Kirchner: Decomiso de Bienes por Corrupción Vial en Santa Cruz y el Rol Clave de Báez
Ordenan decomisar los bienes de los Kirchner adquiridos con dinero triangulado con obras viales en Santa Cruz. El CALAFATE.- Incluye las propiedades de Máximo y Florencia Kirchner, que su madre les transfirió en el inicio de las causas judiciales en su contra. La reciente orden de decomiso de casi 685 mil millones de pesos en la causa Vialidad —dirigida contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados— vuelve a colocar en el centro del debate no solo la magnitud del desfalco, sino también el rol específico que jugó la provincia de Santa Cruz en esta trama.
Santa Cruz como pieza estratégica
Lejos de ser un simple escenario geográfico, Santa Cruz fue utilizada como pieza estratégica para canalizar fondos nacionales hacia el grupo empresario de Báez, lo que refuerza la acusación de que la provincia kirchnerista fue usada como plataforma para una maniobra de corrupción sistémica.
Triangulación de fondos
Entre 2003 y 2015 —los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner— la obra pública vial fue una de las herramientas clave del Estado. Según la investigación judicial, casi el 80 % de las obras viales nacionales en Santa Cruz fueron adjudicadas al grupo Austral de Lázaro Báez.
Para los fiscales, esta asignación no fue mera coincidencia ni resultado de licitaciones competitivas: fue parte de una maniobra de corrupción coordinada, con participación de funcionarios nacionales y provinciales.
Según esos mismos fiscales, más del 92 % de las obras imputadas responden a una operación planificada y sostenida a lo largo de más de una década.
Dinero recibido, rutas incumplidas
Pese a la enorme masa de recursos enviados a la provincia para obras viales, la realidad local evidencia un fuerte contraste entre lo prometido y lo concretado.
Muchas de las 51 licitaciones adjudicadas a Báez quedaron incompletas, con obradores abandonados, estructuras de hormigón sin destino y rutas sin asfaltar.
Un ejemplo emblemático es el tramo entre Tres Lagos y Lago Cardiel, conocido como los “73 Malditos”: la ruta fue presupuestada, pero no se completó el asfalto, y quedan solo rastros de las primeras obras básicas.
Otro tramo crítico es el de la Ruta Austral (la 40), donde kilómetros sin asfaltar y caminos con ripio inestable aún representan un peligro para los vecinos y viajeros.
El abandono no solo tiene consecuencias logísticas y de conectividad: también impacta en la seguridad vial: hay tramos peligrosos, accidentes y denuncias por la intransitabilidad de algunas rutas.
Aunque Santa Cruz fue el destino de enormes flujos de dinero nacional, mucho de ese dinero no se tradujo en caminos completos ni seguros para sus habitantes.
Infraestructura abandonada
Las rutas inconclusas no solo representan proyectos fallidos, sino que afectan la vida diaria de comunidades aisladas, que dependen de esas vías para las conexiones básicas, la economía local o la protección durante los inviernos. La Ruta 9 que une El Calafate con la costa a la altura de Piedra Buena es un ejemplo.
Procesos judiciales locales
La investigación judicial no se limitó a figuras nacionales. También salieron a la luz procesamientos de funcionarios santacruceños. En marzo de 2025, por ejemplo, 15 exfuncionarios locales fueron procesados por su participación en el esquema de adjudicaciones fraudulentas a Báez.
Esto no solo subraya el carácter nacional del saqueo, sino que evidencia que la red de corrupción estaba tejida también a nivel local. Prueba de ello es que al menos una decena de exfuncionarios condenados, ejercieron cargos en Santa Cruz. Algunos de los cuales cumplen prisión en cárceles federales.
Rol central de Santa Cruz
La causa Vialidad no fue solo un episodio más de corrupción en la obra pública: fue una operación estratégica donde Santa Cruz jugó un papel central. La provincia no fue un destinatario pasivo, sino que fue usada como plataforma para direccionar miles de millones hacia el grupo Báez.
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