Justicia ordena vacunar a menor no vacunada por motivos ideológicos de sus padres
Cuando los padres deciden no vacunar a sus hijos por motivos ideológicos o personales, entran en conflicto con el derecho fundamental de los menores a la protección de su salud y bienestar. En estas situaciones, la intervención de la justicia se vuelve necesaria para garantizar que los derechos de los niños no sean vulnerados.
El caso de Comodoro: una decisión basada en la protección de la niñez
En la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia, el Juzgado de Familia número 1 ordenó la vacunación obligatoria de una menor de edad cuyos padres se negaban a cumplir con el esquema de vacunación obligatorio. La negativa de los progenitores se basaba en sus creencias ideológicas, identificándose con el movimiento antivacunas.
La jueza Guillermina Sosa, titular del Juzgado número 1, explicó que "las razones ideológicas ni el plan de vida del ámbito familiar pueden estar en oposición al interés de un niño, que es de una condición vulnerable por su edad y también por su situación médica".
El criterio de la Corte Suprema de Justicia: vacunas obligatorias como medida de salud pública
La decisión de la jueza Sosa se basó en un criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina desde 2010. Según este criterio, se debe preservar no solo el interés superior del niño, niña o adolescente, sino también considerar que la vacunación obligatoria es una cuestión de salud pública.
La no vacunación de un niño pone en riesgo no solo a ese menor, sino también a otros niños con los que esté en contacto. Por lo tanto, es una responsabilidad del Estado garantizar que todos los niños estén vacunados para proteger su salud y la salud colectiva.
El papel del Estado en la protección del derecho a la salud
Además de la intervención judicial, la jueza Sosa destacó la importancia de la articulación entre diferentes organismos del Estado para proteger el derecho a la salud de los niños.
El Servicio de Protección de Derechos tiene un papel fundamental en el acompañamiento y verificación de la restitución de los derechos vulnerados. Otros organismos, como la Asesoría de Familia y las autoridades escolares, también tienen la responsabilidad de detectar situaciones de incumplimiento y tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales.
El Estado prevé otros resortes de control, como el ingreso a primer grado, o la renovación del DNI, que permiten detectar situaciones de incumplimiento, como en el caso de las vacunas, o bien otras instancias que requieran una nueva intervención, en caso de tratamientos médicos. - Jueza Guillermina Sosa
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