Langostino: Conflicto Salarial y Retenciones Detienen la Pesca en Argentina
La temporada de pesca de langostino en aguas nacionales, tradicionalmente un motor económico vital para diversas provincias argentinas, ha comenzado con un inusual y preocupante silencio. A pesar de la habilitación formal el 17 de marzo, una flota de aproximadamente 100 barcos permanece amarrada en los muelles, sumida en un conflicto multifacético que involucra reclamos al gobierno nacional, una intensa disputa salarial entre empresarios y trabajadores, y una creciente incertidumbre sobre el futuro del sector. Esta paralización no es simplemente una cuestión económica; representa una amenaza directa al sustento de miles de familias que dependen de la actividad pesquera, tanto directa como indirectamente. El presente artículo analiza en profundidad las causas de esta crisis, las posiciones enfrentadas de los actores involucrados y las posibles vías para encontrar una solución.
La Paralización de la Flota: Un Panorama General
La inusual inactividad de la flota langostinera, compuesta por barcos que emplean a 29 personas cada uno, impacta directamente a 2.900 trabajadores. A esto se suman los empleos indirectos generados en puertos, plantas procesadoras y servicios de apoyo, ampliando significativamente el alcance del problema. La situación contrasta fuertemente con el éxito de la temporada de pesca en aguas provinciales, donde se alcanzó una marca histórica de captura con más de 106.000 toneladas. Esta disparidad subraya la importancia de las condiciones económicas y regulatorias específicas que rigen la pesca en aguas nacionales.
El gobernador Ignacio “Nacho” Torres ha enfatizado la necesidad de una intervención urgente del gobierno nacional, destacando que el conflicto trasciende la mera actividad pesquera y afecta el bienestar de numerosas familias. La falta de respuesta a las demandas del sector ha exacerbado la tensión y ha llevado a una situación de estancamiento que amenaza con prolongarse indefinidamente. La inacción podría tener consecuencias devastadoras para las comunidades costeras que dependen del langostino como principal fuente de ingresos.
Las Retenciones: El Principal Reclamo de los Empresarios
El principal reclamo de los empresarios del sector se centra en la revisión de los derechos de exportación, comúnmente conocidos como retenciones. Argumentan que, al igual que otros sectores como el agropecuario y las economías regionales, la pesca debería ser considerada para una reducción o eliminación de estas cargas impositivas. Actualmente, el langostino congelado paga un impuesto del 6% sobre el precio de venta, lo que, según los empresarios, reduce significativamente su competitividad en el mercado internacional.
Raúl “Tato” Cereseto, un referente del sector, ha denunciado una “indiferencia y discriminación” por parte del gobierno nacional, señalando que la pesca ha sido excluida de las medidas de alivio fiscal otorgadas a otras actividades productivas. Cereseto describe la situación como una “tormenta perfecta” resultante de la combinación de los derechos de exportación, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias para el personal embarcado y el derrumbe de los precios internacionales. Esta combinación de factores ha creado un escenario insostenible para la industria pesquera.
El Impacto de los Costos Productivos y los Precios Internacionales
La rentabilidad de la pesca de langostino se ha visto gravemente afectada por el aumento de los costos productivos y la caída de los precios internacionales. Cereseto señala que el precio de venta de la tonelada de langostino oscila entre US$5.700 y US$6.000, mientras que el costo productivo se sitúa en US$6.700. Esta diferencia negativa hace que la actividad sea inviable económicamente, impidiendo que los barcos zarpen en busca de la captura.
La situación se agrava aún más por la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias para el personal embarcado, lo que ha incrementado la presión sobre la negociación paritaria. Los empresarios argumentan que no pueden absorber estos costos adicionales sin comprometer la viabilidad de sus empresas. La falta de una solución a estos problemas amenaza con llevar a la quiebra a muchas empresas pesqueras y con la pérdida de miles de empleos.
El Conflicto Salarial: Reclamos de los Trabajadores
Mientras los empresarios se quejan de los altos costos y la falta de rentabilidad, los trabajadores, representados por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), exigen el respeto del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). Las cámaras empresariales han propuesto una reducción del 30% en los valores de referencia del CCT, lo que generó una fuerte reacción por parte del sindicato.
Oscar Bravo, secretario general de la seccional Mar del Plata del SOMU, ha advertido que los trabajadores no están dispuestos a ser la “variable de ajuste”. El sindicato rechaza categóricamente la propuesta de reducción salarial, argumentando que el CCT ya establece un precio justo para la tonelada de langostino, que se utiliza como base para el cálculo de los haberes a la producción. Los trabajadores temen que la reducción del 30% impacte negativamente en sus salarios básicos y en su calidad de vida.
La Defensa del Convenio Colectivo de Trabajo
El SOMU ha emitido un comunicado en el que reafirma su compromiso con la defensa del CCT y advierte que no aceptará ninguna negociación que implique una reducción de los salarios. El sindicato argumenta que los trabajadores no están ganando “de más” y que nadie tiene “sobra” dinero, por lo que cualquier recorte salarial sería inaceptable. La postura firme del sindicato ha exacerbado la tensión con los empresarios y ha dificultado la búsqueda de una solución al conflicto.
La movilización de marineros en Puerto Madryn, reclamando el inicio de la temporada, es una muestra del descontento y la preocupación de los trabajadores. Llevan siete meses sin actividad y necesitan urgentemente volver a trabajar para poder mantener a sus familias. La falta de una solución al conflicto salarial amenaza con prolongar esta situación de incertidumbre y con generar un clima de conflictividad social.
“Nadie tiene la obligación de sacar los barcos para perder dinero” Fernando Álvarez, presidente de Conarpesa, resume la postura de los empresarios, enfatizando que no pueden obligar a los armadores a operar en condiciones económicas inviables. Esta declaración subraya la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses de los empresarios y los trabajadores para poder reactivar la actividad pesquera.
El Futuro de la Pesca de Langostino: Desafíos y Posibles Soluciones
La crisis actual de la pesca de langostino pone de manifiesto la necesidad de una revisión integral de las políticas económicas y regulatorias que afectan al sector. Es fundamental que el gobierno nacional intervenga de manera urgente para encontrar una solución que satisfaga las demandas de los empresarios y los trabajadores. La reducción o eliminación de las retenciones, la revisión de la exención del impuesto a las ganancias para el personal embarcado y la búsqueda de mecanismos para mejorar la competitividad de la industria pesquera son medidas que podrían contribuir a resolver la crisis.
Además, es importante promover el diálogo y la negociación entre los actores involucrados para llegar a un acuerdo que garantice la sostenibilidad de la actividad pesquera a largo plazo. La colaboración entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores es esencial para superar los desafíos actuales y para asegurar el futuro del sector. La pesca de langostino es una actividad económica vital para muchas comunidades costeras y su recuperación es fundamental para el desarrollo económico y social del país.
Artículos relacionados