La Fiscalía pide inhabilitar a Marine Le Pen, amenazando sus aspiraciones presidenciales
La Fiscalía de París ha solicitado una sentencia condenatoria contra **Marine Le Pen**, líder de Agrupación Nacional (AN), pidiendo cinco años de prisión e inhabilitación para cargos públicos por supuestos delitos de malversación de fondos de la Unión Europea (UE).
Demandas de la Fiscalía
La Fiscalía ha exigido que la inhabilitación se ejecute provisionalmente, lo que impediría a Le Pen ejercer cargos públicos y frustraría sus aspiraciones presidenciales. También ha solicitado una multa de 300.000 euros para Le Pen, quien mantiene su inocencia y ha denunciado la inestabilidad del juicio.
Le Pen y otros 26 miembros de la AN están acusados de crear asistentes parlamentarios falsos para malversar fondos por valor de al menos tres millones de euros de la UE. Concretamente, se acusa a Le Pen de pagar a tres asistentes que trabajaban para el partido con fondos de la UE.
Argumentos de los fiscales
Los fiscales sostienen que la AN creó un "sistema de gestión centralizada" que remuneraba a los asistentes parlamentarios con las dietas de los eurodiputados, pero en realidad se utilizaban para pagar los salarios de los trabajadores del partido, con el fin de "aliviar las finanzas" de la formación ultraderechista.
Los fiscales han asegurado que lideran una causa judicial independiente de cualquier influencia política. El juicio se reanudará el próximo lunes, con los alegatos de la defensa previstos para dentro de dos semanas.
Reacción de Le Pen
Ante la requisitoria, Le Pen ha denunciado la voluntad de la Fiscalía de privarla de la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 y privar a los franceses "de poder votar por quien quieran". La líder de la extrema derecha espera que el tribunal no atienda las demandas del Ministerio Público y atienda a los argumentos de su defensa.
Le Pen ha asegurado su sorpresa por las acusaciones del fiscal, que les reprochaba ampararse en sus derechos y lo presentaba como un abuso. Por su parte, Barret ha justificado la negativa a suspender la pena de inhabilitación durante los recursos por el riesgo de reincidencia.
Perspectiva del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo ha evaluado el monto total de la malversación en 6,8 millones de euros y reclama 3,7 millones en daños y perjuicios, ya que parte del dinero ha sido devuelto. Según la Fiscalía, la AN puso en marcha un "sistema organizado" para ahorrar dinero con los asistentes parlamentarios en una época de dificultades financieras.
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