La Abogacía del Estado acusa al Supremo de ocultar pruebas exculpatorias para el fiscal
La Abogacía del Estado acusa al juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de omitir pruebas que exculpan a los investigados.
Omisión de pruebas exculpatorias
El auto del magistrado justifica las citaciones como investigados argumentando que existen "sospechas fundadas" de que los investigados pudieron haber cometido el delito de revelación de secretos. Sin embargo, la Abogacía del Estado considera que esta afirmación se basa en una "prueba diabólica" y que el magistrado ha omitido pruebas que demuestran que los investigados no incurrieron en dicho delito.
Específicamente, sostienen que los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos Julián Salto no forman parte de las diligencias de investigación preprocesal. Además, afirman que los datos e información contenidos en dichos correos no merecen la protección penal prevista en el artículo 417 del Código Penal.
Por otro lado, la Abogacía del Estado insiste en que los hechos imputados a los investigados se encontraban amparados en las funciones y competencias propias del Ministerio Fiscal, tanto en la obligación de dar cuenta de su actuación como en la de informar a la opinión pública.
También señalan que el correo electrónico del 2 de febrero estuvo a disposición de múltiples personas y que tanto la denuncia de la Fiscalía como el expediente tributario estaban disponibles para un número indeterminado de personas desde el 5 de marzo. Ante esto, acusan al magistrado de omitir estos y otros elementos que "acreditan que la filtración del contenido del correo" se había producido con anterioridad a la fecha señalada por el instructor.
Petición de diligencias previas
En otro escrito, la Abogacía del Estado pide al juez que practique una serie de diligencias "con carácter prioritario y previo a la declaración de los investigados", fijada para finales de enero y principios de febrero. Estas diligencias incluyen la entrega de dispositivos electrónicos y documentación, así como la citación de testigos.
Consideran que estas diligencias son necesarias para "acreditar que no concurren sospechas fundadas" contra los investigados y para garantizar un proceso justo y transparente. Asimismo, denuncian el "juicio paralelo" que se está realizando en contra de los investigados en los medios de comunicación y que, a su juicio, puede llegar a poner en cuestión la imparcialidad del Tribunal.
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