Lázaro Báez: Corte Suprema define condena por lavado de dinero K | Últimas noticias
La saga judicial de Lázaro Báez, figura central en el entramado de corrupción conocido como “La Ruta del Dinero K”, continúa su curso con la intervención de conjueces en la Corte Suprema de Justicia. Este caso, que desveló un complejo sistema de lavado de activos, ha mantenido en vilo a la opinión pública argentina durante años. La reciente designación de Mariano Lozano y Ramón González como conjueces busca desbloquear una decisión definitiva sobre la condena de Báez, tras un impasse en el máximo tribunal. El presente artículo analiza en profundidad los detalles de este proceso, desde sus orígenes en la financiera “La Rosadita” hasta las últimas decisiones judiciales, incluyendo el papel de figuras clave como Cristina Fernández de Kirchner y los argumentos que llevaron a la necesidad de la intervención de los conjueces.
El Origen de la Causa: “La Rosadita” y el Descubrimiento del Lavado de Dinero
El punto de partida de la investigación se remonta a 2013, cuando se hicieron públicas grabaciones provenientes de la financiera SGI, popularmente conocida como “La Rosadita”. Estas imágenes mostraban a Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, manipulando ingentes cantidades de dinero en efectivo. La escena, que rápidamente se viralizó, levantó sospechas sobre el origen y destino de estos fondos, dando inicio a una exhaustiva investigación que revelaría una sofisticada red de lavado de dinero. La financiera, ubicada en la calle Uruguay, se convirtió en el epicentro de un esquema que involucraba a funcionarios públicos, empresarios y abogados, todos conectados a través de una intrincada trama de operaciones financieras.
La investigación inicial se centró en determinar la procedencia del dinero que circulaba en “La Rosadita”. Se sospechaba que provenía de la corrupción en la obra pública, específicamente de contratos otorgados a empresas vinculadas a Báez durante los gobiernos kirchneristas. La financiera actuaba como un punto de encuentro donde se intercambiaban valijas repletas de billetes, presuntamente provenientes de sobornos y fondos ilícitos. La magnitud de las operaciones y la falta de justificación legal de los movimientos de dinero alertaron a las autoridades, quienes iniciaron una investigación formal para desentrañar el entramado de lavado de activos.
La complejidad de la investigación radicaba en la dificultad para rastrear el origen y destino final de los fondos. Báez y sus colaboradores habían utilizado una serie de empresas fantasma y cuentas bancarias en el extranjero para ocultar el rastro del dinero. La tarea de los investigadores se vio complicada por la falta de cooperación de algunos implicados y la destrucción de pruebas clave. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, se fueron descubriendo nuevos elementos que confirmaban la existencia de un esquema sistemático de lavado de dinero.
La Condena a Lázaro Báez y las Disputas Judiciales
En 2021, Lázaro Báez fue condenado a 12 años de prisión por lavado de activos, una sentencia que posteriormente fue reducida a 10 años por la Cámara de Casación. La condena se basó en la evidencia presentada por la fiscalía, que demostró que Báez había utilizado su empresa Austral Construcciones para obtener contratos de obra pública de manera irregular y luego lavar los fondos a través de “La Rosadita” y otras empresas vinculadas. La sentencia representó un hito en la lucha contra la corrupción en Argentina, pero también desató una serie de recursos judiciales presentados por la defensa de Báez.
La defensa de Báez argumentó que la condena se basaba en pruebas circunstanciales y que no se había demostrado de manera fehaciente el vínculo entre los fondos lavados y la corrupción en la obra pública. Además, cuestionaron la validez de las grabaciones de “La Rosadita”, alegando que habían sido obtenidas de manera ilegal. Estos argumentos fueron rechazados por la Cámara de Casación, que confirmó la condena a 10 años de prisión. Sin embargo, la defensa de Báez continuó apelando la sentencia, llegando finalmente a la Corte Suprema de Justicia.
En la Corte Suprema, la defensa de Báez presentó recursos de queja argumentando que se habían violado sus derechos a un juicio justo y a la defensa. Sin embargo, dos de los tres integrantes del tribunal, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, votaron a favor de rechazar estos recursos y mantener las condenas dictadas. La decisión de Rosatti y Lorenzetti parecía indicar que la Corte Suprema estaba dispuesta a poner fin a la larga saga judicial de Báez, pero la intervención del tercer integrante del tribunal, Carlos Rosenkrantz, complicó el panorama.
El Impasse en la Corte Suprema y la Designación de los Conjueces
Carlos Rosenkrantz, tercer integrante de la Corte Suprema, solicitó dar vista al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, antes de avanzar con una resolución definitiva. Esta solicitud generó un nuevo retraso en el proceso y evidenció la división interna en el máximo tribunal. La intervención del procurador general buscaba obtener una opinión imparcial sobre el caso y evitar posibles errores judiciales. Sin embargo, la demora en la respuesta del procurador general prolongó la incertidumbre sobre el futuro de la condena de Báez.
Ante la imposibilidad del tribunal de alcanzar la mayoría necesaria para tomar una decisión, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, impulsó la convocatoria de conjueces. Esta medida, prevista en la ley, busca resolver los casos en los que existe un empate en el tribunal. El sorteo de los conjueces se realizó el lunes, y los jueces elegidos fueron Mariano Lozano (Cámara Federal de General Roca) y Ramón González (Cámara Federal de Corrientes). Como suplentes, quedaron designados Jorge Di Lorenzo (La Plata) y Guillermo Antelo (Civil y Comercial Federal).
La designación de los conjueces representa un paso crucial en la resolución del caso Báez. Lozano y González deberán analizar las pruebas presentadas y emitir su voto para desempatar la decisión del tribunal. La expectativa es que la intervención de los conjueces permita poner fin a la larga saga judicial y garantizar que se haga justicia en este caso de corrupción de gran resonancia. La opinión pública observa con atención el desarrollo de este proceso, esperando una resolución definitiva que contribuya a fortalecer la lucha contra la impunidad.
El Papel de Cristina Fernández de Kirchner en la Investigación
La investigación de “La Ruta del Dinero K” también involucró a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien fue acusada de ser la principal beneficiaria del esquema de lavado de activos. Sin embargo, su situación judicial ha sido compleja y ha estado marcada por altibajos. En un primer momento, la ex presidenta fue sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello debido a la falta de pruebas en su contra. El fiscal Guillermo Marijuán, respaldado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), concluyó que no existían elementos suficientes para procesarla.
Sin embargo, la Cámara Federal revocó el sobreseimiento y ordenó continuar con la investigación, señalando que aún era necesario analizar pruebas adicionales. Esta decisión fue apelada por la defensa de Fernández de Kirchner, quien argumentó que la investigación estaba motivada por razones políticas. La Corte Suprema de Justicia finalmente dejó firme la decisión de la Cámara Federal, permitiendo que la causa siga su curso. Esto significa que la ex presidenta aún enfrenta una investigación judicial, aunque no haya sido formalmente acusada de ningún delito.
La participación de Fernández de Kirchner en la investigación ha generado un intenso debate político y mediático. Sus seguidores denuncian una persecución política en su contra, mientras que sus detractores exigen que se investigue a fondo su presunta participación en el esquema de lavado de activos. La resolución final de este caso tendrá importantes implicaciones políticas y judiciales, y podría afectar el futuro de la ex presidenta.
Artículos relacionados