Langostino Congelado: Cámaras Pesqueras Buscan Revisar Salarios por Crisis Económica
La industria pesquera argentina, pilar fundamental de la economía costera y fuente de empleo para miles de familias, se encuentra en una encrucijada. Las cámaras empresariales del sector, CAPIP, CAPECA y CEPA, han presentado una denuncia formal ante el Ministerio de Capital Humano, cuestionando la viabilidad de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) que rigen los salarios por producción de langostino congelado a bordo. Esta acción, acompañada de la reserva de recurrir a instancias judiciales superiores, pone de manifiesto una profunda crisis en el sector, derivada de la combinación de factores económicos globales y condiciones laborales preestablecidas. El conflicto se centra en la supuesta “excesiva onerosidad” de los CCT, que, según las empresas, no reflejan la realidad del mercado internacional y amenazan la sostenibilidad de la flota tangonera congeladora. Este artículo analizará en detalle los argumentos de las cámaras empresariales, las implicaciones de la denuncia, y el posible impacto en el futuro del sector pesquero argentino.
El Contexto Económico: Caída de Precios y Aumento de Costos
La base de la denuncia empresarial reside en un cambio drástico en el mercado del langostino congelado. Desde 2004, el precio internacional de la tonelada de langostino ha experimentado una caída significativa, pasando de u$s12.000 a u$s5.000. Esta reducción, combinada con la estabilidad relativa de los costos internos – combustible, mantenimiento, estiba, fletes y, crucialmente, costos laborales – ha generado una distorsión grave en la rentabilidad de las empresas. Las cámaras argumentan que los CCT actuales, que vinculan gran parte del salario de los marineros a la producción por tonelada, fueron negociados en un contexto económico diferente y ya no son compatibles con la realidad actual. El 85% del sueldo de los marineros se compone por tonelada producida, un sistema que, si bien incentivaba la productividad en tiempos de bonanza, ahora se traduce en una carga financiera insostenible para las empresas.
La situación se agrava por la creciente competencia en el mercado internacional, donde la oferta de langostino ha superado la demanda. Este panorama obliga a las empresas argentinas a operar con márgenes cada vez más estrechos, lo que dificulta la absorción de los altos costos laborales. Las cámaras señalan que los costos laborales representan un alto porcentaje del costo de producción total, con un 40% correspondiente a los marineros afiliados al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), y el resto distribuido entre cargas sociales y personal técnico. La combinación de estos factores ha llevado a una rentabilidad negativa que, según las empresas, supera el 16,5%, poniendo en riesgo la viabilidad de la actividad y el empleo asociado.
Los Convenios Colectivos de Trabajo en la Mira
La denuncia se centra específicamente en cuatro artículos de diferentes CCT: el 35 del CCT 486/07 bis, el 36 del CCT 729/15, el 32 del CCT 579/10 y el 32 del CCT 580/10, así como sus respectivos Anexos III. Estos artículos establecen los valores de referencia para la liquidación de la producción de langostino congelado a bordo, y son precisamente estos valores los que las cámaras consideran “excesivamente onerosos” en el contexto actual. Las empresas argumentan que estos valores, fijados en dólares, no se corresponden con los precios de venta del langostino en el mercado internacional, generando una distorsión que afecta la competitividad de la flota tangonera congeladora. La “excesiva onerosidad sobreviniente”, término técnico utilizado en la denuncia, se refiere a una situación en la que las obligaciones contractuales se vuelven excesivamente gravosas para una de las partes debido a circunstancias imprevistas y ajenas a su voluntad.
Las cámaras empresariales invocan el artículo 1091 del Código Civil argentino, que permite la revisión o resolución de un contrato cuando, por causas ajenas a las partes, su cumplimiento se vuelve excesivamente oneroso para una de ellas. Argumentan que la caída de los precios del langostino y el aumento de los costos internos constituyen causas ajenas que han frustrado el contrato, justificando la necesidad de una readecuación de los valores establecidos en los CCT. La solicitud de revisión no implica una pretensión de eliminar los salarios por producción, sino de ajustarlos a la realidad económica actual, buscando un esquema de remuneraciones que sea sostenible para las empresas y, al mismo tiempo, garantice un ingreso justo para los trabajadores.
La Propuesta de Readecuación y la Reserva de Acciones Judiciales
Ante esta situación, las cámaras empresariales proponen una readecuación de los valores de referencia para la liquidación de la producción, buscando que estos guarden una relación económica razonable con las circunstancias actuales del mercado. La propuesta implica establecer nuevos valores “sustentables” que permitan a las empresas operar en condiciones mínimamente viables, evitando la inactividad de buques y la pérdida de empleos. Las empresas enfatizan la importancia de mantener la sustentabilidad de la actividad pesquera para proteger el empleo y la producción, argumentando que la crisis actual amenaza la continuidad de una industria clave para la economía costera. La readecuación propuesta no busca reducir los salarios de los trabajadores, sino de ajustar el sistema de remuneración a la realidad económica, garantizando que las empresas puedan seguir operando y generando empleo.
Sin embargo, ante la incertidumbre sobre la respuesta del Ministerio de Capital Humano y la posibilidad de que la solución sea parcial o insatisfactoria, las cámaras se reservan el derecho de iniciar acciones judiciales. Además, han formulado una reserva de Caso Federal para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la crisis de precios y consumo impide el normal desarrollo de la actividad que reglamenta. Esta estrategia legal demuestra la determinación de las empresas de defender sus intereses y buscar una solución a la crisis, incluso si eso implica recurrir a instancias judiciales superiores. La reserva de acciones judiciales es una señal clara de que las cámaras empresariales están dispuestas a llevar el caso hasta las últimas consecuencias, buscando garantizar la viabilidad de la industria pesquera argentina.
Impacto en la Actividad Pesquera y el Empleo
La situación actual ya está teniendo un impacto negativo en la actividad pesquera argentina. Las empresas informan que varios buques de la flota congeladora permanecen inactivos debido a la falta de rentabilidad, lo que se traduce en la pérdida de empleos y la disminución de la producción. La inactividad de los buques no solo afecta a los marineros, sino también a otros trabajadores del sector, como personal de astilleros, proveedores de combustible y servicios portuarios. La crisis amenaza la continuidad de una industria que genera miles de empleos directos e indirectos en las provincias costeras, y que contribuye significativamente a la economía nacional. La falta de una solución a la crisis podría agravar la situación, llevando a un cierre masivo de empresas y a una pérdida aún mayor de empleos.
Las cámaras empresariales advierten que la situación es insostenible y que se requiere una adecuación urgente de los CCT para evitar un colapso de la industria. Argumentan que el esquema salarial actual no se ajustó al nuevo paradigma económico, donde el consumo internacional ha cambiado y la oferta ha superado la demanda. La falta de flexibilidad en los CCT impide a las empresas adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, poniendo en riesgo su supervivencia. La solución a la crisis requiere un diálogo constructivo entre las empresas, los sindicatos y el gobierno, buscando un acuerdo que sea justo para todas las partes y que garantice la sostenibilidad de la actividad pesquera argentina.
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