su posterior participación en el juicio que condujo a su destitución, planteó interrogantes sobre la ética judicial y la necesidad de garantizar la transparencia en las decisiones del Tribunal Superior de Justicia. La gravedad de las acusaciones justificó la intervención de la Legislatura, encargada de evaluar la pertinencia de un juicio político contra la vocal del tribunal.
El Archivo Sorpresivo: La Decisión de la Sala Acusadora
Tras la notificación formal de la Cámara de Diputados el 25 de junio, la Sala Acusadora, integrada por nueve legisladores de diferentes bloques, tomó la decisión de archivar el expediente en menos de 48 horas. Esta celeridad sorprendió a muchos observadores y generó interrogantes sobre los motivos que llevaron a la Sala a cerrar el caso de manera tan rápida. Las fuentes consultadas por Winfo Santa Cruz se negaron a comentar la decisión, alegando el carácter secreto de las sesiones, lo que alimentó las especulaciones sobre posibles presiones políticas o intereses ocultos.
La votación, según información extraoficial, fue de siete legisladores a favor del archivo, dos abstenciones y un diputado ausente con aviso. Esta distribución de votos sugiere una división interna dentro de la Sala Acusadora, con una mayoría que optó por no avanzar con el juicio político. La falta de transparencia en el proceso y la ausencia de una explicación pública sobre los fundamentos de la decisión contribuyeron a la desconfianza y al cuestionamiento de la legitimidad del archivo.
El Dictamen de la Legislatura: Argumentos Jurídicos en Contra del Archivo
La asesoría letrada de la Legislatura provincial emitió un dictamen contundente en el que se argumenta que el archivo del expediente fue improcedente y que la Sala Acusadora actuó con una interpretación restrictiva de la Constitución Provincial. El dictamen enfatiza que ni la Constitución Provincial, ni la Ley N.º 13, ni ninguna otra norma vigente establecen plazos para que la Presidencia de la Cámara remita las actuaciones a las Salas correspondientes. Por lo tanto, el argumento de vencimiento de plazos, utilizado por la Sala Acusadora para justificar el archivo, carece de fundamento legal.
El dictamen destaca que el artículo 139 de la Constitución Provincial sí establece un plazo específico, pero este se refiere únicamente al tiempo que la Sala Acusadora tiene para tomar una decisión definitiva sobre la acusación, es decir, para aceptarla o rechazarla. Este plazo de 40 días hábiles comienza a regir desde el momento en que la Sala es notificada formalmente, lo que ocurrió el 25 de junio. Por lo tanto, la Sala tenía tiempo suficiente para iniciar el proceso y decidir si correspondía avanzar con el juicio político. La interpretación de la Sala Acusadora, al considerar que la Presidencia de la Cámara tenía un plazo similar, fue considerada errónea y contraria a la normativa vigente.
Interpretación de la Ley N.º 13 y la Constitución Provincial
El dictamen profundiza en el análisis de la Ley N.º 13, señalando que la normativa solo contempla dos opciones posibles para la Sala Acusadora: aceptar la acusación o rechazarla. No se menciona ni se habilita la posibilidad de archivar las actuaciones como una tercera alternativa. La asesoría letrada argumenta que la Sala Acusadora no tiene la facultad de apartarse de este procedimiento establecido por la Constitución y la ley, creando vías no previstas para evitar la evaluación sustantiva de la acusación.
La interpretación restrictiva de la Constitución Provincial por parte de la Sala Acusadora es otro punto clave del dictamen. Se argumenta que esta interpretación no encuentra sustento ni en los antecedentes legislativos ni en la normativa vigente. La decisión de archivar el expediente sin un análisis profundo de los cargos formulados contra Fernández vulnera los principios de protección republicana y control institucional que justifican la naturaleza misma del juicio político. Estos principios buscan garantizar la responsabilidad de los funcionarios públicos y prevenir abusos de poder.
Implicaciones del Archivo y el Rol de la Sala Acusadora
El archivo del juicio político contra Reneé Fernández plantea serias interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de control institucional en Santa Cruz. La celeridad con la que se cerró el caso, la falta de transparencia en el proceso y la interpretación cuestionable de la Constitución Provincial socavan la confianza en la independencia y la imparcialidad de la Sala Acusadora. La decisión de archivar el expediente sin un análisis sustantivo de los cargos formulados puede interpretarse como un intento de proteger a la vocal del Tribunal Superior de Justicia de una posible sanción.
El dictamen de la Legislatura, al cuestionar la legalidad del archivo, busca restablecer el equilibrio institucional y garantizar que los juicios políticos se lleven a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Constitución y la ley. La remisión del dictamen a la Sala Acusadora, aunque no vinculante, representa un llamado de atención y una oportunidad para que el cuerpo que preside Boffi reconsidere su decisión y evalúe la posibilidad de iniciar un nuevo proceso de investigación. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la confianza pública en el sistema judicial y en las instituciones democráticas.
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